Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el Caribe – Parte 1

Introducción
Günther Cyranek y Uca Silva

El tema de los residuos electrónicos (RE) es nuevo en Latinoamérica; por ende, para su desarrollo exige nuevos escenarios, compromisos y condiciones normativas, así como un orden social sostenido en la responsabilidad y compromiso de los actores involucrados y de toda la sociedad.

En diciembre del año 2008, en un trabajo conjunto entre el Proyecto Plataforma Regional de Residuos Electrónicos de computadores personales (PC) en América Latina y el Caribe (LAC) y el Sector Comunicación e Información de la Oficina
Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe, realizamos el Seminario Internacional ‘Residuos Electrónicos: Un nuevo Desafío de la Sociedad de la Información.

Experiencias en Países del MERCOSUR y de la Región’, en Villa Ocampo, San Isidro, Argentina. Durante dos días nos reunimos un grupo de representantes de instituciones públicas y privadas que han trabajado sobre dos temas relevantes de la sociedad de la información: el desarrollo tecnológico y los RE. El presente libro se basa en los materiales y discusiones mantenidos en dicho seminario.

El principal objetivo de esta reunión fue establecer las bases para una discusión respecto a los RE, como un nuevo desafío de la sociedad de la información. Además, evaluar cómo esta nueva área de trabajo se establecía en el contexto de las necesidades de Latinoamérica por superar la brecha digital y la desigualdad en el acceso de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Con esta intención se logró agrupar a una colectividad de especialistas y representantes con incidencia política en los temas de inclusión digital y reciclaje electrónico, que pudieran aportar al debate y a la generación de conocimiento en el ámbito de la inclusión digital y los RE, considerando aspectos políticos, económicos y culturales.

En ese espacio se promovió identificar los mecanismos de superación de la brecha digital y los desafíos que esto representa para la gestión de RE de modo ambientalmente sustentable y socialmente adecuado. Asimismo, se buscó evaluar las posibilidades de incidencia de cada sector – tomando en cuenta consideraciones económicas, políticas, culturales y sociales – y las alianzas estratégicas entre las áreas de inclusión digital y tratamiento de los RE.

Al mismo tiempo, se acogieron y evaluaron estrategias de difusión y trabajo conjunto acerca de las temáticas de la reunión en los diferentes países de la región, a fin de incorporar en la agenda pública la preocupación por los RE en el
contexto de las estrategias de inclusión digital nacionales y de la región.

Uca Silva presenta la Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en América Latina y el Caribe (RELAC). Las políticas de implementar sociedades de la información y del conocimiento (SIC) pueden reducir la brecha digital, pero aún no han aclarado la responsabilidad de los RE. La plataforma RELAC, con soporte del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), trabaja desde 2004 en la integración de temas relacionados a los RE en las agendas políticas.
Los elementos tóxicos de RE precisan un tratamiento específico y organizado para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Proyectos de reacondicionamiento implican la instalación de pequeñas industrias y capacitación de los actores. A su vez, los procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y cobre se efectúan en refinerías.

La Convención de Basilea y las normas de la Unión Europea en referencia al tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) dan orientación para la legislación en toda la región. La Convención de Basilea reclama entre otros la sustitución de sustancias peligrosas en la producción y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) desde el diseño y la producción del producto hasta el tratamiento de los residuos. En este panorama se discuten soluciones para construir SIC más sustentables y ecológicas.

Leila Delia describe el marco legal que regula la gestión de RE en LAC. Por falta de una legislación uniforme, la autora analiza los proyectos de ley existentes y determina aquellos elementos que futuras regulaciones deberían abordar. En base a un análisis del ciclo de vida de los RAEE, la promoción de la reducción de los mismos y partiendo del principio de la REP, se considera esencial desarrollar un marco legal propio para los RAEE, ya que ni la clasificación en el grupo de los residuos sólidos, ni en la categoría de residuos peligrosos permite un tratamiento adecuado.

