Año 2012 – Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Parte 4

El mecanismo REDD en el Gran Chaco Americano

Resumen ejecutivo

Como consecuencia de las significativas emisiones provocadas por la deforestación y la degradación forestal, sobre todo en países en desarrollo, gran cantidad de partes interesadas han puesto su atención en la creación de incentivos positivos para dichos países con la finalidad de disminuir sus tasas de deforestación y degradación forestal. De allí nace la expresión Reducción de Emisiones causadas por Deforestación y Degradación forestal en países en desarrollo o REDD+.

Diversas acciones locales pueden ayudar a reducir las emisiones por deforestación y degradación, como el ejercicio de los derechos (relativos tanto a la tierra como a sus bosques), la creación de reservas o parques, la garantía de compensación o incentivos para evitar la deforestación y la modificación de políticas que tornan atractiva a la deforestación, como por ejemplo los subsidios agrícolas.

Sin embargo, también existen una considerable cantidad de riesgos que pueden derivarse de REDD+, especialmente para las comunidades indígenas y locales que dependen de los bosques para sobrevivir. Por ello, se ha reconocido la necesidad de contar con salvaguardas sociales y ambientales eficaces a fin de asegurar un mayor nivel de desempeño social y ambiental de REDD y otros programas de carbono forestal y compatibilizar las actividades de conservación y los derechos de las comunidades locales.

En términos normativos generales, el derecho a un ambiente sano está consagrado tanto en legislación marco como en la Constitución de Bolivia, Argentina y Paraguay. Lo mismo sucede respecto de los derechos de los pueblos indígenas los cuales son reconocidos tanto en las Cartas Magnas como a través de legislación nacional e internacional.

En lo referente a los bosques los tres países cuentan con leyes forestales, más o menos protectoras, normativa sobre aguas y fauna silvestre.

Los tres países adoptaron acuerdos internacionales con relevancia para los bosques y las especies que de ellos dependen: Sin embargo para poder lograr que el mecanismo REDD sea una oportunidad verdadera, y no una amenaza, es necesario generar y aplicar en el terriotiro una serie de “salvaguardas” socio ambientales- fundamentales no solo para asegurar la correcta implementación de los eventuales fondos que puedan llegar por REDD, sino para lograr una genuino y transparente espacio de participación y acceso a la información de todos aquellos grupos de actores, que tengan interés o relación con la temática forestal.

REDD + constituye a todas luces una oportunidad para la región latinoamericana, no obstante ello, resulta fundamental que en el marco de las distintas realidades nacionales y regionales, en este caso del Gran Chaco, su consideración e implementación procure obtener un mecanismo que resulte positivo no solo en vinculación a la lucha contra el Cambio Climático, sino también para la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades con un respaldo jurídico institucional sólido.

I. Introducción¹

El objetivo general de este análisis, fue construir de forma inicial, conocimientos en relación al mecanismo REDD, teniendo en cuenta las debilidades y vacíos jurídicos existentes en torno a eventuales proyectos REDD que puedan realizarse en la región del Gran Chaco, y generar información relevante para los decisores como así también para los actores sociales involucrados y afectados. En este sentido, un aspecto de especial importancia es determinar cuál es el marco jurídico más apropiado que permita generar salvaguardas sociales y ambientales y asegurar los eventuales beneficios que pueda presentar este mecanismo².

1. Consideraciones iniciales sobre el Gran Chaco Americano

Se ha aplicado el término Chaco o Gran Chaco a la vasta extensión de vegetación que ocupa aproximadamente 1.141.000 km2, siendo la segunda región boscosa más extensa de América del Sur después de la selva Amazónica. El Gran Chaco es una de las pocas áreas del mundo en que la transición de los trópicos a las zonas templadas no consiste en un desierto sino en bosques semiáridos y sabanas³.

2. Caracterización de la unidad ambiental

Toda la región chaqueña es una extensa llanura que se combina con formas montañosas (resultado del levantamiento de los Andes en el Terciario) y una gran depresión, rellenada a través de millones de años por sedimentos originados por la acción de los vientos y el agua.

