Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el Caribe. Parte 9

Introducción

Este artículo presenta el tema de los residuos electrónicos desde la perspectiva de la política pública de inclusión digital del Gobierno de Brasil y de la gestión de tecnología de información de la administración pública federal. El eje es el Proyecto Computadores para Inclusión¹, que promueve el reuso social de equipos informáticos y formación profesional a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El texto describe el proyecto en el escenario de la política pública de inclusión digital, los resultados obtenidos hasta diciembre 2009 y la inserción del tema de los residuos electrónicos desde este punto de vista.

El contexto del Proyecto Computadoras para Inclusión

El Proyecto Computadoras para Inclusión (Proyecto CI) es una iniciativa que involucra la administración pública federal, gobiernos locales, sector privado e instituciones sin fines de lucro para la oferta de equipos de informática reacondicionados en condiciones de funcionamiento pleno dirigidos a telecentros comunitarios, escuelas públicas, bibliotecas y otros proyectos de inclusión digital. Su reto principal es construir una red nacional de reaprovechamiento de equipos de informática usados, descartados por la iniciativa pública y privada, para reuso en la política pública de inclusión digital.

Esta red es conformada por Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC), ubicados en regiones periférica de las principales metrópolis del país. Los CRC realizan el proceso de recuperación de los equipos a partir de la capacitación profesional de jóvenes de segmentos sociales desfavorecidos.

El trabajo formativo permite que los jóvenes desarrollen habilidades de alto valor en el mercado profesional, y también rescaten su identidad y autonomía, constituyéndose como ciudadanos plenos.

Para asegurar el flujo de equipos de informática usados, el Proyecto CI ha definido normas y mecanismos que permiten a la administración pública federal el descarte continuo de equipos y su destino a las plantas de reacondicionamiento.

También ha implantado mecanismos de decisión democrática respecto al destino de los equipos reacondicionados, según criterios consensuados a partir de la Coordinación Nacional del Proyecto y del Comité Técnico de Inclusión Digital del Gobierno Federal². Iniciado como parte de la política pública de inclusión digital de Brasil, el Proyecto CI hace puente de ésta con las temáticas de la juventud, el medio ambiente y de la gestión pública de recursos de tecnología de la información, como se presentará a continuación.

La política pública de inclusión digital de Brasil

El Proyecto CI es una de las acciones de la política de inclusión digital del Gobierno Federal de Brasil. Desde 2003, la administración pública federal ha actuado de manera más vigorosa en diálogo con la sociedad civil organizada y los gobiernos de Estados y municipalidades. El reto principal es la constitución de una infraestructura pública y comunitaria de acceso a las tecnologías de la información y comunicación – TIC, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los equipos, lenguajes y redes, permitiéndoles participar plenamente de la vida social y, sobre todo, asegurar sus derechos.

Para implantar esta política, se han involucrado organizaciones no-gubernamentales, la iniciativa privada y otras esferas de gobierno. El papel del Gobierno Federal es principalmente el de articular, inducir y apoyar las iniciativas, incluso con recursos financieros.

La conformación de la política pública de inclusión digital de Brasil involucra este conjunto de actores, y sigue en crecimiento continuo en todo el país. La diversidad y cantidad de iniciativas indica que la inclusión digital ya es una política de relevancia para la sociedad. El debate entre los diversos actores involucrados tiene espacio junto al Gobierno Federal de manera continuada desde el 2003, con la realización anual del “Taller para la Inclusión Digital”, evento promovido por el Comité Técnico de Inclusión Digital conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y con el apoyo de empresas estatales y privadas. Estos eventos permitieron ampliar a un nivel nacional los principios y directrices aprobados en el comité en 2004.

Las directrices de inclusión digital del Gobierno Federal visan la promoción de acceso cotidiano por los ciudadanos a las redes, equipos y en especial al dominio de las habilidades relacionadas al uso de las tecnologías de información y comunicación. La inclusión digital en esta visión comprende este conjunto de elementos como fundamentales para la consolidación y garantía de derechos de la ciudadanía, y no solamente para la cualificación profesional o el consumo de productos.

Siguiendo estos principios, las líneas maestras de acción de la política de inclusión digital del gobierno son: a) incentivos a la adquisición individual de computadoras; b) diseminación de espacios de uso público y comunitario, sin fines de lucro, para la apropiación colectiva de las TIC (telecentros); c) uso intensivo de TIC en la educación pública, para contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y a la alfabetización digital; d) ampliación de la cobertura de banda ancha de internet en el territorio nacional; y e) apoyo a la cualificación de espacios comerciales de uso de las TIC (lanhouses).