Hans Willumsen y Andrea Allamand Puratic describen los objetivos y las actividades del Grupo de Trabajo Residuos Tecnológicos (GdTRT) en el marco del Plan de Acción Regional e-LAC 2010. El mercado de los productos electrónicos está registrando una tasa de crecimiento notable en LAC. Partiendo de la situación actual en Chile, los autores plantean los desafíos de una gestión sustentable de los RE en LAC. Si bien existen iniciativas de empresas que ofrecen talleres de reacondicionamiento, 80% del equipamiento de computadores y 95% de celulares consumidos en zonas residenciales desaparecen sin ningún tratamiento en depósitos comunes o hasta ilegales. Bajo estas consideraciones, es indispensable integrar los gobiernos municipales en la gestión de los RE en los procesos de capacitación, educación y sensibilización. Poniendo dos escenarios para los años 2015 y 2020, se discuten metas de recuperación y cantidades de basura electrónica. Al final del 2010 el GdTRT va a presentar un documento que sirva de orientación a los 11 países miembros.

Daniel Garcés y Uca Silva comparan los indicadores de las propuestas normativas para la gestión sustentable de los RE en LAC. La región se caracteriza por altos niveles de importación de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) de una creciente producción de computadores clonados, así como grandes cantidades de equipos almacenados, de los cuales cerca de 10% están en desuso. En Argentina y Costa Rica se discutieron propuestas normativas en mesas público privadas con el gobierno, la sociedad civil y empresas productoras, importadoras y de reciclaje. La propuesta de Argentina reparte las responsabilidades de la gestión de RE entre productores según el principio REP, un ente nacional de gestión de RAEE, consumidores y distribuidores. Según la propuesta de Costa Rica, los productores, importadores y distribuidore son responsables del impacto medioambiental de sus productos.
El proyecto de decisión del MERCOSUR sobre la gestión medioambiental de residuos especiales y la responsabilidad post-consumo sirve como referencia para toda la región.

Según Alejandro Prince, la cantidad de RE en la región LAC suma cerca de 800.000 toneladas. Estos cálculos se basan en datos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, países que en conjunto producen más
de 80% de RE en LAC. La recuperación social de los equipos electrónicos en desuso aún representa una excepción en LAC. En vez de depender de organizaciones sociales, asociaciones voluntarias o individuos, el éxito de la gestión sustentable de PC en desuso tiene que formar parte de la responsabilidad del usario. El reacondicionamiento de computadores usados y la recuperación de sus materiales tienen que seguir la lógica económica del mercado con soporte de programas gubernamentales creativos, intersectoriales y sustentables.
En la siguiente parte del libro los autores presentan el desarrollo de la inclusión digital y la situación actual de proyectos
de reciclaje y reacondicionamiento en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.

Susana Finquelievich, Alejandro Prince y Adrian Rozengardt describen el creciente acceso público a la información y las TIC en Argentina que actualmente se extiende a 57% de población.
Los resultados de la radiografía confirman el gran impacto que tenían por ejemplo la Agenda Digital Argentina, el Plan Federal Estratégico de Gobierno Digital y programas provinciales de inclusión digital. Los autores explican el acceso ampliado de la población a las TIC con el alto nivel de escolarización, el desarrollo de las industrias culturales y el fuerte crecimiento del sector privado de telecomunicaciones e informática. Políticas, estrategias y acciones dedicadas a la inclusión socio-digital precisan una cooperación entre el mercado, el Estado y las organizaciones sociales. Iniciativas como los centros tecnológicos comunitarios, el programa Mi PC, las más de 2.000 bibliotecas populares y públicas, centros sociales de las provincias, municipios, ONG y los 18.500 cibercafés comerciales independientes forman parte estructural del acceso público a la información y la comunicación.
Mientras las iniciativas diferentes no sean coordinadas entre si, el potencial social de cooperación e integración no está usado. El modelo histórico de bibliotecas públicas puede ser aplicado al financiamiento de cibercafés sociales. Los autores destacan la importancia de reducir las desigualdades entre los géneros, grupos socioeconómicos, territorios, y garantizar el derecho a la información.

Gustavo Fernández Protomastro integra la temática de los RAEE en el concepto más amplio de consumo sustentable.
La gestión de los RAEE en Argentina se suma a 100.000 toneladas/ año. El concepto presentado implica la modernización de la industria de los residuos y la capacitación de los recicladores.
Los tres pilares que sirven de base para construir una responsabilidad de RAEE en las sociedades, son las políticas publicas, el compromiso ciudadano y el principio REP. De gran importancia son las leyes de RAEE y de Restricción de Ciertas Sustancias en Equipos Eléctricos y Electrónicos (RoHS) para reducir la cantidad de sustancias contaminantes en los AEE. Con el fin de desarrollar una conciencia del desarrollo sustentable, el consumo responsable y la responsabilidad
pos-consumo, es indispensable integrar una amplia educación cívica en el currículo escolástico y universitario. El consumo sustentable es una tarea de toda la sociedad, desde el desarrollo de productos sustentables hasta su reciclaje al fin de su vida útil.