La escasa pendiente determina que en el sector central, atravesado por los ríos Pilcomayo y Bermejo, se formen depósitos aluviales, que con frecuencia cambian el meso y micro relieve, modificando los cursos de los ríos con sentido norte-sur. Estos cambios de relieve se suman a las alteraciones ocasionadas por las crecidas periódicas del Paraguay-Paraná, conformando un sistema de lagunas en todo el sector este⁴.

Las acumulaciones subterráneas de agua (acuíferos) en el Chaco se ubican en los sedimentos de los abanicos de los ríos. En el oeste, en depósitos relativamente gruesos, se encuentra agua dulce que se formó durante el Pleistoceno en profundidades de más de 50 metros. Pero en el Chaco central y oriental, con sedimentos más finos y menos permeables, donde la profundidad del agua subterránea es menor que 3 metros, la evaporación directa del acuífero y la evapotranspiración de la cobertura vegetal resulta en una acumulación de sal⁵.

Teniendo en cuenta estas características edáficas se ve que el agua potable se encuentra exclusivamente en lugares con condiciones especiales.

Las condiciones climáticas actuales impiden la regeneración de los acuíferos con agua dulce. Los sedimentos gruesos y permeables en el oeste serían favorables, pero las precipitaciones son demasiado escasas. En la parte central y oriental, donde las precipitaciones serían suficientes, los sedimentos demasiado finos dificultan la infiltración y facilitan la evaporación⁶.
El Chaco no es homogéneo, la existencia de gradientes de temperatura y humedad y los tipos de depósitos geológicos caracterizan regiones o distritos diferentes, por lo que acorde al gradiente de aridez creciente de este a oeste y la mayor condensación de humedad en las montañas podemos separar la dilatada planicie chaqueña en: Chaco Húmedo y Subhúmedo, Chaco Semiárido, Chaco Árido y Chaco Serrano⁷. De esta forma se ve como el régimen de precipitaciones es el factor regulador del sistema natural chaqueño. Los cambios climáticos globales determinan pulsos cíclicos de abundancia y escasez de lluvias. Ellos, según su magnitud, pueden generar inundaciones o sequías extremas, que cuando ocurren simultáneamente en áreas contiguas, han llevado a colapsar ambientalmente grandes superficies de la región.

El sector oriental del Gran Chaco argentino es probablemente el que ofrece mayores dificultades para su comprensión, tanto desde el punto de vista de su vegetación, fitogeografía como su ecología, debido a su notable heterogeneidad ambiental. Sometido en general a un clima subtropical húmedo, sufre ciclos de anegamiento y sequía que constituyen la clave racional para la comprensión de la dinámica de su vegetación. La elevada heterogeneidad del Chaco Oriental puede ser interpretada como la respuesta de la vegetación a las intensas precipitaciones en un área de escasa energía de drenaje (y el consecuente hidromorfismo de los suelos), sumada a la ocurrencia de déficits hídricos no siempre previsibles⁸.

En cuanto a la diversidad de especies la ecoregión del Gran Chaco es un ecosistema de elevado valor, entre otras cosas, por conectar áreas tropicales con áreas templadas. Esto hace que tengamos especies (animales y plantas) presentes de ambas áreas, y pocas especies raras o endémicas del Chaco (no es un área aislada).

El Gran Chaco limita con nueve ecoregiones. En las zonas de contacto se genera un área de transición donde se entremezclan las comunidades biológicas de ambas ecoregiones (ecotono), lo que determina una mayor cantidad de especies en comparación con las existentes en las ecoregiones mismas. Esto explica la riqueza biológica existente en el Chaco. Es por esto que tanto el Gran Chaco como las ecoregiones que lo rodean son consideradas por los especialistas como áreas prioritarias de conservación⁹.

3. Población

La población total de la región del Chaco es de 3.985.000 habitantes de los cuales 3.581.500 viven en el Chaco argentino, 126.000 en el Chaco Paraguayo y 277.300 en el Chaco Boliviano.

Esta población se distribuye en forma muy heterogénea. Esto se relaciona, como en todas partes, fundamentalmente con la disponibilidad de agua. Otros factores relevantes han sido y son las condiciones climáticas (altas temperaturas), y la ubicación de polos de desarrollo económico situados en otras regiones que fueron privilegiadas por las políticas de los estados nacionales. También influenciaron en esta distribución las diferentes corrientes migratorias, principalmente de europeos (hasta el siglo XX), que se ubicaron buscando condiciones propicias según su cultura de origen¹⁰.