Para organizar informaciones acerca de las distintas iniciativas, el gobierno ha creado, en alianza con la sociedad civil, el Observatorio Nacional de Inclusión Digital³, ambiente virtual en el que se reúnen registros telecentros en actividad, el apunte georreferenciado de estas unidades en el mapa del país, estadísticas acerca de los telecentros registrados, materiales de referencia y encuestas en el tema de la inclusión digital. Las bases son importantes herramientas para el monitoreo continuo de las acciones implementadas. El observatorio tiene un papel activo de elaboración de indicadores junto a sectores de investigación y en la implantación de políticas de inclusión digital, y sirve de mecanismo de transparencia y control de las iniciativas por parte de la sociedad.

El Proyecto CI en la política pública de inclusión digital

El gran impulso de la línea maestra de incentivo a la adquisición individual de computadoras se inició el 2005, con el programa Computador para Todos⁴. A partir de incentivos fiscales para la disminución del precio y financiamiento de la compra, el número de ventas de equipos de informática para uso individual ha disparado. La exención de impuestos y contribuciones se aplica a equipos de informática producidos en Brasil que atiendan a límites de precios correspondientes a una configuración básica de hardware y software.

El programa ha contribuido a aumentar las ventas de computadoras personales, provocando incluso la reducción de precios de equipos de configuraciones más avanzadas, y la reducción del mercado gris⁵ de una participación de 68% en 1999 para 35% en 2009. La iniciativa propulsó la caída de precios de computadoras nuevas, ampliando las oportunidades de descarte de los equipos usados y su reutilización a partir del Proyecto CI. Otra vertiente de la política de inclusión digital que se relaciona con el proyecto es la implantación de centros de acceso público y comunitario a las tecnologías. Esta línea incluye inversiones en conexiones a internet, equipos de informática, recursos humanos y capacitación, con miras a que los telecentros y otros locales de uso público posibiliten el uso constante de las tecnologías por todos los segmentos de la población, principalmente por aquellos cuyas condiciones socio-económicas imponen límites al ejercicio de la ciudadanía.

Desde 2003, el gobierno promovió la implantación de más de 10 mil espacios colectivos de inclusión digital, en escuelas, bibliotecas, telecentros comunitarios, entre otros, a partir de distintos programas⁶. En octubre del 2009, el Gobierno instituyó el Programa Nacional de Apoyo a la Inclusión Digital en las Comunidades – Telecentros.BR, con el reto de organizar las demandas y coordinar las ofertas de apoyo a estos espacios, contemplando la cualificación de telecentros existentes y la implantación de nuevas unidades.

Principal iniciativa de reaprovechamiento de computadoras a nivel nacional, el Proyecto CI apoyará el Programa Telecentros. BR a partir del 2010, ofreciendo kits estándar de equipos reacondicionados para el fortalecimiento de las unidades de inclusión digital de carácter público y comunitario. Por otro lado, el Ministerio de Planeamiento (MP) da orientaciones a los telecentros apoyados acerca del destino de equipos de informática recibidos en donación al término de su vida útil.

La vertiente de apoyo a la inclusión digital en las escuelas públicas se concreta en el programa de uso intensivo de TIC en la educación, promovido por el Ministerio de la Educación (MEC)⁷. Contempla la compra e instalación física de equipos nuevos en laboratorios de informática de escuelas públicas, la cualificación de maestros en el uso de las TIC, la producción y libre utilización de objetos educacionales digitales, la oferta de formación universitaria a distancia, la conexión a internet de las unidades educacionales, la iniciativa Una Computadora por Estudiante, y el incentivo fiscal como estímulo a la adquisición de notebooks por maestros.

El Proyecto CI también participa en la política de educación, ofreciendo equipos reacondicionados para la ampliación decapacidad de los laboratorios de las escuelas públicas y de los polos de educación continuada de maestros. El Ministerio de Educación participa en la Coordinación Nacional del Proyecto CI, y el trabajo conjunto garantiza la racionalidad en la distribución de equipos nuevos y reacondicionados.

