Año 2012 – Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Parte 1

¿El futuro que queremos?

I. Contexto

El 2012 nos muestra una agenda y negociaciones casi paralizadas en el marco internacional y una realidad en nuestro país muy lejana a las necesidades de desarrollo sustentable. Los espacios de discusión internacional presentan una preponderancia de los enfoques economicistas (del G20, el G8 y la Organización Mundial de Comercio), ya que los temas ambientales y de desarrollo (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación) se vienen debilitando cada vez más y no advierten un compromiso real, que es el que debería existir hacia Río + 20 a realizarse en junio próximo.

En el plano regional y nacional, el modelo imperante es altamente extractivo, con una marcada concentración de la tierra y una presión cada vez más creciente sobre los recursos naturales. La conjugación de las dificultades internacionales, regionales y nacionales elevan el cambio global que se traduce en una sobredemanda a los ecosistemas, mayor de la que pueden soportar, lo que trae como consecuencia su degradación acelerada y exponencial. Por otro lado prima en nuestra historia una preponderancia del mercado como regulador de las actividades en los diferentes territorios por sobre un ordenamiento ambiental del territorio como herramienta pública con participación ciudadana, lo cual contribuye a que la presión sobre los recursos naturales sea mayor y que la conflictividad aumente.

Sin embargo, por otro lado comienzan a crecer las inversiones de impacto, que bregan por otra lógica del desarrollo, y buscan generar cambios e implementar soluciones a través de la remediación tanto social como ambiental¹. En la esfera global nuestro país, al igual que la gran mayoría de Latinoamérica, posee una ventaja competitiva dada por la riqueza de los propios ecosistemas que requieren ser defendidos adecuadamente.

En el plano político argentino, la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires nos presentan una tendencia de partidos predominantes y sin una oposición articulada. Esta situación contribuye a desbalancear el juego de los pesos y contrapesos y el control de transparencia de la gestión que debería darse al menos entre los organismos ejecutivos y legislativos, es por ello que la Justicia asume un papel fundamental en este marco.

No obstante ello, dado que estamos iniciando una nueva etapa de mandatos ejecutivos, en la medida que las autoridades sean receptivas, esta podría ser una oportunidad para transversalizar el eje ambiental y de la sustentabilidad e incorporar cambios en las agendas gubernamentales actuales que puedan traducirse en políticas de Estado.

Por otra parte, resulta clave que el activo rol demostrado por la Corte Suprema de Justicia como control de importancia en la causas Riachuelo, por desmontes en Salta y en materia de Litio y comunidades en la Puna, se traslade también a otras causas, como por ejemplo la lucha por la implementación de la Ley de Glaciares.

Asimismo, existe un mayor interés y acción social en vinculación a la ciudadanía ambiental y al consumo responsable a nivel local, que es necesario que crezca para asumir también un mayor rol a nivel nacional. En el plano de la participación, si bien la misma ha hecho posible hitos tales como las leyes de bosques, glaciares, la causa Riachuelo y el anuncio de expropiación para la creación del Parque La Fidelidad, nos encontramos también con ciertas limitaciones. Estas limitaciones están dadas por la criminalización de la protesta social, cristalizada en la sanción de la ley antiterrorista pasible de actuar en detrimento de la manifestación de los sectores más vulnerables, como así también la deficiente cultura democrática participativa de nuestras instituciones para la toma de decisiones, que entienden en varios casos que si la organizaciones sociales no representan votos entonces no vale la pena que actúen.

La Ley General del Ambiente (LGA), una excelente herramienta de la política ambiental de nuestro país, cumple 10 años. La misma ha sido inspiradora y un pivot de gran importancia para la implementación de los principios de la política ambiental, la interpretación del sistema normativo sobre ambiente y recursos naturales, la defensa de las herramientas estratégicas (Evaluación de Impacto Ambiental y Ordenamiento Ambiental del Territorio), del acceso a la información pública y la participación ciudadana, y del acceso a la justicia y las acciones por daño ambiental.

