Agua para beber: la contaminación y la presa de Arcediano
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- El 1 febrero, 2007
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México
Corría el mes de junio de 2004, cuando el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez, acusó de “piojez mental y actitud méndiga” a los que se oponían a la construcción de la presa de Arcediano sobre el río Santiago. Con el tiempo transcurrido desde entonces, uno se pregunta si habrá cambiado en algo el nivel del debate en torno a esta presa. Y, viendo pasar el agua por debajo del histórico puente de Arcediano, el primer puente colgante de México, uno se tiene que preguntar si es posible un debate serio sobre una obra de abastecimiento de agua que afectará la salud de más de tres millones de habitantes en la zona conurbada de Guadalajara (ZCG).
Ya el puente se está “reubicando” 800 metros más abajo y están ampliando el camino para bajar en coche hasta el punto de Arcediano en la barranca Huentitán-Oblatos, un empedrado que ha de ser de la época de la construcción de las ya obsoletas presas hidroeléctricas de este tramo del río: las presas de Colimilla, Intermedia y Las Juntas.
En mayo, con la Caravana ¡Aguas! en Movimiento se recorrió ese estrecho camino, rodeado de un paisaje reseco donde prevalecía un tono pardo conforme se bajaba en este majestuoso cañón. Repentinamente, entonces, fue que aparecieron en ese panorama árido, caudalosas cascadas de agua que bajan por arroyos empinados y pasan estruendosas por debajo de pequeños puentes. En ese entonces, cuando las lluvias se habían vuelto una memoria algo lejana, ¿de dónde es que venían estos afluentes? La respuesta se encontraba, curiosamente, en el aire; porque es el olor, aun antes de percibir el color o la textura del agua, el que te confirma —sin querer— que son las aguas negras de la perla tapatía las que van bajando para alimentar a este río, uno de los más contaminados del país.
Con ese olor hediondo, penetrante en la nariz, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se quiere construir una presa aquí para proveer de agua potable a la segunda urbe del país?
El debate sobre la construcción de la presa de Arcediano es fundamentalmente de salud pública, un debate sobre el derecho de la población a la salud y a disponer de agua limpia. Es, además, un caso que deja ver los graves impactos ocasionados por el mal manejo de una de los sistemas hídricos más importantes del país, el de la región Lerma-Chapala-Santiago.
De esta presa, impulsada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) Jalisco y el gobierno del estado, proyectan bombear 10.4 metros cúbicos por segundo a una altura de 580 metros a una planta de potabilización. La presa tendría una cortina de 125 metros de altura y una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua. Implicaría, a su vez, la deforestación de mil 300 hectáreas de esta zona rica en endemismos y la posterior inundación de 800 hectáreas, todo esto con un costo de 3 mil 900 millones de pesos.
Un proyecto inviable
Mientras las empresas Constructora Sangangüey Corporativo SA de CV, Servicios Constructivos e Ingeniería, Alfra Ingenieros y T’dconcrefocc, trabajan en caminos y la reubicación del puente, los estudios de la calidad del agua siguen poniendo en duda la viabilidad de la obra. Y es que, desde su nacimiento en el lago de Chapala, el río Santiago recibe múltiples descargas de aguas residuales tanto industriales como municipales, principalmente del corredor industrial Ocotlán-El Salto y de la ZCG.
Aunque las autoridades aseguran que el agua tendrá la calidad necesaria, otros estudios ponen en duda esta aseveración. Es el caso del reporte elaborado en febrero de 2006 por la QF Mercedes Lu, asesora técnica de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-LAW) de Estados Unidos, con base en un estudio realizado por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara.
En noviembre de 2005, Enrique Dau Flores, director de la CEAS, enfatizó que la presencia de metales pesados en el lecho del río Santiago y de su afluente, el río Verde, no representaba ningún problema real ya que los metales pesados no se diluyen en el agua. De hecho, Dau Flores declaró en este sentido que: “No hay ninguna posibilidad de que se reincorporen al agua” (Público, 10 de noviembre de 2005).