En términos de disponibilidad de conexión a internet en banda ancha para todo el territorio nacional, hubo avances importantes en los últimos años en Brasil. Mientras se estudian mecanismos para la universalización de las telecomunicaciones digitales, el Gobierno Federal, desde el 2003, ha conectado en banda ancha por satélite más de 7.200 laboratorios de informática de escuelas y telecentros, y cambió metas de universalización de empresas de telefonía fija para que todas las escuelas públicas de región urbana estén conectadas a internet hasta el 2010. El acuerdo de cambio de metas incluye, aún, la llegada del backhaul de internet a la ‘puerta’ de todas las 5.564 municipalidades del país en el mismo período. La ampliación de la disponibilidad de internet en banda ancha permite que las computadoras reacondicionadas donadas por el Proyecto CI sean herramientas para la inclusión digital efectiva de los ciudadanos. En la sociedad en red, la conectividad es parte fundamental del proceso de uso de las TIC con vistas al fortalecimiento y la garantía de derechos de ciudadanía a todos los individuos.

El parque de equipos de informática en Brasil

El Proyecto CI fue concebido en el año 2004 como parte de la política del Gobierno Federal de Brasil para la inclusión digital.

La computadora personal era, y todavía se mantiene, el equipo de uso mayoritario para promoción de la inclusión digital de manera efectiva frente a las tecnologías disponibles.

Desde allí, el parque instalado de computadoras de mesa (desktops) y notebooks en Brasil ha aumentado de alrededor de 10,6 millones para un estimado de 60 millones de unidades, con un flujo de entrada de equipos nuevos aproximado de 12 millones de máquinas en el año 2009 (FGV 2009). La ABINEE (2009) estima que 2,2 millones de personas adquirieron su primer computador personal el año 2006.

Impulsado por el programa Computador para Todos y la exención de impuestos, el mercado de bienes de informática ha crecido y los precios de computadoras personales nuevas de configuración básica se encuentren alrededor de R$ 800⁸.

Aunque positivos, estos logros todavía no alcanzan un porcentaje significativo de la población cuyo ingreso mensual es muy bajo, o aquellos que no poseen habilidades de uso de las TIC. Datos del Comité Gestor de la Internet Brasil⁹ indican que el 61% de la población del país nunca había tenido acceso a la red mundial de computadoras en 2008 (CGI 2009: p. 45).

El cuadro apunta a la necesidad de avanzar con la política de inclusión digital, y el Proyecto CI tiene como reto principal contribuir en este sentido, mediante el reaprovechamiento de equipos de informática de manera integrada a las acciones estratégicas descritas anteriormente. Por otro lado, el escenario también permite evaluar como aspecto positivo del proyecto el hecho de involucrar jóvenes en situación de vulnerabilidad social en los procesos de reacondicionamiento de las computadoras, ante la ampliación del mercado de trabajo en el área de tecnología de la información en el país. Además, el contexto seguramente indica la necesidad de avanzar en términos de políticas públicas que consideren el impacto ambiental y la gestión de recursos de TI. Así, el mismo escenario de desarrollo de la inclusión digital nos brinda el tema de los residuos tecnológicos como objeto de políticas públicas.

Reacondicionamiento e inclusión digital

Desde la década de 1990, computadoras usadas del parque nacional de equipos, cambiadas por nuevas, han sido destinadas a iniciativas de inclusión digital en Brasil. A partir del 2004, estos procesos ganaron mayor escala, sobre todo mediante donaciones directas de las empresas privadas y estatales a distintas iniciativas de reuso social por todo el país.

Sin embargo, muchas de las instituciones beneficiarias de equipos donados no logran aprovecharlos cuando estos no pasan por reacondicionamiento y adaptación sistemáticas. El conocimiento técnico y recursos necesarios están ausentes en los donantes finales, generando frustración e ineficacia.

Suelen obtener más éxito iniciativas alternativas que incluyen el aprendizaje de reaprovechamiento de los equipos por los beneficiarios finales. En Brasil, se puede destacar como experienciade la sociedad civil en este sentido los encuentros, formación e investigaciones que promueve el grupo informal “metareciclagem”¹⁰, que trabaja en la reconstrucción del sentido de la tecnología a partir de computadoras usadas combinando distintos lenguajes (música, pintura, audiovisual, fotografía, danza, artesanía). Estas metodologías han sido incorporadas en programas de inclusión y cultura digital del Gobierno Federal, como Casas Brasil y Puntos de Cultura. La metodología trabaja con pequeña escala de equipos usados, y fomenta unidades descentralizadas y usos creativos de las partes y componentes.

