La “causa” de las papeleras

En la protesta del 29 del mes último, ambientalistas gualeguaychuenses hicieron oír su voz del otro lado del río: “La Argentina dice afuera Botnia y afuera Finlandia, terroristas del medio ambiente. ¡Están inaugurando un puerto ilegal!”. No es inusitado que un grupo identifique su interés como el interés del conjunto de la Nación ni que aspire a convencer a todos sus connacionales de esta perfecta identidad. Si se trata de un conflicto que involucra a otro país, echar mano del “recurso de arrogación” suele ser aún más eficaz. Y si el interés grupal puede ser inscripto como la defensa de un valor universal –el medio ambiente sano–, la arrogación es más sencilla aún, sea esa inscripción fundada o arbitraria.

Habituados a esas prácticas, cuestionarlas resulta más arduo que remar contra la corriente en las suaves aguas del río Uruguay. En la lógica de hierro de la arrogación, cualquier defensor de una posición diferente se opone al interés de la Nación. No es inquietante si la arrogación es bandera, solamente, de un grupo reducido, por intenso que sea su activismo y por enfáticas que sean sus posiciones. Pero si la demanda es levantada por políticos y poderes públicos ya es otro cantar. Los defensores de posiciones distintas deben atreverse a alzar su voz contra lo que es postulado desde el Estado y por representantes del pueblo como una causa nacional.

Pero las operaciones políticas de configuración de un interés nacional son cada vez más costosas para las comunidades nacionales que las sostienen. Eso se percibe dolorosamente en las presentes circunstancias.

Los intentos del gobierno argentino de convertir la postura del vecinalismo en causa nacional no tuvieron éxito. No se logró, afortunadamente, ese objetivo de este lado del río, pero sí van camino de conseguirlo del otro lado, sí han envenenado mucho los vínculos argentino-uruguayos, sí han contribuido a erosionar la precaria integración.

Los principales daños no son los de corto plazo: impacto económico y social de los bloqueos contra uruguayos y argentinos, persistencia de un clima absurdamente enardecido en las relaciones bilaterales, pérdida de oportunidades de emprendimientos conjuntos muy convenientes. Los peores daños potenciales residen en los peligros de largo plazo: desaprovechamiento definitivo de las ganancias de escala que acarrearía la cooperación ambiental, económica y comercial en el sector productivo forestal-papelero; creación de un diferendo político y diplomático crónico, que llena las relaciones argentino-uruguayas de mutua desconfianza; incidencia del conflicto en un eventual proceso de disgregación del Mercosur. Y el peor de todos: que por primera vez un conflicto entre uruguayos y argentinos adquiere encarnadura social y cultural, convertido en una “causa nacional” que intoxica a jóvenes generaciones y proporciona alimento nuevo a los sempiternos nacionalismos.

Todavía no es demasiado tarde para evitar estas catástrofes, pero no queda mucho tiempo, y parte de ese tiempo se disipará pronto, ya que nada cabe esperar del gobierno argentino antes de la sucesión presidencial. Nuestra convicción confiere a este artículo su principal sentido: una solución cooperativa y colectivamente beneficiosa del conflicto requiere liderazgo político que no encontraremos si lo esperamos sentados; hay que crear las condiciones para su surgimiento mediante un intenso debate político y cultural.

Que no será fácil, porque la cultura se conjuga con rasgos institucionales. El sistema presidencialista hace de una misma figura jefe del Estado y del gobierno, y parece muy natural que esa figura identifique el interés nacional, se haga cargo de él y lo convierta en una “causa”. Con todo, este triste episodio proporciona una buena oportunidad para poner en tela de juicio estas pautas típicas, porque los costos del camino elegido en el diferendo son ya tan conspicuamente elevados que han abierto una brecha potencial en la muralla del nacionalismo cultural y político. La sinergia entre una opinión pública más activa y liderazgos políticos más osados es una condición necesaria para la solución del intríngulis.

La reversión de la espiral negativa radica hoy en mayor medida en lo que podamos hacer los argentinos. Y al ganador de las presidenciales de octubre deberá esperarle la tarea de desmontar el conflicto.

Algunos puntos son ilustrativos de un resultado óptimo y de los grandes problemas de viabilidad política que cualquier solución conlleva:

• La Argentina asume que, a la luz de todas las informaciones serias con que se cuenta, puede confiar en que la planta de Botnia operará con las mejores tecnologías disponibles en términos medioambientales. La Argentina y Uruguay asumen conjuntamente que la validez de lo anterior descansa taxativamente en activos controles sobre la operación permanente de las plantas. La Argentina acepta, a partir de los compromisos medioambientales fijados, la reiterada invitación uruguaya a institucionalizar un monitoreo conjunto.
• La Argentina y Uruguay impulsan una iniciativa común, en el ámbito del Mercosur, para encarar la sostenibilidad productiva y ambiental de los sectores forestal y papelero, fijando estándares exigentes y tiempos de adopción, por parte de los productores rezagados, de las mejores tecnologías disponibles. Asimismo, impulsan la discusión de un diseño institucional con competencias transferidas a un nivel regional supranacional, que no impida las decisiones, pero que incentive comportamientos cooperativos.
• Ambos gobiernos, invitando al resto de los países de la región, convocan a los sectores empresariales forestales y papeleros, locales o extrarregionales, con disposición inversora, a fijar políticas de desarrollo de un cluster que maximice las ganancias de escala, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones, y minimice los efectos ambientales negativos.
• La empresa Botnia, y ambos gobiernos, asumen los costos económicos de la creación de una intervención paisajística de gran escala, barrera verde que eliminaría la visibilidad de la planta de Fray Bentos.
• Uruguay absorbe los costos económicos y sociales causados por los ilegales bloqueos de rutas y puentes internacionales por parte del activismo vecinal argentino. Y la Argentina asume que Uruguay ha absorbido esos costos. Es importante conferirles la visibilidad pública necesaria, porque el compromiso uruguayo de absorber los costos debe ser parte de los beneficios para la Argentina, que impiden un resultado de suma cero.
• Las fuerzas vecinales activas en Entre Ríos levantan definitivamente las medidas de acción directa. Se discute, asimismo, la creación de instancias de participación de vecinos de ambas márgenes del Uruguay en los mecanismos institucionales de control y en las políticas de regulación de las actividades forestales y papeleras en el Mercosur.
• El gobierno argentino retira la demanda contra Uruguay en La Haya por la hipotética violación oriental del Estatuto del Río Uruguay.

Soñar no cuesta nada, pensarán los lectores mejor dispuestos. Los peor dispuestos, argentinos o uruguayos, tal vez se indignen con estas propuestas. Justamente, soñar un escenario óptimo pone de manifiesto cuáles son los obstáculos que se le interponen y qué podría hacerse para conferirle mayor viabilidad.

Por: Vicente Palermo y Carlos Reboratti
Palermo y Reboratti son compiladores del libro Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos (Edhasa, 2007).

Fuente: La Nación

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