Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el Caribe – Parte 2
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- El 11 octubre, 2013
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UNESCO Montevideo, Günther Cyranek Consejero de Comunicación e Información para el MERCOSUR y Chile |
Las particularidades del proceso de reciclaje en Latinoamérica
La indefinición sobre las posibilidades de rentabilidad, la imprecisión sobre las responsabilidades de los actores involucrados, la ausencia de criterios definidos de control sobre el correcto destino de los elementos tóxicos y la dependencia de la rentabilidad en la recuperación de los metales de mayor valor en los mercados internacionales, son los elementos que complejizan las condiciones de negocio en Latinoamérica y por ende, el retraso de la creación de un sistema de gestión de los equipos electrónicos.
Un desafío en nuestra región es que, desde los intereses económicos, se instale una excesiva fragmentación de estos procesos de gestión e ingrese a participar un gran número de personas de manera informal, con el riesgo que ellos recojan solamente lo de valor y no se preocupen del buen tratamiento de los restantes materiales.
Desarrollar un sistema de gestión específico para este tipo de aparatos, acompañado por un marco legal que resguarde procesos sustentables, responsables y ambientalmente seguros, es indispensable. La expresa delimitación de normas y
reglamentos necesarios de las condiciones de disposición, de recolección, de almacenamiento, de recuperación, de disposición final y de fiscalización, serían cruciales de definir.
En Latinoamérica, desde hace aproximadamente cinco años, se están llevando a cabo las gestiones para lograr obtener un buen sistema de gestión de RE. A través de la creación de un comité técnico nacional, Costa Rica ha sido uno de los países pioneros en desarrollar una propuesta de reglamento para la gestión de este tipo de residuos que se incorpora en un Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos, presentado por un Comité Mixto-Grupo Redactor, San José (2007). Sin embargo, hasta el momento esta propuesta se encuentra en calidad de pendiente9.
Asimismo se han presentado proyectos normativos en Colombia y Argentina que están siendo analizados por las correspondientes autoridades. Ambas propuestas ofrecen las bases mínimas para lograr una protección ambiental en la materia de RAEE y tienen como principal objetivo obtener un sistema específico para dicha corriente. Ellos siguen el modelo europeo y se definen en el principio de REP.
Los países mencionados, en conjunto con Chile y Perú, han iniciado otras iniciativas, que van mas allá del ámbito normativo y que estudian los contextos técnicos, económicos, políticos y sociales que se relacionan a la implementación de un sistema de gestión de los RE. En todos ellos se han realizado diagnósticos que dan cuenta sobre la acumulación y proyección de volúmenes de RE, específicamente de los computadores.
También presentan las características que tienen la industria y parque de PC en estos países, así como los elementos técnicos y de infraestructura particulares de la región10.
Son estos estudios y trabajos los que han permitido analizar la situación y las características locales, las cuales se requieren tomar en cuenta al momento de desarrollar un modelo de gestión de RE.
Siguiendo las distintas etapas del modelo de ciclo de vida de los AEE y usando como referente el principio de REP destacamos dos fases: el proceso de producción y el de reciclaje.
En ellas se pueden identificar los obstáculos, tanto legales, económicos y culturales que hay que superar para la construcción de un sistema de gestión de RE para los países de Latinoamérica.
Desde la producción
El proceso de producción es determinante al momento de adoptar el principio de REP para la gestión de los RE. En este modelo la figura del productor tendría que ser clara y precisa, ya que ésta es la que se responsabiliza del proceso.
Sin embargo, en Latinoamérica hay diversas circunstancias para que esto no sea así y la figura del productor es mas bien borrosa e imprecisa.
El parque de los productos electrónicos, específicamente los computadores, está compuesto en un volumen significativo
por los equipos clonados, es decir aparatos que han sido ensamblados y que no tienen un nombre o una marca de producción asignada. Por consiguiente, el ‘productor’ no se hace responsable del destino final de su vida útil. El estudio de Steubing (2007) señala que en el año 2006 cerca de un cuarto de computadores nuevos vendidos estuvo compuesto por clones. Si bien en los últimos cuatro años se ha notado una tendencia hacia la adquisición de equipos de marcas reconocidas, el número acumulado de equipos clonados sigue siendo mayor.
Al querer iniciar un sistema de gestión integral basado en la figura del productor, una de los temas a resolver es quién se hace cargo financieramente del costo del tratamiento final de los residuos de los computadores clonados.
También, en esta fase, se encuentra la figura del donante internacional.
Como hemos mencionado, con el fin de reducir la brecha digital se han transferido computadores donados desde países industrializados. Si bien es cierto que el parque de PC donados por actores internacionales es significativamente menor que el de los clonados, no es menos relevante determinar quién se hace cargo de los equipos donados al final de su vida útil. Una propuesta que ha mantenido nuestro proyecto para estos casos es que las instituciones internacionales donantes traspasen el monto que pagan los consumidores en el país de origen para el tratamiento final del equipo¿ comprado.
Un ejemplo de buenas prácticas son centros tales ‘Computadores para Educar’ de Colombia y ‘Chilenter’ que han extendido sus proyectos de reacondicionamiento al proceso de reciclaje. De esta forma se hacen cargo de todo el ciclo y el destino final de los computadores donados al final de su vida útil. En muchos otros casos donde no existe una clara política de retorno, las donaciones internacionales pueden causar daños medioambientales (Silva 2009).