De manera distinta, a partir de las experiencias acumuladas, el Proyecto CI trabaja con el reto de articular una red nacional de colaboración para recolectar, procesar y distribuir donaciones de equipos usados a nivel nacional a gran escala, garantizando la calidad para el reuso en iniciativas públicas y comunitarias, combinado a la vez la formación profesional de jóvenes.

Desarrollo del Proyecto CI

Inspiración internacional

Las iniciativas de reacondicionamiento a nivel nacional de Canadá y Colombia han servido como modelos y fuentes de información para la concepción del Proyecto CI en Brasil. En Canadá, el programa Computer for Schools¹¹ cuenta con plantas de reacondicionamiento de equipos de informática de distintas dimensiones por todo el país. Ha entregado más de 900.000 computadoras desde el 1993 y provee 25% de las necesidades de equipos de las escuelas en el país. Computadores para Educar¹² en Colombia se inició en el año 2000 y ha destinado más de 230.000 computadoras reacondicionadas a un número superior a 16.000 escuelas, con apoyo de la iniciativa canadiense.

Inspirado en estos ejemplos internacionales, Computadoras para Inclusión ha sido diseñado para crear una red nacional de reacondicionamiento de equipos de informática usados, oriundos de las iniciativas pública y privada, recuperados por jóvenes en procesos de formación profesional, y destinados a escuelas públicas, telecentros comunitarios, bibliotecas y otros proyectos de inclusión digital. La propuesta del proyecto se ha desarrollado a partir de tres ejes interdependientes:

(i) la conformación de su modelo jurídico-institucional; (ii) la constitución de la instancia de coordinación y articulación del Proyecto; y (iii) la implantación de centros de reacondicionamiento pilotos.

Modelo jurídico-institucional

La consolidación del modelo jurídico-institucional permite la captación de equipos usados, su procesamiento en los CRC y posterior destino a los proyectos de uso. El modelo involucra Gobierno Federal, empresas donantes, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y comunidades beneficiarias de los equipos reacondicionados.

Este proceso tuvo inicio con el establecimiento de procedimientos sistemáticos y continuos de descarte y donación de equipos considerados obsoletos por la administración federal para las instituciones responsables por CRC, por medio de un decreto presidencial. El próximo reto es lograr donaciones de empresas privadas bajo condiciones de estabilidad y seguridad jurídico-legal, mediante procedimientos simples y ágiles. También se definió un modelo jurídico-legal de referencia para la creación de los CRC, contemplando la naturaleza jurídica, la inserción institucional, sus finalidades, estructura y el personal. La sistematización de un modelo para CRC fue utilizada para iniciar la diseminación de plantas a nivel nacional, y está en continuo perfeccionamiento.

A partir del modelo jurídico-institucional se instauró la gerencia ejecutiva del proyecto, a cargo de la Secretaría de Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de Planeamiento (SLTI/ MP), en interlocución constante con la Coordinación Nacional (que será descrita en la próxima sección).

La gerencia organiza la información referente a directrices y estándares, la captación de donaciones, la recepción de demandas por equipos reacondicionados y el destino de ellos a los proyectos aprobados por la coordinación.

Uno de los éxitos del eje jurídico-institucional ha sido la publicación del Decreto Presidencial conteniendo normas y procedimientos para agilizar las donaciones de equipos en desuso por los órganos e instituciones de la administración pública federal. Aunque el decreto no se aplique a las empresas estatales, parte de ellas ya ha determinado en sus normativos internos los mismos procedimientos, ofreciendo soporte a donaciones de equipos usados en escala al Proyecto.

El Decreto n.º 6.087/2007 ha cambiado parte del Decreto n.º 99.658/1990, y determinó que los órganos públicos informen a la gerencia ejecutiva del Proyecto CI las cantidades y configuraciones de equipos de informática en vías de descarte. Esta, a su vez, apunta el CRC en mejor condición de recepción de los equipos. La donación se celebra directamente entre el órgano donante y la institución responsable por el CRC.

Coordinación Nacional y gerencia ejecutiva

En el segundo eje, el proyecto ha constituido una instancia de coordinación y articulación nacional, integrada por representantes de los Ministerios de Planeamiento (MP), de la Educación (MEC), del Trabajo y Empleo (MTE) y del Medio Ambiente (MMA), de los centros de reacondicionamiento y de instituciones que los apoyan a nivel nacional: las empresas públicas de informática Serpro y Dataprev. La coordinación se reúne cada tres meses para deliberar acerca del destino de los equipos reacondicionados y para el acompañamiento e intercambio de experiencias.

