El deterioro del Medio Ambiente es un asunto de todos

En los últimos años, la prevención y gestión de los conflictos ambientales, la cooperación internacional y otros tópicos se han vuelto ejes de trabajo y discusión en diversos ámbitos. Aunque algunos de ellos se remontan a tiempo atrás, el incremento de las desigualdades entre los países, la virulencia del ataque al medio ambiente, y en definitiva, la falta de preocupación por la vida de los individuos, ha llevado en las últimas décadas, a plantear modos de acción alternativos que frenen estas agresiones al planeta.

Los Estados nacionales han identificado temas prioritarios a resolver, entre los cuales figuran la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la degradación ambiental. Respecto de este último asunto –que es el que aquí interesa- su resolución no es inmediata, puesto que se encuentran obstáculos económicos y políticos que vuelven más dificultoso el camino. Todos ellos están muy conectados, y de hecho, las respuestas al impacto ambiental son generales, aunque con variantes para cada caso. Lo cierto es que no alcanza con poseer voluntad política, ya que es responsabilidad compartida por toda la sociedad lograr que el entorno no se degrade, encontrando las vías para modificar la situación a través de un trabajo multidisciplinario en el que el compromiso es el eje de cambio.

Poner a la participación en el centro de la estrategia de resolución de los conflictos ambientales significa que la Administración Pública asuma como responsabilidad la generación de nuevos espacios, donde se puedan expresar los diferentes intereses involucrados en estos problemas. Es arduo para el Estado albergar actores sociales dispersos y con discursos poco claros. Por tanto, cuando los grupos de interés surgidos de la sociedad civil cuentan con una organización y homogeneidad en el discurso resulta más sencillo entrar en la arena política. Cabe señalar que la participación ciudadana no intenta invadir espacios propios del ámbito político–técnico, sino establecer un diálogo abierto y dinámico, donde las opiniones de la sociedad sean tomadas en cuenta. Sin embargo, es un motor para evitar, en muchos casos, conflictos sociales, volviéndose un requisito esencial para el desarrollo sostenible y la cohesión social.

Uno de los objetivos principales de la participación es establecer líneas de diálogo que permitan abordar cuestiones de forma más horizontal. A tal efecto ha de cumplir con determinados requisitos: tener intenciones de cambiar la forma de hacer las cosas, ser permeable a las fuentes de información, fomentar el tejido social y buscar el consenso entre los actores intervinientes.

Para participar en los conflictos ambientales no es condición esencial poseer conocimiento científico, ya que en su desarrollo prevalece el uso de conocimiento tradicional, local, cultural, es decir, el más accesible y conocido por la sociedad civil. Este conocimiento es el que permite tener tanto visiones particulares como colectivas de los diversos actores, formando un abanico de opiniones, discursos diferentes sobre el medio ambiente (proteccionistas, ambientalistas, ecologistas, etc.).

EL ABORDAJE MÚLTIPLE

Así como es imposible considerar sólo los factores ambientales en el desarrollo de los problemas ambientales, tampoco es posible argumentar soluciones exclusivamente con el respaldo de las ciencias naturales. En cierta medida, son conflictos que requieren enfoques interdisciplinarios, por lo que el camino hacia la salida es tarea de múltiples actores. Así es que su resolución no depende únicamente de las cuestiones inherentes a lo ambiental, sino que es menester tener en cuenta el escenario en que surgen estos problemas, y la realidad de la que forman parte.

Los conflictos ambientales se suelen manifestar como conflictos con diversas connotaciones: políticas, sociales, económicas, étnicas, religiosas, territoriales, de recursos, de intereses nacionales, etc. Su origen es diverso, pero todos tienen el mismo denominador común, la degradación del medio ambiente. Ésta se refiere tanto al uso indiscriminado de recursos renovables y no renovables, así como a la falta de contemplación hacia la capacidad limitada del entorno de absorber agresiones y la falta de planificación para su usufructo futuro.

Los problemas ambientales existen cuando se asumen socialmente (Tàbara 1996). Al ser reconocidos por un elevado grupo de instituciones, es decir, colectivos para los cuales resulta relevante la cuestión ambiental, es posible hablar tanto de un conflicto ambiental como social. Las acciones y estrategias que los actores intervinientes realizan dentro del conflicto, serán el resultado de las dinámicas que el mismo conflicto genera. Es decir, que aquellos factores que influyen en las decisiones de los participantes, tendrán directa relación con la evolución propia del conflicto.

RAZONES PARA PARTICIPAR

¿Por qué es necesaria la participación mayoritaria de los ciudadanos en la problemática ambiental, y no solamente de aquellos que toman las decisiones? Las respuestas a esta pregunta pueden ser, entre otras:

Una mayor participación puede llevar a condiciones de mayor equidad.