Sin embargo, el reporte mencionado contradice estas declaraciones. Allí, se hace énfasis en la presencia en los ríos de altas concentraciones de manganeso, un elemento cuya presencia en aguas y sedimentos “puede causar reacciones de oxidación y reducción sobre otros metales como arsénico y plomo”. Así, estos metales contaminantes “se desprenden a la corriente acuosa”, reincorporándose al agua.
El reporte indica, además, que el río Santiago está contaminado por compuestos de alta toxicidad, tales como hidrocarburos policíclicos aromáticos, benceno, tolueno, fenol y tetracloroetano. Varias de estas sustancias son reconocidas como carcinogénicas, mientras que otras tienen efectos adversos para el sistema nervioso.
Es debido a los altos niveles de contaminación que el citado reporte concluya que “no es posible conocer… la viabilidad del uso de esta agua para consumo humano”. Se hace notar, en este sentido, que se carece de la información “que garantice técnica y objetivamente que la calidad del agua que se pretende distribuir a la ciudadanía proveniente de los ríos Verde y Santiago sea segura para la población”.
Estudios a la medida
El estudio del CUCEI/UdeG, cuyos resultados analizó la QF Lu, fue realizado en convenio para la CEAS. Sin embargo, las conclusiones de este Estudio para la caracterización de los lodos de los ríos Verde y Santiago resultaron incómodas. Señala, por ejemplo, la presencia de metales pesados en el lecho del río Santiago en todos los sitios muestreados e indica que algunos de los compuestos orgánicos encontrados “son muy peligrosos para la salud humana”.
De manera importante, recomienda asimismo un monitoreo constante de ambos ríos por el variado tipo de contaminantes, los que “una planta de potabilización ‘convencional’ como con la que se están haciendo pruebas piloto en el sitio Arcediano, no es capaz de eliminar”.
Aparentemente, el estudio disgustó a la CEAS, a pesar de que este mismo organismo fue el que lo encargó. Posteriormente, elaboró un dictamen técnico para descalificarlo. En el primer tomo de este estudio, uno encuentra el extenso dictamen que busca invalidar los resultados del mismo, cuestionando su “confiabilidad” y “credibilidad”.
¿Sus preocupaciones por el estudio se habrán externado de haberse tenido conclusiones más favorables? ¿Cuál es el papel de la ciencia cuando los estudios los manda hacer el organismo que promueve el proyecto? La CEAS juega a ser juez y parte.
Pan y circo
El mismo día en que la caravana bajó a la casa de Guadalupe Lara, la única residente de Arcediano que sigue defendiendo sus derechos con amparos en contra de la construcción de la presa, aparecieron notas con encabezados en los periódicos locales en que se leía: Harán análisis del impacto a la salud en Arcediano; Estudiarán la sanidad de presa; Estudios de impacto a la salud podrían alterar el proyecto de Arcediano: OPS. Es que, el día anterior, Dau Flores y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, el Dr. Jacobo Finkelman, indicaron que esta Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud emprendería un estudio sobre los impactos a la salud de la presa de Arcediano. Precisaron incluso que el estudio estaría terminado a finales de este año o principios del 2007 y que tendría un costo aproximado de 180 mil dólares.
En cuanto a sus motivos para realizar este estudio, Dau Flores señaló que: “estamos atendiendo una petición de la opinión pública” (La Jornada Jalisco, 26 de mayo de 2006). Dejó en claro, además, que la opinión pública no iba a estorbar el camino, al declarar que las obras para la presa iniciarían en junio tal y como estaban programadas, sin importar cuales conclusiones podría arrojar la investigación de la OPS.
Ya pasada la caravana, y con la asignación de las primeras licitaciones para la construcción de la presa, no hay seguridad de que el estudio no sea más que un ejercicio de relaciones públicas. “No es una condición previa para poder iniciar” decía Dau Flores del estudio, “Siempre establecimos con toda claridad que éste es un estudio complementario… pero no es de ninguna manera una condición previa para las obras. Tampoco hay riesgo de modificar el proyecto”, (Público, 2 de julio de 2006). En contraste con esta actitud, la Organización Mundial de la Salud señala, con respecto a estudios de impacto a la salud (EIS), que: “para influenciar el proceso de toma de decisiones, las recomendaciones del EIS deben llegar a las personas que toman las decisiones mucho antes de que tome cualquier decisión acerca de la propuesta”.