Cristina Kiomi Mori explica el proyecto Computadores para Inclusión del Gobierno de Brasil, que se enfoca en el reacondicionamiento social de equipos informáticos para beneficiar telecentros comunitarios, escuelas públicas y bibliotecas. Adicionalmente, el proyecto incluye formación profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El objetivo de la política pública es construir una red nacional de reaprovechamiento de equipos informáticos para mejorar la inclusión digital. A través del re-uso de los aparatos electrónicos se reduce los RE de manera significativa. En la concepción del proyecto el Gobierno de Brasil se orientó en modelos de reacondicionamiento de Canadá y Colombia. Los cinco centros de la iniciativa Computadores para Inclusión han entregado mas de 9.000 computadores desde 2006 y han capacitado a mil jóvenes.

Vincente González señala la cantidad de equipos electrónicos que precisan un tratamiento final en Paraguay, basándose en datos relevados en el marco de una encuesta permanente de hogares. Con solo 5,8% de hogares conectados a internet, la inclusión digital en Paraguay es muy baja en comparación con otros países en Latinoamérica. La mayoría de desechos electrónicos producidos en Paraguay se encuentra en depósitos ilegales por falta de una política de gestión sustentable de los RE a nivel nacional.

Oscar Espinoza y Carlos Martínez describen un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial relacionado al manejo de los RE en el Perú. El diagnóstico del manejo formal e informal de RE, realizado en el marco de dicho proyecto, incluye información sobre el volumen anual de PC y componentes así como de teléfonos celulares en desuso. Mediante cuatro lineas de acción el proyecto pretende actuar sobre el marco normativo, desarrollar modelos de gestión y de manejo, ofrecer sensibilización y capacitación. Puesto que las empresas formales peruanas actualmente tratan solo 6% de los RE, la capacitación del sector informal es esencial.

Según Federico Monteverde, una solución sustentable de la problemática de los RE tiene que ser integrada en una política nacional y formar parte de las agendas regionales. Actualmente 40 países en todo el mundo tienen una legislación relacionada a los RE. El Gobierno de Uruguay estimula la cooperación entre proveedores, emprendedores políticos y comunidades de expertos. Actualmente, un proyecto de ley basado en las directivas de la Unión Europea y presentado en el año 2007 está en el proceso de revisión y discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República.

Eduardo Barreiro y Marcel Winicki explican la perspectiva del Plan CEIBAL en Uruguay en relación con la gestión de RE. El Plan CEIBAL representa un proyecto gubernamental de educación e inclusión social siguiendo la modalidad un niño : un computador. Se calculan que en el marco del Plan CEIBAL al final de 2010 600.0000 computadores portátiles habrán sido distribuidos con una vida útil promedio de cuatro años. Cada año se incorporan entre 40.000 y 50.000 niños en el ciclo escolar, lo que implica un remplazo de 170.000 computadores o 250 toneladas de RE por año a partir de 2012. Una solución a nivel nacional para la gestión sustentable de los mismos queda para implementar y ni siquiera en la capital Montevideo existe la infraestructura tecnológica adecuada para un tratamiento correcto de los RE.

Este libro es la respuesta a una serie de compromisos asumidos en las Recomendaciones de San Isidro, producto del Seminario Internacional ‘Residuos Electrónicos’ y aprobado por los representantes de los siete países participantes y por UNESCO. Frente a las necesidades de difusión y conocimiento sobre el tema, se estableció como prioritario una publicación conjunta que contuviera los principales contenidos y enfoques sostenidos por los participantes de esta reunión.

Agradecemos a todos los participantes que han hecho posible esta publicación y junto con ellos los invitamos a conocer distintas experiencias de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En estas se da cuenta de los proyectos que han promovido la inclusión digital, proyectos de reacondicionamiento, políticas nacionales frente al tema, posiciones
legales e iniciativas de reciclaje. Asimismo, agradecemos a Daniela Demel, Silvia Diez, María Noel Pereyra y Sylvie Tewes de la Oficina de UNESCO en Montevideo por su apoyo y colaboración para la realización de esta publicación.