La participación del MEC, tal como se mencionó anteriormente, permite racionalizar la distribución de equipos para informatizar a las escuelas del país. Estas escuelas son el destino de parte de los equipos reacondicionados por la red nacional de CRC, con el reto de aumentar la capacidad de los laboratorios de informática integrantes de la política pública de uso intensivo de TIC en la educación.

El MTE se integra a la propuesta del Proyecto CI de ofrecer, en los centros de reacondicionamiento, oportunidades para la formación profesional de jóvenes de las periferias urbanas, oriundos de familias de bajo ingreso. El MMA participa de la Coordinación Nacional desde el 2008 y la actualiza acerca de la política nacional de residuos sólidos, en el ámbito de la cual se plantea la integración de las iniciativas de reacondicionamiento de computadoras como parte de las actividades para disminución del impacto ambiental de residuos electrónicos.

Los centros de reacondicionamiento presentan en la Coordinación Nacional sus desafíos y resultados, intercambian experiencias y soluciones, y buscan el apoyo de los órganos miembros y aliados para el mejoramiento continuo de sus procesos. Las instituciones de apoyo al proyecto a nivel nacional contribuyen con la donación de equipos usados, expertise técnica y capacidades institucionales propias, haciendo presentes múltiples puntos de vista acerca del desarrollo de la iniciativa y de los CRC. La Coordinación Nacional actúa también como cámara de ajuste de distribución de donaciones recibidas y de equipos distribuidos a beneficiarios. El arreglo institucional del Proyecto es así validado junto a los actores involucrados bajo formatos flexibles y participativos.

Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC)

El tercer eje de desarrollo del proyecto ha consistido en el establecimiento de CRC pilotos, como nodos fundamentales de la red nacional de recuperación de equipos para la inclusión digital. Los centros fueron implantados mediante unacolaboración entre el Gobierno Federal, los agentes públicos regionales y locales, y organizaciones no-gubernamentales, de forma a realizar pruebas, ajustes y validación de los modelos institucional y operacional delineados.

Los centros están ubicados en regiones periféricas de metrópolis importantes, en las que el mercado de equipos de informática usados provee a los centros con donaciones regulares en escala suficiente. Los centros también trabajan para la elaboración y validación de metodologías de formación profesional de los jóvenes, ampliando sus posibilidades de inserción en el mercado. Tras las experiencias acumuladas en los centros piloto y el modelo inicial validado, el Proyecto inició su expansión a todas las regiones del país, sin perder la perspectiva de mejoramiento continuo del diseño original.

Se involucran en la implantación y funcionamiento de los CRC organizaciones no-gubernamentales calificadas como OSCIP¹³ o de Utilidad Pública¹⁴ reconocidas a nivel federal. Estas calificaciones les permiten recibir bienes en desuso por parte de la administración pública federal, conforme determina el Decreto Presidencial n.º 99.658/1998, alterado por el de n.º 6.087/2007. Las instituciones que implantan los CRC son apoyadas con recursos financieros por el Gobierno Federal y cuentan también con la colaboración de alianzas y contrapartes locales. Proveen, así, el ambiente administrativo para la instalación y operación de la planta de reacondicionamiento.

Cada CRC funciona de manera autónoma, realizando el proceso de reacondicionamiento y formación de jóvenes, contemplando las actividades de recolecta¹⁵/recepción de equipos, procesamiento, empaquetamiento, entrega y garantía (por un período de seis meses). Este proceso es apoyado por medio de la aplicación de estándares y de la utilización de recursos e insumos proporcionados por la gerencia ejecutiva del Proyecto a partir de las deliberaciones de la Coordinación Nacional. Todas las computadoras reacondicionadas son configuradas con software libre (Linux), entregando licencias de uso de software.

Desde noviembre 2009, los equipos reacondicionados son configurados con una herramienta de recolecta automatizada de datos (CACIC – Configurador Automático y Colector de Informaciones Computacionales), software libre de monitoreo de patrimonio desarrollado por la empresa pública federal Dataprev, aliada del Proyecto CI. La herramienta permite el flujo continuado de informaciones desde el beneficiario final de los equipos a una computadora servidora central, permitiendo su monitoreo por la gerencia ejecutiva del proyecto y los CRC.