Sin ir más lejos, los casos Riachuelo, de desmonte en Salta y de litio en la Puna que mencionamos previamente, tienen un importante anclaje en la LGA. No obstante ello, debemos seguir bregando por su implementación cabal. Por ejemplo, un requerimiento fundamental de la misma, cual es el Informe Ambiental que debe presentar anualmente el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso, aún no se ha concretado.

A esta situación se suman déficits en relación a la implementación de la legislación ambiental. Del análisis y seguimiento que desde FARN venimos realizando en materia de indicadores podemos concluir que el marco de implementación es débil, pero que no obstante ello, en el último año han existido avances en casos concretos que convergen en características comunes. Dichas condiciones son una demanda social fuerte y sostenida en relación a un tema ambiental puntual, cierto nivel de repercusión en la prensa y en la opinión pública en general, y el involucramiento de algunos organismos y actores estatales comprometidos en abordar y solucionar estos temas². Asimismo, en materia de acceso a la información pública ambiental, nos encontramos con un mayor avance cuando se cuenta con mayor plafón legislativo en la materia y con mayores prácticas de requerimiento de información³. El reflejo en los medios gráficos de los temas ambientales se ha mantenido durante el 2011, aún cuando se ha tratado de un año electoral, y han crecido las columnas editoriales sobre la temática, no obstante, sigue primando la noticia catástrofe por sobre un tratamiento permanente y transversal⁴.

La construcción de información e indicadores para una mejor participación y control de las cuestiones públicas ambientales es clave en este contexto y contribuye a la idea de Gobierno Abierto. Necesitamos contar con información mejor, sistematizada y organizada para poder participar en las decisiones.

Por esa causa el seguimiento de indicadores desarrollado en este informe continuará en los años subsiguientes, también el impulso que estamos dando a la construcción de indicadores y escenarios en el tema energético⁵ y el lanzamiento y coordinación del sitio Que Pasa Riachuelo⁶.

Democratizar la información es basal para democratizar las decisiones ambientales, y esto es fundamental para que podamos decidir acerca de nuestro presente y futuro de manera responsable y sustentable.

II. Nuestra biodiversidad ¿bendición o maldición?

Nuestro país tiene una relación pendular entre la bendición y la maldición de contar con tanta riqueza natural. Existe la tendencia muy tentadora y cortoplacista de elegir opciones de extracción de los recursos por sobre formas de desarrollo más sustentables⁷.

En ese sentido, las tensiones sobre los recursos naturales y el uso de la tierra son constantes, veamos una serie de ejemplos:

• En materia de bosques nativos, el presupuesto nacional aún no es el indicado y necesario para respaldar una adecuada ejecución de la norma.
• La Ley de Glaciares, un hito legislativo del 2010, todavía no puede ser ejecutada cabalmente porque las áreas prioritarias, zonas críticas donde hoy se están realizando actividades (como la minera) que afectan a estas vitales masas de agua, no fueron definidas por las autoridades del gobierno nacional, habiendo vencido largamente el plazo para hacerlo.
• El Plan Energético Nacional al 2030 continúa siendo una incógnita para la comunidad, ya que aún no ha sido presentado ni discutido participativamente.
• El Plan Estratégico Agroalimentario plantea metas de extensión de la frontera agropecuaria sin señalar de donde provendrán las nuevas hectáreas destinadas a tal efecto y si el bosque nativo seguirá siendo sacrificado como otrora.
• La actividad extractiva continúa y acusa una elevada conflictividad con una marcada oposición a la mega minería de comunidades, tal como la manifestada en Famatina, ello se debe a que no se ha dado una discusión estratégica fundamental, ¿qué tipo de desarrollo queremos?, ¿cómo se enmarca el desarrollo minero en dicha planificación estratégica y qué tipo de minería, en su caso, queremos llevar a cabo en el país?
• El colapso de la merluza es una realidad que también enfrentamos y que denota la falta de implementación de las herramientas de sustentabilidad a la actividad pesquera.
• Las dificultades para plantear políticas de revalorización de residuos nos enfrentan con la falta de decisión política y comunitaria que demuestra una crisis del creciente consumo, la necesidad de asumir la responsabilidad de quienes generan y venden los productos, la responsabilidad de la población por asumir conductas de menor generación, separación en origen y de consumo responsable, y de las autoridades para cumplir con la legislación en la materia. Los recuperadores urbanos han asumido un rol importantísimo en materia ambiental y social, y aún no son respaldados como debieran.
• Las comunidades originarias y campesinas continúan siendo la última preocupación para las autoridades y para el sistema⁸.
• Las disputas por la tierra continúan siendo protagonistas del horror, y han arrojado la muerte de tres miembros de la comunidad Qom en Formosa y un asesinato a un campesino en Santiago del Estero⁹.