Con el presente libro querríamos estimular discusiones y avances en esta incipiente materia a nivel nacional y regional.

Los residuos electrónicos (RE) en la Sociedad de la Información en Latinoamérica
Uca Silva

Antecedentes

La Sociedad de la Información se ha respaldado en los dispositivos electrónicos, principalmente los computadores. Estos han sido los aparatos que nos han proporcionado instrumentos y servicios útiles para el hogar, el trabajo y los estudios.
Son estas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que definen los nuevos indicadores de desarrollo en nuestros países y en las que se albergan las expectativas y requerimientos para el avance del desarrollo social y económico de la sociedad. Por este motivo las TIC han sido extremadamente requeridas para la generación de información y conocimiento, factores que nos permiten crear riquezas y mejorar los estándares de vida en los países de la región.

Desde los inicios de la sociedad de la información, se plantearon una serie de políticas públicas que permitieran cubrir las necesidades que han surgido en este nuevo orden social.

Dichas políticas se han focalizado principalmente en promover la equidad en acceso a la infraestructura y evitar la brecha digital. Esta última condición vendría a reforzar antiguas desigualdades, especialmente en los países de nuestra región.

En este escenario emerge un discurso centrado en los beneficios de las TIC, que destaca cómo estas nuevas tecnologías aseguran el desarrollo económico y social de la sociedad, elevan los procesos educativos y aportan en el sector empresarial.

En ese marco, los diversos gobiernos de la región asumen estrategias de implementación y desarrollo de TIC que lleguen a todos los sectores de la sociedad.
Lo que no incluyeron estas propuestas del primer momento, fue una política de responsabilidad frente a los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que generan los computadores al final de su vida útil. Estos equipos contienen elementos tóxicos, tales como el cadmio, plomo y mercurio, que requieren una corriente de tratamiento específica y diferenciada al final de su vida útil, que asegure una correcta disposición final de esos elementos para evitar un impacto negativo en el medio ambiente y la salud de las personas. Por otra parte, estos aparatos también contienen elementos de valor, tales como cobre, oro y plata, que demanda su recuperación para reingresar al mercado como materia prima. Este tipo de minería urbana, además de tener un impacto positivo sobre el medio ambiente y la economía, implica menor costo, ahorro de energía y de los recursos naturales de nuestro planeta que la extracción directa.

Los países desarrollados han llevado a cabo una serie de acciones, que tienen como objetivo proteger el medio ambiente y recuperar los materiales de valor de los RE. Latinoamérica recién está asumiendo estas responsabilidades y desde hace unos pocos años surgen iniciativas, donde participan sectores públicos y privados, con la intención de desarrollar estrategias para el tratamiento de estos aparatos al final de su vida útil.

La Plataforma de Residuos Electrónicos de Latinoamérica Sur/IDRC (RELAC)¹, desde sus inicios, se ha planteado la promoción de una gestión adecuada de los RE como un proyecto que deviene desde el desarrollo digital y se ajusta en las medidas asumidas en la sociedad de la información. Nuestra primera preocupación, en el año 2004, fue la posible transferencia de RE de computadores, recibidos por donaciones de países industrializados a los proyectos sociales de aparatos reacondicionados. Los resultados de las investigaciones, en ese período, señalaban que las transferencias por donaciones internacionales estaban dentro de los márgenes del apoyo de instituciones solidarias y respetaban los marcos legales, sin transformarse en productos de riesgo para los países receptores.

Posteriormente, nuestro trabajo e interés se ha ido desplegando hacia los RE producidos en los países de Latinoamérica, que generaban volúmenes de desechos mucho mayores que las donaciones. Asimismo apoyamos activamente el desarrollo de las tres medidas que conforman el enfoque sustentable de la gestión de los aparatos electrónicos: prevención, reuso y tratamiento de los RE en distintos países de la región.

El acercamiento a UNESCO es resultado de nuestro interés de insertar el tema de los RE, específicamente de los computadores, en los espacios especializados de las políticas de desarrollo de la sociedad de información, centradas en el acceso universal y el fomento de la infraestructura de los aparatos electrónicos. Las políticas todavía no han prestado suficiente atención a las acciones necesarias para proteger el medio ambiente, cuando los equipos no sean más útiles para los usuarios.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo dar cuenta de algunos aspectos de las políticas de inclusión digital que se han formulado para la región. La intención es fortalecer políticas que además del desarrollo de infraestructura y acceso incorporen estrategias para prevenir el impacto de los equipos cuando se transforman en residuos.