La información sobre la entrada y salida de donaciones es centralizada en el ámbito de la gerencia ejecutiva del Proyecto CI, para la planificación operacional de los CRC. Son prioritarias las entradas de donaciones de equipos usados de larga escala, para que los insumos de cada planta mantengan un flujo constante y equilibrado. La centralización todavía no impide la realización de contactos y negociación por cada CRC, desde que las donaciones sean registradas y compatibles con las directrices nacionales. La salida de equipos sigue las deliberaciones de la Coordinación Nacional, con entrega distribuida entre los CRC por proximidad de proyectos beneficiarios siempre que sea posible.

Resultados del Proyecto CI

En el inicio del 2010, Proyecto Computadoras para Inclusión tiene un modelo jurídico-institucional definido, abierto para evolución permanente, cinco centros de reacondicionamiento implantados y dos en implantación, contemplando todas las regiones del país. Fueron recibidos en donación más 40.000 computadoras usadas desde el 2006, y los CRC habían entregado 9.201 equipos reacondicionados a 582 escuelas y bibliotecas públicas, telecentros comunitarios y otros proyectos de inclusión digital hasta diciembre 2009. Más de mil jóvenes recibieron certificados de conclusión de su formación por los CRC. La perspectiva es de diseminación de más centros por el país para los próximos años.

Los CRC piloto, el primer inaugurado en el 2006, empezaron actividades recibiendo donaciones de equipos, partes y componentes con más flexibilidad en cuánto a estándares de aceptación. Dicha flexibilización fue considerada importante para conquistar donantes regulares a larga escala. Con la introducción del Decreto Presidencial que obliga a los órganos de la administración federal informar al MP acerca de los bienes de informática en desuso, la aceptación de donaciones ha sido orientada a partir de una configuración mínima que se actualiza permanentemente.

El uso de software libre en el Proyecto ha permitido gran índice de reaprovechamiento de computadoras de menor capacidad de procesamiento. A partir de la solución LTSP (Linux Terminal Server Project), los equipos de menor desempeño sirven de terminal-clientes, acoplados a un servidor de mayor capacidad. Esto permite también un mejor desempeño energético del conjunto, con el procesamiento de datos centralizado en el servidor, que suele ser un equipo más moderno que los terminales.

Desde su concepción, el Proyecto CI visa que el reacondicionamiento de equipos usados recibidos en donación busque aprovechar al máximo partes y componentes todavía en funcionamiento.

Siempre que el reuso no sea posible en los propios conjuntos de máquinas destinadas a proyectos beneficiarios, los componentes son destinados a actividades educativas de robótica, artesanía y otras posibilidades de reutilización para fines distintos en los propios CRC o junto a iniciativas aliadas. Este tipo de reuso se muestra importante y genera múltiples beneficios. Se estimula el desarrollo de habilidades creativas y de trabajo conjunto entre los participantes, la búsqueda de soluciones prácticas e inventivas, y el despertar de talentos artísticos y científicos, entre otros.

Aún así, el reuso creativo no representa el destino final del residuo tecnológico. Mientras los CRC buscan alianzas con empresas que tengan certificación ambiental en destino de residuos electrónicos, la gerencia del Proyecto CI dialoga junto a otras instancias involucradas en el tema.

Legislación y reglamentación

Desde la década de los 90, el MMA, el Congreso Nacional y diversos actores involucrados en la temática debaten un proyecto de ley que instituya una política nacional de residuos sólidos para el país. El proyecto presentado por el Gobierno Federal en el 2007 propone responsabilidad extendida de los fabricantes en el destino final pos-consumo. A partir de las discusiones, se percibe un riesgo para las iniciativas de reuso social, como el Proyecto CI, de quedarse al margen de este proceso. Los fabricantes de productos electrónicos prefieren recolectar los equipos usados directamente del comprador original, sin permitir otros sucesivos ciclos de vida, aspecto fundamental no solamente para la política de inclusión digital, como también para el medio ambiente.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)¹⁶ ha instituido en diciembre 2009 un Grupo de Trabajo (GT) para debatir y sugerir una resolución para los residuos electrónicos. Representantes gubernamentales, académicos y de las industrias de electrónicos y de reciclaje se hacen presentes, y no hay todavía representación significativa de la sociedad civil organizada en las reuniones.

Compras gubernamentales y gestión de la tecnología de la información

Ubicado en la misma instancia responsable de la norm