La subyacente crisis energética Argentina

El tema es de muy fácil comprensión, con solo evaluar detenidamente un conjunto de datos claves, cuyas proyecciones a corto, mediano y largo plazo muestran un panorama signado por la escasez de combustibles y de energía eléctrica, con sus lógicas secuelas de problemas en el transporte automotor, cortes de energía, falta de potencia firme para las industrias, etc.

En el Sector Eléctrico ya estamos escasos de Potencia Instalada, o sea que el tema no se soluciona inyectando más gas natural o más petróleo: ¡faltan máquinas generadoras!
Carencias como las descriptas resultan inconcebibles en el contexto de una nación organizada, con adecuada planificación a mediano y largo plazo; y con Políticas de Estado que se continúan ejecutando sin discontinuidades y sin cambios drásticos, más allá de los naturales recambios políticos.

Sin necesidad de fijarnos en los ejemplos del denominado Primer Mundo –en los que esas premisas básicas de gobierno se cumplen con pocas excepciones-, lo mismo ocurre en países con clara vocación de grandeza, como es el caso de nuestro vecino Brasil; donde, no obstante el profundo cambio político que significó el traspaso del poder entre Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio “Lula” Da Silva, los grandes lineamientos de acción se han conservado, los que están convirtiendo a ese país en una potencia mundial emergente y con sólida base de sustentación.

En Argentina hemos pasado por políticas pendulares, en general enfocadas al cortoplacismo, o a satisfacer las apetencias y desmedidas voracidades de determinados grupos de poder económico dominantes, o con claras preeminencias en sectores claves de decisión (como ocurrió a partir de la imposición del modelo socio económico neoliberal, desde 1976).

Ejemplo de la pendularidad ha sido –después de décadas de políticas estatistas (con diversos enfoques), que por cierto hasta 1976 dieron mucho mejores y más sólidos resultados socioeconómicos que los posteriores- seguido ello por el salto al vacío de la política energética ultra privatista y con fuerte preponderancia termoeléctrica –en claro detrimento del sector hidroeléctrico y del Plan Nuclear Nacional- implementado a partir de la dupla Menem – Dromi, y claramente acentuada a partir del accionar de la dupla Cavallo – Bastos; en un largo interregno que abarcó desde 1989 hasta la ya mencionada crisis del 2001; pero que ya había sido “convenientemente preparado” desde la gestión de Martínez de Hoz y sucesores, comenzada en 1976.

Si bien esa política con fuerte acento en la generación eléctrica basada en el gas natural, incrementó sustancialmente el parque total de generación eléctrica y en algún momento puntual logró reducir los costos operativos de generación, al incorporar equipos termoeléctricos de última generación, dejando como “reserva fría” al muy obsoleto 40 % del parque de generación térmica existente a fines de los ’90; tuvo varias consecuencias sumamente negativas, las cuales estamos padeciendo a partir de la implementación de dichas políticas, las cuales en sus aspectos esenciales aún no se han modificado.
Entre la sumatoria de efectos negativos del “neoliberalismo salvaje”, deben computarse:

• Las privatizaciones (eufemismo que en realidad significó las extranjerizaciones de todo el conjunto de las otrora importantes
  Empresas Del Estado), con la total pérdida del manejo por parte del Estado Argentino de sectores con alta importancia estratégica (como lo es todo el Sector Energético).
• La absoluta falta de control real sobre las exportaciones de hidrocarburos, tanto de las divisas que genera la actividad (que incluso en su mayor parte ni siquiera ingresan a nuestro país) así como de los volúmenes reales de petróleo y gas enviados al exterior.
• Una abusiva política de “ordeñe” desmesurado de las reservas de petróleo y gas trabajosamente conseguidas por la YPF estatal, en base a costosas operaciones de exploración, financiadas en su momento con fondos del Estado Argentino (de Nuestro Estado), sin inversiones en exploración.
• El desguace absurdo e irracional de entes de gran importancia técnica y estratégica, como entre otros fue en el Sector Energético, Agua y Energía Eléctrica; y el achicamiento casi total de la Secretaría de Energía, hoy carente casi por completo de la “masa crítica” mínima imprescindible de profesionales calificados, por lo que en los hechos es un ente anodino, incapaz de desarrollar eficazmente sus importantes funciones de planificación y de contralor de todo el Sector.
• El abrupto cese de las tareas de aforamientos (mediciones) de caudales de ríos en todo el país, cortándose series de datos diarios comenzados en la segunda mitad de la década del ’40.
• La falta total de tareas de planificación, elevándose a la categoría de “dogma sacrosanto” la falsedad neoliberal que supone que “la mano del mercado todo lo soluciona”.
• El brutal “parate” del Plan Hidroeléctrico Nacional y del Plan Atómico Nacional, con el agravante del despilfarro de valiosos estudios técnicos de numerosos proyectos hidroeléctricos
• La creciente dependencia de la matriz energética argentina respecto a los hidrocarburos, dilatándose o anulándose –según el caso- las políticas alternativas de producción de energía a partir de fuentes renovables (como la hidroeléctrica y los biocombustibles) o de gran confiabilidad técnica (como la nuclear).