En este sentido, en la mayoría de los problemas referenciados nos encontramos con una puja en vinculación al uso de la tierra y su proyección, que debería ser abordada mediante una iniciativa integral de Ordenamiento Ambiental del Territorio, control de uso de la tierra tanto para nacionales como para extranjeros y de análisis estratégico de las políticas públicas con participación ciudadana y con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

III. ¿Cómo construir hacia y desde Rio + 20?

La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Rio + 20) a realizarse en junio del 2012 en la ciudad de Río de Janeiro es convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y marca el 20° aniversario de la Cumbre sobre Ambiente y Desarrollo realizada en la misma ciudad en 1992. S u objetivo es obtener un compromiso político renovado a favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances logrados hasta el momento y las lagunas y problemas que aún persisten en alcanzar los objetivos acordados en las distintas cumbres internacionales previas, como así también hacer frente a nuevas dificultades y problemáticas que están surgiendo10.

Las primeras movidas ambientales internacionales con una mirada integradora comenzaron en el año 1972, ya hace 40 años con la Cumbre celebrada en Estocolmo. En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de Río 92, la cual trajo de la mano principios fundamentales para cambiar las cosas, como la Prevención, la Precaución, la Participación Ciudadana, la Sustentabilidad, la Responsabilidad común pero diferenciada de los países.11 No obstante, los resultados de su puesta en marcha aún son insuficientes.

Se avanzó en reconocimientos a nivel normativo e institucional, pero el punto flaco es la implementación¹². Frente a esta situación un debate que se está dando es qué volumen de problemas concretos vamos a transferirle a nuestros descendientes, porque inevitablemente lo que no se implementa hoy repercute en el presente y en el futuro. De allí la necesidad de valorar los principios ya alcanzados y ligarlos a otro que resulta muy necesario sumar, cual es el de No regresión, no dar marcha atrás en los logros de protección ya alcanzados considerando que sino dicho volumen de transferencia va a ser mayor y más difícil de solucionar¹³.

Asimismo, surgen diversas preguntas en un momento de profundas transformaciones cuando se están superando los límites biofísicos del planeta, con un cambio climático y global creciente, en una crisis económica, con un incremento de la relevancia de las economías emergentes.

¿Nos estamos acostumbrando a vivir peor para consumir más? ¿O peor aún, nos estamos acostumbrando a vivir peor para que un sector de la población consuma más? ¿Queremos que nuestras sociedades “en desarrollo” crezcan de esa forma o de otra manera?

La economía verde debería plantearse como unificadora de la equidad, el desarrollo social y ambiental y allí nos encontramos con la necesidad de contar con incentivos a nivel internacional, regional y nacional que respalden las inversiones de impacto como formas de economía revolucionarias del sistema imperante, las mismas justamente persiguen aunar conceptos que tradicionalmente han sido antagónicos y que no deberían serlo, como la conservación y el desarrollo.

