Responsabilidad Social Empresaria como contribución al desarrollo sustentable

Qué significa la Responsabilidad Social Empresaria (RSE)? Existe un amplio consenso con respecto a dos conceptos centrales que integran una definición actualizada de la misma.

Por un lado, el concepto de triple línea de resultados, que implica que las decisiones en una empresa se toman teniendo en cuenta el impacto económico, pero también sus consecuencias sociales y ambientales.

Por otro, la necesidad de profundizar el diálogo social con todas las partes interesadas para gestionar riesgos, obtener licencia para operar y mejorar la competitividad.

A estos dos aspectos clave le sumaría un tercero: el aporte al desarrollo sustentable con inclusión social.
Para ello, la RSE debe adecuarse al contexto local, construyendo diagnósticos y soluciones vinculadas con la identidad de las comunidades a las que pertenece.

Ahora bien, ¿qué valores persigue la RSE, cómo se gestiona y cómo la medimos? Existen tres herramientas a nivel internacional que nos permiten orientarnos en torno a la puesta en práctica de la RSE: el Pacto Global, la norma ISO 26.000 y el Global Reporting Initiative (GRI).

El Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que compromete a las empresas con un piso de valores humanitarios, a través de la adhesión a 10 principios clave de respeto por los derechos humanos y de los trabajadores, el cuidado ambiental y la lucha contra la corrupción.

La ISO 26.000, en tanto, provee una guía del estado del arte de la Responsabilidad Social consensuada por representantes del gobierno, la industria, las ONGs los consumidores, los trabajadores y la academia de 90 países que orienta a las distintas entidades en el desarrollo de una gestión socialmente responsable.

Finalmente, el GRI brinda una serie de herramientas e indicadores para que las empresas comuniquen su desempeño económico, social y ambiental a través de una rendición de cuentas periódica y relevante para sus grupos de interés.

La RSE adquiere relevancia cuando es abordada de forma integral y transversal en la gestión empresaria. Una mirada integral exige incorporar todas las dimensiones en juego. En este sentido, la norma ISO 26.000 define siete materias fundamentales de responsabilidad social: derechos humanos, prácticas laborales, ambiente, consumidores, comunidad y desarrollo, prácticas justas de operación y gobernanza organizacional. Asimismo, establece asuntos específicos para cada materia que pueden ser puestos en práctica por las diferentes organizaciones.

La noción de transversalidad implica que todas lasáreas de la empresa incorporen este paradigma a su proceso de toma de decisiones. Para ello, es indispensable el compromiso de la alta dirección en la adopción de una nueva cultura empresaria.

Articulación público-privada

La orientación estratégica de la RSE hacia el desarrollo sustentable de nuestro país y de la región latinoamericana permite no sólo una adecuación a los diferentes contextos y problemas territoriales, sino también participar de la generación de políticas públicas en el marco de la articulación público-privada.
El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad a fin de hacer converger, de una manera virtuosa, la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. En este marco, el sector empresario tiene un gran desafío por delante: aportar a la convergencia de objetivos, aún cuando existen intereses divergentes.

La articulación público-privada constituye un proceso de coordinación permanente entre el sector productivo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector público en sus tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) con el propósito de generar escala, impacto, legitimidad y mayor calidad de la política pública. Es imprescindible profundizar la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el mundo empresario. Estos procesos de articulación de actores plantean tres grandes retos: el primero es la construcción de confianza; el segundo es la superación de las asimetrías, económicas y de acceso a la información, y el tercero es la generación de consensos con efectividades conducentes.

Profundizar esta línea de trabajo implica ahondar en dos aspectos cruciales: en primer término, y con respecto a las reglas de juego, es importante debatir y consensuar el rol del Estado frente al campo de la RSE. ¿Cuál es el grado de regulación que debe tener la RSE? ¿Qué debería ser de cumplimiento obligatorio y qué de cumplimiento voluntario? ¿Cómo promover la RSE desde las políticas públicas a fin de consolidar este nuevo rol de la empresa en la sociedad? ¿Cómo incorporar en el diseño de la política social y ambiental los aportes del sector empresario?
En segundo lugar, debe propiciarse la construcción de capacidades de los actores que redunde en una profesionalización de este nuevo campo; es decir, la constitución de un mapa de competencias para la gestión de la responsabilidad social, como así también el diseño e implementación de acciones de formación para el fortalecimiento de las capacidades en los distintos actores (el sector empresario, el público y las organizaciones de la sociedad civil). Es aquí donde las alianzas con universidades e institutos de formación resultan imprescindibles.

Por último, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan el desafío de concentrar sus esfuerzos en capitalizar las iniciativas de RSE de las empresas, y así orientarlas hacia una mayor colaboración con las políticas públicas para impactar en un mejoramiento de las condiciones de vida de las diferentes comunidades.

Por: Beatriz Anchorena
Fuente: Revista Futuro Sustentable

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