La salud de más de tres millones de personas se vuelve una cuestión de declaraciones y relaciones públicas, en tanto que el prometido estudio aún no inicia y avanza la adjudicación de contratos.
Recordamos que en su primera audiencia pública en la Ciudad de México, del 13 al 21 de marzo pasado, el Tribunal Latinoamericano del Agua para el caso de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico resolvió: “exhortar a las autoridades competentes para que ordenen la suspensión de las obras de construcción de la presa del Arcediano, hasta en tanto se realice un estudio integral sobre las implicaciones a la salud humana”.
En este mismo sentido, el 22 de agosto pasado se presentó una carta firmada por más de 60 investigadores, artistas y defensores de derechos humanos de 11 países de América, Europa y Asia —incluyendo Eduardo Galeano, Carlos Monsiváis, Tony Clarke, Maude Barlowe y don Samuel Ruiz, entre otros— donde se exige a las autoridades federales y estatales detener las obras para la presa y realizar “un estudio integral de impacto a la salud de la presa de Arcediano, que incluya un análisis epidemiológico de los impactos de la contaminación en la salud de la población”.
Críticas, revés y otra vez: el proyecto sigue inviable
El 14 de enero de 2004, se conformó el Comité Técnico de Análisis del Proyecto Arcediano, integrado por científicos de la Universidad de Guadalajara incluyendo geólogos, hidrólogos, ambientalistas, geógrafos, abogados, politólogos, expertos en salud pública, etc. Este comité presentó en mayo de ese año, su estudio llamado Evaluación sobre la viabilidad del proyecto Arcediano. Los resultados cuestionaron desde diversos ángulos la viabilidad del proyecto; su primera conclusión determina que: “En este momento… no hay certeza de que el Proyecto Arcediano sea viable en términos económicos, de salud pública, ambientales y de beneficio social en el abastecimiento del agua requerida por la zona conurbada de Guadalajara (ZCG)”.
Posteriormente, y en lo que fue considerado un revés en la postura de la U de G, se conformaron equipos de trabajo conjunto con investigadores de la universidad y funcionarios de la CEAS. Sus conclusiones distan mucho de ser contundentes, donde incluso señalan que: “No fue presentada información alguna en materia de impacto a la salud y análisis de riesgo, por lo que queda como una tarea pendiente para el Proyecto Arcediano”, sin embargo, al concluir este proceso se difundió la “aprobación” de la U de G del proyecto.
Resulta interesante entonces el libro que sin mayor eco publicó la misma U de G en enero del 2006, presentando tanto el primer estudio, como las conclusiones del trabajo con la CEAS, con una serie de ensayos de los expertos universitarios profundizando en el análisis de la presa de Arcediano. Allí, encontramos que en materia de salud pública se sigue considerando que: “las condiciones sanitarias tan deficientes en que se encuentran los ríos Verde y Santiago… convierte al sitio Arcediano en un factor de riesgo que puede propiciar la ocurrencia de diversos padecimientos entre la población”. La introducción a este libro señala para el Proyecto Arcediano que: “con base en los análisis y estudio efectuados por los científicos participantes no se tiene la plena certeza de que sea viable en términos sustentables”.
Mientras tanto, la obra sigue.
Y, ¿no hay otras opciones?
Dándose cuenta de los altos niveles de contaminantes (y el riesgo que esto implica para la salud pública), surge la pregunta de si esta sería la única opción para abastecer de agua a la ZCG. En este sentido, Juan Manuel Durán y Alicia Torres, investigadores de la U de G, manifiestan que cualquier proyecto de abastecimiento de agua potable debe: “tener dos vertientes de análisis —la demanda y la oferta— determinadas por dos restricciones: la calidad del agua y su uso eficiente”.