No es casual que el concepto de economía verde en el marco de la lucha contra la pobreza y el desarrollo sustentable, sea un aspecto de importancia en Río + 20 y que ofrezca tanta discusión y diferencias entre los países de distintas regiones. Se trata de un inmenso reto que no debe servir para amparar situaciones de inequidad global y local, sino por el contrario, debe ser una oportunidad de cambio hacia la sustentabilidad.

En este sentido, es fundamental que en las discusiones internacionales, Latinoamérica y Argentina actúen en pos de la protección de sus riquezas naturales y la sustentabilidad, esto quiere decir actuar activamente, con liderazgo político y no reactivamente. Requiere justamente llevar al tablero internacional una visión de desarrollo inclusiva y superadora.
Por ejemplo, discutir activamente la forma en que se está planteando la medición de la huella de carbono de manera tal que la misma no solo no sea una barrera paraarancelaria sino que opere como un instrumento justo que apunte a ligar el consumo con la economía en el marco del desarrollo sustentable para que nuestras economías tiendan a la sustentabilidad y puedan valorarse internacionalmente¹⁴. Asimismo, pasar de la economía de escala al respaldo de cuestiones muy concretas como los emprendimientos de impacto y de restauración de ecosistemas, mediante la creación de clusters nacionales y regionales por ejemplo en materia de producción sustentable, alimentos, comunicando una nueva visión que presente al fin y al cabo una alternativa a un modelo insustentable y extractivo imperante.

La valoración de los servicios ecosistémicos cobra relevancia en este sentido, y se vincula básicamente a brindar valor económico a aquellos servicios de la naturaleza que tradicionalmente fueron considerados como bienes gratuitos pero que hacen al corazón del equilibrio natural, del desarrollo de actividades y asimismo de emprendimientos¹⁵. Por esta causa es fundamental que las autoridades respalden este tipo de herramientas y que promuevan mapeos de servicios ecosistémicos que permitan a la sociedad en su conjunto y a los inversores conocer las posibilidades de desarrollo ligadas a los mismos, y labrar escenarios para poder analizar las opciones más sustentables de actividades. La ecuación debería ser analizada con herramientas que permitan brindar factibilidades y escenarios para conocer qué pasaría si continúa el curso actual de las actividades o si se opta por diversas alternativas que apunten a una mejor valoración de los servicios identificados. Se trata al fin y al cabo de dotar al sector público, privado y a la comunidad de herramientas que permitan hacer que las decisiones que se tomen en relación al desarrollo y las inversiones sean analizadas y reflexionadas por la sociedad en su conjunto.

Asimismo, este proceso de cambio debería comprender dinámicas democráticas e inclusivas incorporando a aquellos excluidos a través de un proceso participativo que contemple los aspectos sociales en vinculación con lo ambiental y lo económico¹⁶. De allí la importancia de ligar las economías con las instituciones en un marco de solidez estratégica. Pensemos que estamos ante una realidad en la cual las instituciones deben ser fuertes para hacer frente a la presión existente porque sino se pierden recursos muy valiosos en materia económica, se pierden ecosistemas cruciales en materia ambiental, y en materia social se pierde el respeto a la equidad de las personas y las comunidades y sus derechos humanos fundamentales.

La clave parecería ser poder construir las decisiones en forma diferente a como hemos estado acostumbrados en nuestro país y en el mundo, y este es el mayor desafío. Instituciones sólidas, una economía no solo económica sino también ambiental y social, y un país y su comunidad decidiendo participativamente como quieren desarrollarse, analizando estratégicamente lo más conveniente, respetando sus derechos esenciales, para lograr que no exista pobreza coyuntural ni estructural y que los recursos naturales y nuestro ambiente sean verdaderamente una bendición y no una maldición.