En ese contexto, las fuertes inversiones privadas (mayoritariamente extranjeras) en ciclos combinados y turbinas de gas alimentados con gas natural, fueron impulsados por una maraña normativa, la cual en los hechos priorizó la generación térmica convencional, sobre las otras alternativas existentes.

Mirado con un criterio cortoplacista, los analistas superficiales de siempre –expertos en sembrar verdades a medias, inexactitudes y falsedades; afirmaron exultantes que Argentina alcanzó el status de fuerte exportador de electricidad, basando esas ligeras afirmaciones en el superávit de potencia instalada que existía entre mediados y fines de los años ’90. pero por supuesto, para llegar a esas erróneas conclusiones, se omitió analizar con el detenimiento necesario, las proyecciones de las curvas del consumo eléctrico nacional, y de las reservas de petróleo y gas; así como considerar alguna política efectiva que ampliara la cobertura territorial y poblacional de la red de gasoductos y de la red de transmisión de electricidad.

El desbarranque del modelo neoliberal trajo entre otras consecuencias un freno total de las inversiones en nuevas usinas eléctricas y una carencia de inversiones en gasoductos destinados al mercado argentino.

En ese contexto general, por supuesto se omitió tan siquiera evaluar que las necesidades energéticas argentinas crecen en forma acentuada y exponencial, aún en épocas de severo retroceso socio económico, como los años que desembocaron en el desorden general del año 2001. En energía eléctrica, la demanda aproximadamente se duplica cada diez años.

Hace casi seis años que prácticamente no se instala ninguna usina eléctrica nueva en el país, mientras la demanda sigue creciendo, aumentada por la notable reactivación económica que ya cumplió cuatro años ininterrumpidos con altas tasas anuales.

Hoy el sistema eléctrico argentino está operando casi al límite de su capacidad real instalada, mientras que las decisiones de comenzar las instalaciones de nuevas usinas siguen demorándose a un ritmo prácticamente exasperante, no obstante que la dirección enunciada de las inversiones programadas parece en líneas generales muy correcta. En el Subsector Eléctrico, las previsiones oficiales de incorporar 1.000 MW por año son muy ajustadas, y tampoco consideran el incremento exponencial del consumo; ¡Pero no se están haciendo!

En verano del 2006 o a lo sumo en el 2007, es previsible que la demanda supero la capacidad real instalada, lo cual se agravará si se tratara de un año de baja hidraulicidad, o si sucedieran roturas imprevistas en algún equipo generador de gran potencia.

El caso es que ya no existe posibilidad material para instalar nuevas usinas a tiempo, considerando que una termoeléctrica demanda entre dos a tres años, Atucha 2 tardará cuatro años en ser terminada, y cualquiera de las grandes hidroeléctricas demandará una década de estudios finales, del proceso licitatorio y de trabajo efectivo, como mínimo.

Pero también ya deben preverse las obras para cubrir las nuevas demandas a una y dos décadas vista, por lo menos. En caso contrario, caeremos en un irreversible proceso económico recesivo, con la consecuente agitación social, que nadie desea.

Es un cuadro de situación muy delicado, del cual ya había anticipado su desencadenamiento en anteriores trabajos de investigación, hace más de un quinquenio, y en particular –con toda crudeza- en un extenso informe del año 2003, que entre otros medios, fue difundido en el Boletín Nº 12 de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Cada día que transcurre sin adoptar las decisiones imprescindibles, se agrava la pesada carga de la herencia negativa del cuarto de siglo neoliberal. Es hora de patriotismo, creatividad y acción. ¡Argentinos, a las cosas!