En esta misma línea presentamos los esfuerzos que se están realizando en la región en la promoción de políticas para el adecuado tratamiento de los RE. Si bien se vinculan a todos los aparatos electrónicos, muchas de ellas han tomado como referencia a los computadores. En esta área, damos cuenta del ciclo de vida que grafica el apropiado proceso que estos aparatos deben tener para optimizar la protección del medio ambiente, la salud y la recuperación de valores. También señalamos que la mayoría de políticas que se están trabajando en la región sobre RE tienen como referencia los países industrializados y se focalizan en el protagonismo de los productores, sin prestar mayor atención a los lineamientos de desarrollo en la sociedad de la información. Consideramos que si estos dos enfoques se comunican y articulan, podríamos aproximarnos al tema de los RE de una forma más integral y adecuada a nuestros contexto.

La sociedad de la información

El panorama socio-económico y cultural de Latinoamérica ha definido las particularidades de la instalación de la sociedad de la información. En la región, conformada por 24 países y cuya población total se estima en 589.716 millones de habitantes, se presentan ciertas problemáticas recurrentes tales como la desigualdad social, la inestabilidad económica, la alta inflación y el desempleo. Aunque en estos últimos años la región haya vivido una mejora, las diferencias entre Latinoamérica y los países industrializados persiste, así como persisten las desigualdades entre y al interno de los países latinoamericanos².

La primera condición para el acceso y uso de las TIC es que exista la infraestructura indispensable para iniciar el proceso de inclusión digital. Son las condiciones económicas anteriormente mencionadas, con las respectivas diferencias, las que establecen una política de promoción de acceso que permita asegurar la infraestructura requerida al mayor número de la población. Esto se traduce en instalar el mayor número de computadores, especialmente en los sectores vulnerables. Si bien los computadores personales constituyen sólo una fracción de los equipos electrónicos, han sido los aparatos que definen la revolución tecnológica.

Frente a este nuevo escenario, la principal preocupación en Latinoamérica ha sido desarrollar políticas prioritarias que promuevan el acceso universal a las TIC. El objetivo ha sido impedir que la falta de acceso a los computadores mantenga y refuerce condiciones crónicas de desigualdad y exclusión de los grupos con menores recursos de la región. Con ello, se levantó un discurso extremadamente potente sobre los beneficios del desarrollo de las TIC y del acceso a ellas, el cual no dejó cabida a considerar otras externalidades – tanto negativas como oportunidades – propias de los equipos electrónicos.

Las políticas de inclusión digital

La inclusión digital se define como la política pública que promueve la igualdad de acceso a los aparatos electrónicos.
La Declaración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra (CMSI 2003: p. 2), que reunió a los representantes de los pueblos del mundo en torno a la revolución tecnológica, pone énfasis en reconocer la educación, la información y la comunicación como esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos.

Asimismo destaca que las TIC tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y las oportunidades que éstas brindan para alcanzar niveles más altos de desarrollo. Al mismo tiempo que se demuestran las ventajas de la revolución tecnológica, se evidencia la distribución desigual que éstas presentan entre los países desarrollados y en desarrollo, así como dentro de las sociedades. Así, se establece el principio de la capacidad universal de acceder y contribuir a una sociedad de la información integradora, que amplíe el acceso a la infraestructura y a las TIC asumiéndolo como un compromiso global.

En este marco los distintos gobiernos de la región definen políticas de inclusión instituyendo estrategias que establecen como primer principio el acceso universal a los PC, como el aparato indispensable de la sociedad de la información.

Chile es un país pionero, con un proyectos estrella – ENLACE – que promueve el acceso a las TIC en la escuela pública, disminuyendo cada año el número de estudiantes por PC. Esta línea es adoptada por otros países de la región tales como Argentina y Colombia. Así, en Latinoamérica prolifera el apoyo a proyectos de acceso público en telecentros y la extensión de información en los espacios tradicionales como las bibliotecas, las cuales también incorporan salas de computadores.

Este es el panorama en el cual emergió ‘eLAC’, definido como una estrategia regionalmente concertada que concibe a las TIC como instrumentos de desarrollo económico e inclusión social. Es una estrategia con visión de largo plazo, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), que se concreta en planes de acción con metas cuantitativas y cualitativas a lograr³.