Las mayores concentraciones humanas se encuentran en las zonas periféricas de la región chaqueña, donde la densidad llega a más de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras que en el Chaco Paraguayo la densidad poblacional no supera el habitante por kilómetro cuadrado, en Bolivia y Argentina existen áreas donde la densidad promedio va desde los 10 a los 22 habitantes por kilómetro cuadrado.

La distribución de población rural está íntimamente relacionada a los modos y formas de producción, fundamentalmente a la agropecuaria.

Mientras que en Paraguay y Bolivia existe aún un alto porcentaje de población rural (63 y 53 % respectivamente), en Argentina la tecnificación del campo por un lado y la carencia de servicios e infraestructuras en las áreas rurales por el otro, ha provocado procesos migratorios internos, llevando a los trabajadores rurales a buscar ocupación en los centro urbanos
y a la vez mejores condiciones de vida¹¹.

4. Problemáticas

Las principales problemáticas se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

1. ¿Qué es el mecanismo REDD?

En razón de las significativas emisiones provocadas por la deforestación y la degradación forestal, sobre todo en países en desarrollo, gran cantidad de partes interesadas han puesto su atención en la creación de incentivos positivos para dichos países con la finalidad de disminuir sus tasas de deforestación y degradación forestal. De allí nace la expresión “Reducción de Emisiones causadas por Deforestación y Degradación forestal en países en desarrollo” o “REDD”. Diversas acciones locales pueden ayudar a reducir las emisiones por deforestación y degradación; tales acciones incluyen la mejora y esclarecimiento en el acceso, clarificación y el ejercicio de los derechos vinculados a la tenencia de la tierra, la creación de reservas o parques, la garantía de compensación o incentivos para evitar la deforestación y la modificación de políticas que tornan atractiva la deforestación, como, por ejemplo, los subsidios agrícolas.

Antes de explicar estos debates con mayor detalle, se incluye a continuación una introducción sobre el régimen internacional del cambio climático.

2. La CMNUCC¹² y REDD

El mecanismo REDD se debatió por primera vez conforme a la CMNUCC en el año 2005, durante la décima primera Conferencia de las Partes (COP 11). Desde dicho momento, el análisis del tema ha continuado.

Además de los debates de la COP anual y las reuniones semestrales de los Órganos Subsidiarios, se han llevado a cabo varios talleres de la CMNUCC. Entre las cuestiones clave que se analizaron, se pueden mencionar las siguientes: causas de la deforestación; herramientas políticas para REDD, lo que incluye la cooperación bilateral y multilateral; formas para brindar incentivos para REDD, incluso mecanismos financieros; y cuestiones técnicas asociadas a la medición de REDD y aplicación de políticas para REDD.

Dichas cuestiones técnicas incluyen la disponibilidad y suficiencia de los datos sobre el alcance de la cobertura forestal global y las tasas de deforestación, al igual que los datos y métodos para estimar los cambios en la cantidad de carbono que se almacena en los bosques (el “stock de carbono”).

Los debates sobre herramientas políticas y mecanismos financieros atañen a la manera en que se pueden incentivar y facilitar las actividades REDD. Las propuestas claves para las herramientas financieras y políticas consideran lo siguiente:

• Mecanismos basados en el mercado y asociados al mercado, como: inclusión de proyectos REDD en el MDL¹³ (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y aplicación conjunta;
• Creación de un mecanismo de comercio específico para REDD, distinto del MDL y la aplicación conjunta, con limites en relación a la cantidad de reducciones de las emisiones de países desarrollados que podrían derivarse de REDD+ (Ogonowski y otros, 2007);
• Introducción de nuevas unidades de comercialización de emisiones para uso de los países desarrollados a fin de alcanzar parte de sus metas de emisiones (Hare y Macey, 2007); mecanismos financieros fuera del mercado, como: compra requerida de una proporción de la meta de emisión de cada país desarrollado (en lugar de la libre asignación), donde los ingresos se destinen a apoyar actividades REDD y de otro tipo; o
• Instauración de un fondo o mecanismo financiero, vinculado a la CMNUCC, para brindar acceso directo o indirecto al financiamiento de las actividades REDD;
• Compromisos simples de los países en desarrollo para reducir sus emisiones en todo el sector forestal nacional, con créditos generados para cada tonelada evitada de CO2; y centro de atención en la capacidad nacional (instituciones y capacidades técnicas) necesarias para ejecutar y controlar las actividades REDD.