Referencias

1 Ver Carles, M. (2012) “Finanzas Verdes”. Revista Ecosistema Año 2 Nro. 12. Luzuriaga, D. (2010) “Negocios Verdes” en Informe Ambiental Anual FARN 2010.
2 Para más información ver Ryan, D. (2012). “Análisis de Indicadores FARN: un aporte para la evaluación de la institucionalidad ambiental argentina”. En este Informe.
3 Para más información ver Marchegiani, P. (2012) “El Acceso a la información Pública Ambiental como herramienta clave para medir el cumplimiento de las normas ambientales”. En este Informe.
4 Para más información ver Sangalli, F. (2012) “Seguimiento de los temas ambientales en los medios gráficos. Avances y retrocesos”. En este informe.
5 Para más información ver Villalonga, J. (2012) “Energía: Presente y Futuro”. En este informe. Di Paola, M. M. y Rodriguez, D. (2012) “Crisis energética e Instituciones financieras internacionales”. En este Informe.
6 Para más información ver Nápoli, A. (2012) “Ampliando los límites del acceso a la información”. En este informe.
7 La teoría de la “Maldición de los recursos naturales” hace referencia a aquellos países pobres con rentas importantes sobre sus recursos naturales e institucionalidad debilitada que se cuentan con estas riquezas que hacen que muchas veces prime el corto plazo extractivo por sobre el mediano y largo plazo sustentable. Para más información ver: http://www.cep.org.ar/2007/la-maldicionde-los-recursos-naturales/
8 Para más información ver “Informe Alternativo para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (2011) realizado por organizaciones de la sociedad civil para el 47º Período de sesiones / Evaluación sobre Argentina. Disponible en: http://www.farn.org.ar/newsite/wpcontent/uploads/2011/11/cdesc47.pdf
9 Para más información puede visitar los comunicados de la FARN al respecto: Comunicado: Comunidad Qom – Formosa. http://www.farn.org.ar/archives/164 F ARN repudia el asesinato de un campesino en Santiago del Estero: http://www.farn.org.ar/archives/12511
10 Para más información ver Acuña, G. (2012) “La Conferencia de Río + 20 y el Principio 10 (derechos de acceso): ¿Hacia un acuerdo regional?.” En este Informe.
11 Entre los principios mencionados podemos considerar los siguientes que surgen de la Declaración de Rio 92: PRINCIPIO 7 RESPONSABLIDADES COMUNES PERO DIFERENCIADAS
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.
PRINCIPIO 10 DE ACCESOS
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
PRINCIPIO 15 PRINCIPIO PRECAUTORIO
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
12 Para más información ver Engfeldt, Lard-Göran (2009) “From Stockholm to Johannesburg and beyond”. Publicación de la Embajada de Suecia.
13 Para más información ver Sozzo, G. (2011) “El principio de no regresión del derecho ambiental en el camino de la Conferencia de Rio + 20”. Berros, Valeria & Sozzo, Gonzalo. Construyendo el principio de no regresión en el derecho argentino, Doctrina en Abeledo Perrot.
14 Para más información ver Aguilar, S. (2012) “La huella de carbono y el comercio internacional: Desafíos para América Latina”. En este informe.
El concepto de huella de carbono se deriva del concepto de huella ecológica (rees, 1992), concebido como un mecanismo para contrastar la demanda de recursos naturales por parte de una población, con la capacidad del ambiente para proveer tales recursos de manera sostenida (biocapacidad).
15 Por ejemplo, los bosques proveen una gran variedad de servicios ecosistémicos. En lo que respecta a los servicios hidrológicos se puede mencionar la filtración de aguas y la regulación de flujos hídricos. Asimismo, las masas boscosas conforman un hábitat para diversas especies vegetales y animales, cumpliendo un rol fundamental en la preservación de la biodiversidad. También, tienen un rol fundamental en la atenuación de condiciones climáticas desfavorables, como altas temperaturas y control de la humedad ambiente.
16 Para más información Ver Taller “Participa en Rio + 20”, realizado los días 11 y 12 de octubre de 2011. http://www.farn.org.ar/archives/12153

Por: María Eugenia Di Paola

Fuente: FARN