En un primer periodo, el Plan de Acción sobre la Sociedadde la Información de América Latina y el Caribe, eLAC 2007, presentado en 2005, estableció 30 metas. La primera área estratégica se determina en el acceso y la inclusión digital, tanto en promover el desarrollo de la infraestructura regional como en la capacitación que permita el uso de éstas en distintas áreas de la sociedad. La creación de capacidades y de conocimiento, la construcción del gobierno electrónico, el desarrollo de estrategias nacionales y el fomento de un entorno habilitador conformaban las principales acciones para
ese período.

El año 2008, en la segunda conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en Latinoamérica en San Salvador, se adoptaron una serie de compromisos: se definió un nuevo plan de acción, eLAC 2010, en torno a seis áreas de acción y 83 metas, dando cuenta que las prioridades y condiciones relacionadas a las TIC en Latinoamérica han evolucionado.

La meta 82 de eLAC 2010 responde a un área hasta el momento no considerada en las políticas de inclusión digital: los RE. En esta meta se describen como principales medidas promover el diseño de estrategias nacionales y la reglamentación sobre el manejo de residuos tecnológicos, para responder al impacto ambiental que causan y aprovechar su potencial en programas de reciclaje y reacondicionamiento, así como crear un grupo de trabajo sobre este tema. De esta forma, es en el compromiso de San Salvador que se reconoce por primera vez la necesidad de asumir una estrategia que ordene los procesos de tratamiento de residuos de los aparatos electrónicos al final de su vida útil, reconociendo los riesgos y oportunidades que estos presentan en Latinoamérica⁴.

Los proyectos de reacondicionamiento A partir de las preocupaciones por el medio ambiente, desde el año 2004 se han presentado los primeros proyectos relacionados a los RE. En este ámbito podemos destacar el primer proyecto del IDRC, que se instaló en Sur Corporación y que era una antesala de la Plataforma RELAC⁵. En ese momento, la principal preocupación era la posible transferencia de RE a través de las donaciones internacionales de computadores desde los países industrializados a los proyectos sociales de Latinoamérica. Al no existir controles ni regulaciones en este ámbito, se debía prevenir una situación similar a la de los países asiáticos y africanos, los cuales se habían convertido en reales basureros de RE, especialmente de Estados Unidos y Europa.

La superación de la brecha digital se está transformando en el eje fundamental para la promoción de proyectos de reacondicionamiento de computadores en Latinoamérica. Serán estos proyectos sociales el principal punto de unión entre las políticas de la sociedad de la información mencionadas anteriormente y el área de los RE.

Los altos costos de los PC en los países en desarrollo ofrecían un panorama apto para promover la extensión de la vida útil de estos equipos, después de un simple proceso de restauración.

En base a este modelo, en varios países latinoamericanos se instalaron proyectos especializados en los procesos de reacondicionamiento. Estas iniciativas que dependen de donaciones nacionales e internacionales, ya se han transformado en un medio importante para asegurar el acceso a las TIC.

La mayoría de estos proyectos de reacondicionamiento consiste en complejos sistemas de gestión y administración, que implican la instalación de pequeñas industrias que recogen, trasladan, limpian, actualizan, distribuyen, mantienen y generan residuos, además de capacitar en su manejo. Son muchas las organizaciones sociales que manifiestan interés en desarrollar empresas de este tipo. Sin embargo, el alto grado de exigencias y profesionalismo necesarios para llevar a cabo los procesos involucrados ha significado que solo un pequeño número de las agrupaciones que se inician en el rubro logre mantenerse en actividades. Una iniciativa ejemplar de este tipo de experiencias ha sido el exitoso modelo canadiense ‘Computers for Schools’, el cual se basa en la recuperación de equipos donados que tienen todavía una considerable expectativa de vida útil, para su entrega sin costo a escuelas públicas y, en algunos casos, organizaciones sin fines de lucro.

Los resultados de esta etapa de nuestra investigación demostraban que los donantes de los proyectos sociales a nivel internacional eran a su vez organizaciones sociales reconocidas en sus países, que aseguraban ciertos estándares en los computadores donados. Aunque dichas donaciones no se hayan responsabilizado plenamente de los residuos de sus donaciones al final de la vida útil, estos equipos no constituían un riesgo para los países receptores, ya que los volúmenes eran significativamente inferiores a los que se estaban moviendo en l