En la COP 15 de Copenhague se avanzó hacia REDD+. A diferencia de REDD a secas, REDD+ (“más” o “plus” en inglés) incluye además de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques:

• Actividades asociadas a la reducción de emisiones por degradación o deforestación
• Manejo sostenible de los bosques
• Mejoramiento de la existencia de carbono forestal, y
• Beneficios sociales y ambientales

3. Análisis de las distintas iniciativas REDD a nivel internacional Programa UNREDD+

Establecido en 2008, el Programa UN REDD+ es una de las principales iniciativas multilaterales capaces de brindar apoyo inicial a los países y de reforzar el papel de los pueblos indígenas, comunidades locales y otras comunidades dependientes de los bosques y la sociedad civil en las actividades de REDD+ y en el desarrollo de sistemas MRV. Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido con fondos significativos para la puesta en marcha. El Programa se lanzó de manera oficial en septiembre de 2008 por el Primer Ministro de Noruega y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La demanda de apoyo del Programa UN REDD+ ha crecido de forma acelerada. En la actualidad, el Programa cuenta con 29 países asociados. A partir de noviembre de 2010, todos los países piloto habían preparado, presentado y recibido las asignaciones aprobadas para sus programas nacionales de parte de la Junta Normativa de UN REDD+. La mayoría de dichos programas están en fase de aplicación.

El objetivo principal del Programa UN REDD+ es apoyar los esfuerzos para que el país esté preparado para desarrollar el mecanismo REDD+ a través del Programa Global, el cual comprende enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y directrices.

El modelo de aplicación del Programa UN REDD+ se plantea como consistente con el enfoque de la ONU “Unidos en la acción”, el cual maximiza la eficiencia y eficacia durante la puesta en marcha. Asimismo, se basa en las capacidades catalíticas y poder de convocatoria de las tres agencias de UN REDD+. A nivel nacional, los programas funcionarán a través del Coordinador Residente del Programa de las Naciones Unidas, en línea con las prácticas de programación establecidas por las Naciones Unidas en el país. Por su parte, las agencias de Naciones Unidas, la FAO , el PNUD y el PNUMA tienen un compromiso con las siguientes acciones:

• Aprovechar sus ventajas comparativas.
• Facilitar asociaciones aprovechando la experiencia de varias organizaciones nacionales e internacionales que actúan como agencias de ejecución, con el fin de asegurar acciones oportunas y bien coordinadas.
• Contribuir en forma activa a la coordinación interna en el país, al mismo tiempo que se evita la duplicación de esfuerzos con otras iniciativas de REDD+.

El Programa está guiado por cinco principios interrelacionados del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo: enfoque de derechos humanos durante la programación, haciendo especial referencia a las directrices del PNUD sobre Cuestiones de Pueblos Indígenas; igualdad de género; sostenibilidad ambiental; gestión basada en resultados y desarrollo de capacidades.

4. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), operativo desde junio de 2008, es una alianza global orientada a la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del carbono forestal. El FCPF complementa las negociaciones de la CMNUCC sobre REDD+, demostrando como REDD+ puede ser aplicado a nivel de país y aprendiendo las lecciones de la fase inicial de implementación.

Treinta y siete países en desarrollo con bosques tropicales (14 en África, 15 en Latinoamérica y el Caribe y 8 en el área de Asia y el Pacífico) han sido seleccionados en esta alianza. El FCPF cuenta con una estructura de gobernabilidad inclusiva y efectiva, con un Comité de Participantes como su núcleo central. Este Comité está formado por un número igual de países con bosques tropicales y donantes; también incluye a los observadores representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil, los organismos internacionales, el Programa UN REDD+, la Secretaría de la CMNUCC y el sector privado. El Banco Mundial asume las funciones de fideicomisario, secretaría y socio implementador.