Del lado de la oferta, entonces, llama la atención la falta total de preocupación por conservar el agua con que ya se cuenta. Actualmente, en la ZCG se pierde del 40 al 45 por ciento del agua en la red de distribución. Por otra parte, del lado de la demanda, la CEAS contempla, al justificar que le hace falta agua a la ciudad y que por ende existe una necesidad de construir la presa, una dotación promedio de 280 litros por habitante por día. Esto cuando en lugares como Alemania, el consumo promedio diario es de 130 litros por persona.
Actualmente, la fuente principal de agua potable para la ZCG es el lago de Chapala. Consideramos que si hubiera un manejo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala y si se cumplieran los acuerdos para la distribución de agua en la misma, Chapala podría seguir siendo una de las fuentes de agua para la ciudad sin poner en riesgo al lago. En ese caso, no habría ninguna necesidad de invertir en grandes obras de infraestructura, sino de buscar una verdadera restauración de esta cuenca caracterizada por la sobreexplotación y contaminación del líquido.
Existen opciones sin explorarse. Por ejemplo, un especialista de la U de G, Ing. José Arturo Gleason, en su publicación sobre el aprovechamiento de aguas pluviales indica que en Guadalajara: “se precipitan aproximadamente 300 millones de m3 y no se aprovechan”. Lo que hace falta, plantea Gleason, es “mayor investigación y trabajo” en el tema del “aprovechamiento de aguas pluviales en Guadalajara”.
Encrucijada
Las promesas del gobierno son el saneamiento de los ríos y la potabilización del agua proveniente de la presa. Al analizar a detalle sus planes, sin embargo, lo que sobresale son los vacíos. No se han presentado estudios técnico-económicos de potabilización de agua donde se demuestre cómo los compuestos tóxicos encontrados serán removidos eficaz y eficientemente.
En los proyectos que se han presentado también hay vacíos. Parte de las aguas negras de la ZCG pretenden canalizarse por un túnel colector al margen del río Santiago para enviarlas a una planta de tratamiento. Sin embargo, el colector, adecuado para mover 3 mil litros por segundo no tiene la capacidad para contener los excedentes en época de lluvias cuando los drenajes llevan 5 mil litros por segundo o más. De esta manera, en la temporada de lluvias, se desbordarían al embalse aguas negras sin tratamiento, un hecho reconocido públicamente por funcionarios de la CEAS.
“¡Que se la tomen! ¡Que se la tomen!” fue la consigna de los integrantes de la caravana el 26 de mayo pasado, mientras entregaban a algunos miembros del congreso jalisciense botellas de agua llenados in situ en Arcediano ese mismo día. Obviamente, nadie esperaba que alguien probaría ni un sorbo de esa agua maloliente y opaca; incluso se tomó la precaución de ponerse guantes antes de manipular semejantes botellas.
¿Llegará el día en que la mayoría de los habitantes de Guadalajara reciban esta agua? ¿Cuáles serán las consecuencias para quien la tome o quien con ella se bañe, lave sus trastes, cocine sus alimentos, etc.? ¿Habrá un estudio integral de impacto a la salud para esta obra y se acatarán los resultados?
Abajo, en Arcediano, lo que uno encuentra no son respuestas sino el mismo río de aguas hediondas con sus manchas de espuma, pasajeras gratuitas en su recorrido hacia el mar. En esta barranca, se perciben las consecuencias de convertir ríos en cloacas, de abrir nuestros arroyos, canales, lagos y corrientes a la descarga de cada fábrica que quiera instalarse, a dejar que nuestras ciudades envenenen su propio entorno.
El pasado 27 de abril, vino el presidente Fox para hacer entrega de recursos federales para la presa. Del lado estatal, se anuncia financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero fluye, así como las licitaciones y la asignación de obras, pero la pregunta clave permanece sin respuesta: ¿Será posible potabilizar esta agua?
Mientras tanto, la obra sigue…
Por: Cindy McCulligh
Investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), AC
Correo electrónico: [email protected]
Fuente: La Jornada ecológica
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