En sentido amplio se puede decir que la participación mejora las condiciones de equidad, ya que involucra a los individuos en aspectos esenciales de sus vidas, como distribución del ingreso, condiciones de acceso a sistemas de salud y educación, y, en general, condiciones de vida. La estratificación social condiciona directamente la calidad del ambiente en el que viven los grupos humanos. Es decir, una mejor calidad de vida en términos socio-económicos está acompañada por un ambiente menos degradado. Es posible entonces que, grupos con menor capacidad de acceso a la toma de decisiones y/o para introducir temas de su interés en la agenda pública, a través de diversos mecanismos de participación, sean escuchados y, finalmente, intervengan en la determinación de prioridades.

La participación facilita que en el debate de las políticas se reconozcan intereses mayoritarios. En definitiva, cuando los individuos participan, están en condiciones de presionar para que la equidad sea un objetivo de la política pública. Asimismo, es importante la participación en temas ambientales dado que el grueso de la población está implicado, en mayor o menor medida, en conflictos de esta naturaleza. Es importante que la participación se sostenga durante todo el proceso, desde el momento en que se produce el daño ambiental hasta que se aplican las soluciones consensuadas, la definición de los objetivos de las políticas, el establecimiento de los roles implicados en ella, la rendición de cuentas entre los participantes, la creación de reglas sostenidas en el tiempo y el espacio, la promoción de la transparencia de la toma de decisiones y en las deliberaciones y la comunicación.

En el caso que sea por prevención, algunos de los actores logran colocar en la agenda pública la cuestión, por lo que el resto de los actores deberían de ser partícipes, aunque no iniciadores de la discusión. Cabe señalar, sin embargo, que participar en estas cuestiones no asegura respuestas rápidas o satisfactorias para todos. Es más, en muchos casos, suelen demorarse los resultados en función de las diversas voces que participan en el proceso de toma de decisión. Igualmente no deja de ser prioritario que amplios grupos de la sociedad puedan participar y ser protagonistas.

Porque la participación permite que los individuos dejen de ser sujetos pasivos de las políticas públicas, y se transformen en sujetos de cambio, desarrollando su capacidad de agencia e integración.

Los actores tienen diferentes recursos y capacidades, definidos por la estratificación de la sociedad en la que se desarrollan. Sin embargo, no alcanza con poseer esos recursos para intervenir en cuestiones ambientales: es preciso saber utilizarlos. Aún cuando una relación pueda resultar extremadamente asimétrica, los agentes subordinados cuentan con la capacidad para actuar de modos tales que les otorgan un mínimo de autonomía. Esta capacidad de “agencia” determinará distintas posibilidades de negociación. La noción de“agencia” atribuye a los actores la capacidad de procesar sus experiencias e idear formas de encarar los problemas aún bajo situaciones de extrema coerción: los actores sociales tienen capacidades, entre las que se destaca la de aprender (Long y Long, 1992). La agencia es la capacidad que todos los agentes mantienen y ejercen para intervenir y por lo tanto crear una diferencia, en el continuo flujo de prácticas, actividades y eventos (Cohen, 1996:170).

Permite una ampliación de la base de información de los agentes, que se traduce en la posibilidad de adoptar criterios coherentes y compatibles para hacer valoraciones económicas y sociales.

Es más probable que mejore la calidad de vida de los individuos si éstos participan de las políticas públicas, en todas sus fases de desarrollo: identificando el problema, analizando posibilidades de solución, formulando los programas y propuestas, implementando las mismas, y finalmente evaluando los resultados. Claro que esta situación ideal no es común por varias razones, entre ellas, que vuelve engorroso y lento este proceso y que otros grupos se oponen a la extensión de la participación o vetan ciertas peticiones.

Pero en caso que participen de alguna de las fases, es necesario que los individuos cuenten con información. ¿Cómo transformar esa información en propuestas concretas? Como se dijo, no basta con que los agentes tengan acceso a los recursos (en este caso informativos), sino que también tienen que saber usarlos para obtener resultados y decidir cuáles son las circunstancias apropiadas para utilizarlos (Cohen, 1996:175).

En países donde la sociedad civil recibe mejor atención por parte de los poderes públicos, el interés por ser sujetos activos de las tomas de decisiones puede desvanecerse. Un Estado-providencia pasa a reemplazar a la participación, actuando de una manera preventiva frente a los conflictos. Esta tendencia puede generar pasividad en la ciudadanía, que pasa a ser sólo receptores de políticas públicas. La cuestión es que en temas ambientales, es mas común que la que se exprese en su defensa sea la sociedad civil. Aquel gobierno que, por ejemplo, aplica políticas ambientales, que controla industrias, que posee leyes que prohíben transportes de sustancias tóxicas, es la panacea de las organizaciones ambientalistas y defensores del ambiente. Pero no es muy frecuente que esto ocurra, casi irreal, en la mayoría de los casos, tanto para países desarrollados como en desarrollo, la sociedad civil es la que apremia a los gobernantes para hacer valer la importancia del cuidado del medio ambiente.

La existencia de democracia no asegura que la participación se haga presente. Incluso, muchas veces, a mayor participación, menos eficiente es el proceso de toma de decisión. Y este proceso suele alargarse debido a alas diferentes voces que quieren ser escuchadas y demoran las diferentes fases. En otros casos, de hecho, puede haber democracia con escasa participación, volviéndose, entonces, en una democracia de baja calidad. Sigue siendo preferible mayor participación, y hasta podría ser calificada, para acelerar las decisiones.