Con la asistencia del Fondo Readiness (actualmente en $ 218 millones otorgados por 14 donantes), cada país participante se prepara para REDD+, desarrollando las políticas y los sistemas necesarios, en particular adoptando estrategias nacionales; desarrollando niveles de referencia de las emisiones; diseñando sistemas de medida, reporte y verificación (MRV); y poniendo en práctica los arreglos para el manejo nacional de REDD+, en los que se incluye las salvaguardas apropiadas.

El énfasis del FCPF a la fecha ha sido Readiness de REDD+. Un total de 26 países ya han preparado su propuesta para la Preparación de Readiness¹⁴ y varios de ellos han recibido las donaciones para implementar estas propuestas.

En la fase Readiness, se ha desarrollado una cooperación significante entre el FCPF y el Programa UN REDD+, el Programa de Inversión Forestal y el Fondo para el Medioambiente Mundial. Además, se ha desarrollado un enfoque común para las salvaguardas sociales y ambientales, el cual permitirá la continuación del Fondo Readiness para el FCPF a través de los socios implementadores múltiples, entre los que se incluyen los bancos multilaterales de desarrollo y las agencias de la ONU, junto al Banco Mundial.
Los programas presentados al Fondo del Carbono (actualmente $ 178 millones otorgados por ocho donantes públicos y privados) tendrán los siguientes criterios:

• Énfasis en los resultados, es decir, reducción sostenible y de alta calidad de las emisiones, incluyendo los beneficios sociales y ambientales; Implementación a escala, por ejemplo a nivel de las jurisdicciones administrativas dentro de un país o a nivel nacional; Coherencia con los estándares emergentes de cumplimiento bajo la
  CMNUCC y otros regímenes;
• Diversidad, al punto de generar valores de aprendizaje para el FCPF y para los otros participantes;
• Mecanismos claros para que los incentivos de REDD+ alcancen a los que los necesiten; y
• Consultas transparentes con los actores involucrados.

Además, los programas implementados a escala subnacional requerirán estar en sintonía con las estrategias nacionales emergentes, los niveles de referencia de las emisiones y los sistemas del MRV y con medidas para evaluar y minimizar los riesgos de fuga. De igual manera, los compromisos del Fondo del Carbono deberían llevarse a cabo en las fases iniciales con el fin de darles incentivos a los países para que adopten las políticas y los sistemas necesarios y para que emprendan las inversiones necesarias.

En línea con la decisión de la CMNUCC sobre REDD+ adoptada en Cancún en diciembre de 2010, las fases de Readiness, inversión y los pagos basados en el desempeño no son necesariamente consecutivas, por el contrario, en gran medida se solaparán. Sin embargo, para asegurar que el financiamiento del carbono se base en los logros de Readiness, el Comité de Participantes del FCPF deberá evaluar el Paquete Readiness del país antes que dicho país pueda establecer un Acuerdo de Pago por la Reducción de Emisiones con el Fondo de Carbono.

III.Estudios de caso

En términos normativos generales, el derecho a un ambiente sano está consagrado tanto en legislación marco como en la Constitución de Bolivia, Argentina y Paraguay. Lo mismo sucede respecto de los derechos de los pueblos indígenas los cuales son reconocidos tanto en las Cartas Magnas como a través de legislación nacional e internacional.

En lo referente a los bosques los tres países cuentan con leyes forestales, más o menos protectoras, normativa sobre aguas y protectora de la fauna silvestre.

Los tres países adoptaron acuerdos internacionales con relevancia para los bosques y las especies que de ellos dependen: el Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

Argentina y Paraguay han adoptado en adición el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR¹⁵, ¹⁶.

2. La adicionalidad

Adicionalidad implica que la reducción de emisiones producto de un proyecto REDD debe ser adicional a aquella reducción que hubiera ocurrido en ausencia del proyecto. Examinar el contexto es necesario para determinar el requisito de adicionalidad. Por ejemplo, una zona afectada por deforestación puede ser candidata ideal para un proyecto REDD. A contrario sensu, la existencia de zonas protegidas y/o el apoyo gubernamental a proyectos que evitan la deforestación a través de subsidios y/o incentivos, no permitirían que el requisito de la adicionalidad se cumpla y por tanto, un proyecto REDD sería innecesario. En conclusión, un examen de la legislación nacional/ provincial relativa a las zonas protegidas es necesaria para determinar si el requisito de adicionalidad se cumple y por ende, se justifica la implementación de un proyecto REDD.