La participación entendida como posibilidad de planificación y evaluación ayuda a transformar con eficacia y calidad los problemas específicos de la población, como la defensa del medio ambiente.

Mientras la participación no sea ordenada y con objetivos claros, es muy difícil que esta premisa se cumpla. Es necesario que el discurso ambientalista tenga forma y sea concreto para ser atendido como tal, ya que al no ser interés de todos, en muchos casos, no es masivo su conocimiento.

El Estado pretende imponer en la mayoría de los países, aún en los más desarrollados, dicotomías entre eficiencia y eficacia, reemplazando programas de políticas públicas universales por políticas focalizadas, etc. De esta manera, obliga a que las comunidades y poblaciones estén más preocupadas por mejorar su calidad de vida, siendo posible en la medida que su participación modifique las acciones sociales del Estado. Se podría contribuir a superar metodologías tradicionales basadas en la medición del costo-beneficio, en la lógica de reducción del gasto social y la reducción presupuestaria, mediante la generación de políticas destinadas a la formación de capacidades que queden incorporadas al capital humano y social.

ABRIENDO ESPACIOS

Los cuatro enunciados anteriores, van en el sentido que Tábara (2001:2) propone para el desarrollo de un conocimiento para la sustentabilidad, es decir, a través de la participación y la integración del conjunto de la población y no sólo de los grupos organizados. Es perentoria la constitución de instituciones de participación, donde los ciudadanos encuentren un espacio para decidir, discutir y pensar en común. La generación de estos espacios públicos más próximos a la sociedad civil permitiría abordar la discusión y el tratamiento consensuado de los problemas ambientales. La descentralización, entendida como la transferencia de poder, capacidades, etc. de unidades mayores a otras menores, más cercanas a la sociedad civil, es una manera de facilitar la participación.

Participando se aprende y se crea una nueva cultura, en una época donde el desinterés por participar y la pobreza cultural abundan. Es importante construir estos espacios, y que sean útiles a todos. La defensa del medio ambiente debería ser una preocupación de toda la sociedad civil, por lo que deben existir los espacios para producir y difundir estos discursos.

Una conocida teoría de la acción colectiva sostiene que existe un cálculo de costo–beneficio en la participación: la acción colectiva ocurrirá cuando los costos de ésta sean menores que los beneficios a obtener por participar. Si estos costos son más elevados, participar se vuelve irracional e innecesario. En este caso se podría pensar en incentivos selectivos, cuidadosamente aplicados.

A través de la reflexión y las acciones colectivas se podría pensar en un desarrollo sustentable.
Se presentan, entonces, tres principios útiles para generar espacios donde la participación sea posible y se obtengan resultados positivos:

1. debatir públicamente
2. decidir colectivamente
3. aceptar y ejecutar las decisiones tomadas

La participación es la resultante de metas, recursos y límites que ponen en juego los actores sociales, siendo por tanto, el producto de orientaciones de la acción común en el marco de un campo de oportunidades y restricciones para dicha acción. Involucra interacción, negociación y conflicto, siendo este último el marco general necesario para que emerja dicha acción. Si bien el conflicto cumple una función social, es deseable no llegar a esta instancia, generando las condiciones para el desarrollo de capacidades que incorporen capital humano y social.

LA PARTICIPACIÓN EN NUESTRA REGIÓN

Es posible que, para los países menos desarrollados sea necesario definir un nuevo concepto de ciudadanía. Esto podría deberse a que la falta de cobertura por parte del Estado de necesidades básicas como la educación, la alimentación y la salud pública, obliga a que los ciudadanos reclamen y discutan permanentemente problemáticas cotidianas. En este contexto el espacio para pensar el concepto de desarrollo sustentable se vuelve cada vez más utópico y difuso.

Es preciso indicar que en Latinoamérica no siempre es posible llevar a cabo este tipo de ejercicios debido a la existencia de causas en apariencia más urgentes, como el hambre, la desocupación, el hacinamiento en las grandes metrópolis, etc. Sin embargo, es de destacar que existen buenas experiencias de participación (comunidades eclesiales de base en Brasil, movimientos campesinos, organizaciones vecinales, de autogestión, etc.).

Por otro lado, es interesante destacar que mayor participación no garantiza mayor consenso. Los referendums, asambleas o forums de discusión suelen airear los espacios democráticos de expresión de la sociedad civil, sin llegar a acuerdos necesariamente. Es posible, en cambio, que se extiendan las soluciones a los conflictos si durante el proceso participaron diversos actores.

Si los ciudadanos reclaman por una mejora en sus condiciones de vida, en la salud, en la vivienda, en los servicios públicos, sería lógico pensar que un mejor ambiente es parte de estas demandas. Participar en temas ambientales puede ser un camino para que ese discurso colectivo, creado a partir de una demanda concreta, se extienda a otros espacios y se generalice.

Por: Marina Orman
Fuente: Escenarios Alternativos
www.escenariosalternativos.org

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