3. Adicionalidad, bosques y áreas protegidas

Un escenario relevante a aplicar a la adicionalidad es la Ley de Bosques argentina. Dicha norma en su artículo 14 prohíbe los desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías rojo y amarillo. En cambio, en la categoría verde el desmonte está permitido aunque se encuentra sujeto a ciertas condiciones y procedimientos establecidos en la ley.

Por su parte, el artículo 30 crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos con el objetivo de compensar a las provincias y a los dueños de los bosques por conservarlos. El 70% de los recursos provenientes del Fondo son destinados a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos y el restante 30% es destinado a las Provincias.

Una aplicación estricta del requisito de adicionalidad, provocaría la exclusión de los bosques de las categorías rojo y amarillo como también de aquellos bosques que se encuentran en parques y reservas naturales¹⁷, de cualquier proyecto REDD. Pero cabe preguntarse, si es lógico otorgar fondos a aquellos países que otorgan concesiones para desmontar y no aquellos países que dictan leyes tendientes a proteger sus bosques. Claramente el objetivo del mecanismo REDD es incentivar la protección de los bosques estimulando el dictado de leyes protectoras.

Asimismo, los fondos derivados de un proyecto REDD podrían ser aplicados a aquellas zonas protegidas recientemente creadas, como es el caso de los sectores creados por la Ley de Bosques, para reforzar el control y el cuidado de las mismas. Debido a la falta de recursos e infraestructura, muchas zonas protegidas pueden ser objeto de usos ilegales como desmontes y fuegos intencionales y por tanto, los fondos provenientes de la implementación de un proyecto REDD, pueden ser destinados a reforzar el manejo de las mismas.

Las zonas protegidas son una efectiva forma de proteger los bosques y por tanto, deben estar incluidas en un proyecto REDD. Sostener que las zonas protegidas no gozarían de los beneficios REDD generaría desincentivos y hasta se podría llegar a desafectar zonas protegidas con el objetivo de obtener los fondos.

4. Adicionalidad y línea de base

El concepto de adicionalidad está intrínsecamente vinculado al concepto de línea de base. Uno de los criterios más utilizados para determinar la línea de base, es el uso de las tasas históricas de deforestación de cada país.

En el caso de Argentina, si se tiene en cuenta que la tasa de deforestación se habría reducido de forma considerable desde la implementación de la Ley de Bosques Nativos, el requisito de adicionalidad tomando como línea de base la tasa histórica de deforestación, sería muy difícil de cumplir. Pero hay que tener en cuenta que la ley de Bosques Nativos entró en vigencia hace casi tres años y la tasa histórica de deforestación con la que cuenta Argentina va desde el año 1990 hasta hoy. En la mayoría de los casos donde se ha utilizado la tasa histórica de deforestación, se utiliza un promedio de la deforestación de los últimos diez años y por lotanto, Argentina tendría una alta tasa de deforestación a pesar que en los últimos dos años la misma se habría redudico. Ello es así debido que Argentina era uno de los diez países con mayor deforestación del planeta, logrando su pico máximo en el año 2007.

De todas formas, previo a evaluar la posibilidad de adicionalidad en el escenario argentino, debiera resolver antes una cuestión esencial que se refiere a cuestiones presupuestarias de la Ley de Bosques. Los principales inconvenientes en cuanto a la implementación de la ley actualmente se vinculan por un lado a la diversidad de criterios en algunas provincias que comparten ecosistemas y especialmente a la insuficiente asignación de los fondos que señala la ley y dilaciones ocurridas de su transferencia hacia las jurisdicciones locales. Variadas dificultades presupuestarias que se dieron a nivel nacional, primero disminuyendo el presupuesto en forma abrupta y luego planteando obstáculos en su implementación. En este contexto, no sólo se perjud