La etapa del diseño es otra de las dimensiones en las cuales se puede intervenir con el objetivo de minimizar los componentes tóxicos de los aparatos. Esto tiene un gran impacto para reducir la generación de residuos y facilitar el tratamiento en su obsolescencia. La mayoría de las empresas que venden AEE en países europeos, han tenido que adoptar esta valiosa medida, que restringe los componentes tóxicos en el diseño de los aparatos y por lo tanto minimiza los volúmenes de estos elementos a tratar en la etapa final.
Latinoamérica, hasta el momento, es un receptor pasivo con pocas posibilidades de intervenir en esta área. Las empresas de producción local no son numerosas y, a excepción de algunos casos, mueven números marginales de equipos, si se los compara con los volúmenes de productores reconocidos.
Por otra parte, la mayoría de los productos que se comercializan en el país, vienen sellados desde el país de origen hasta el consumidor.
Si bien es cierto que varias empresas de marca señalan que ellos cumplen estándares globales de diseño y que en algunos casos estos son más altos que los requeridos por la normativa europea, lo cierto es que Latinoamérica todavía no ha adoptado medidas en esta fase.
Desde el reciclaje
El proceso de reciclaje es parcial en Latinoamérica. La incipiente industria de RE en Latinoamérica se basa principalmente en un proceso de desensamblaje profesional, en la venta de ciertos metales y plásticos en el mercado local y en las posibilidades de comercialización internacional con empresas especializadas en la recuperación de metales preciosos, cuyas sedes se encuentran principalmente en países industrializados o en Asia. Para que esta actividad sea rentable después de cubrir los altos costos del traslado internacional hacia las refinerías, es necesario que los recicladores acumulen volúmenes significativos de materiales reutilizables o comercializables. La capacidad de lograr volúmenes importantes es lo que define la rentabilidad de los RE. Uno de los posibles riesgos de este ‘emergente negocio’ es que el interés económico sea mayor que las responsabilidades medioambientales.
Por otra parte, al catalogar los RE como residuos peligrosos, las altas demandas normativas para la instalación de una respectiva industria local podría prestarse para nuevas concentraciones económicas, creando nuevos monopolios en el área. Por el momento, Latinoamérica es un campo fértil para la materialización de tales pronósticos.
Dada la ambigüedad legal frente al tema y la poca claridad sobre los requerimientos para reciclar los RE, en algunas ocasiones los negocios dedicados a ese rubro pueden funcionar sin cumplir cabalmente con lo que un buen tratamiento
medioambiental exige. Los recicladores formales que logran realmente cumplir las exigencias, constituyen un número limitado.
La mayoría de ellos realizan contrato con grandes empresas que pueden y desean cumplir los requerimientos medioambientales, fortaleciendo un modelo de negocio entre empresas (B to B).
Esta situación deja abandonados los residuos que se están generando en el sector domiciliario, el cual actualmente produce mayores volúmenes que las empresas. El sector de recolectores informales es el que se está haciendo cargo de recoger estos. En el último tiempo ha aumentado el número de recolectores independientes que se especializan en las posibilidades comerciales de los RE. El problema es que, generalmente, ellos se hacen cargo de las partes que tienen mayor valor, botando en los vertederos para residuos sólidos las partes que pueden contener elementos tóxicos. Esta área ha sido una de las preocupaciones de nuestro proyecto y en conjunto con EMPA se ha realizado un estudio sobre esta temática11.
Propuestas para futuros trabajos
Finalmente, considerando lo expuesto y atentos a la necesidad de apoyar la creación de un orden a esta situación, la Plataforma RELAC, entre sus quehaceres, ha organizado diversos encuentros y talleres en distintos países de Latinoamérica.
En estos, se han convocado a representantes de sectores públicos y privados, además han participado especialistas en este tema de países del Norte y del Sur. A esto se agrega una serie de representantes de organismos internacionales que en sus objetivos se hacen cargo de buscar soluciones para el tratamiento de los RE. Desde los objetivos de nuestro proyecto, consideramos que la inclusión de esta problemática en una meta de eLAC 2010 presenta una oportunidad necesaria de desarrollar. En este sentido, sugerimos la siguiente propuesta.
Una concepción de brecha digital más inclusiva
Las políticas de los gobiernos que promueven la superación de la brecha digital, se sustentan principalmente en facilitar la adquisición de equipos informáticos o el acceso a ellos y, por lo tanto, en su multiplicación, con el consiguiente impacto en los volúmenes de RE. Una primera observación al respecto es que tales políticas se construyen a partir de una concepción restringida y parcial del alcance que tiene la brecha digital. La consideran un efecto de la falta de acceso a las TIC, sin considerar la distancia existente entre países industrializados y países en desarrollo en lo que se refiere al tratamiento a la etapa final de los equipos y a la falta de posibilidades de recuperar materiales valiosos a partir de su desensamblaje. Estas situaciones dan cuenta de las enormes diferencias entre los recursos económicos de las distintas regiones y son también señal de las nuevas dependencias de los países del Sur hacia los del Norte.
Por consiguiente, un concepto ampliado de brecha digital estimula políticas que no se limitan a cortar las diferencias en el acceso a los AEE, sino también reduzcan las enormes brechas entre países industrializados y Latinoamérica en relación a la gestión de RE y respectivas normas, infraestructura y concienciación de la ciudadanía.
Como hemos señalado, las diferencias entre los países del Norte y Sur son abismales en relación al desarrollo de marcos
legales y normativos en esta área. Una tarea pendiente en nuestros países se refiere justamente a este ámbito. Nuestros gobiernos tienen que apurar y facilitar estos instrumentos que permitirán construir una corriente específica de tratamiento para los RAEE.
En los países industrializados, los productores de computadores de marca han respondido a los requerimientos legales establecidos especialmente en la Comunidad Europea. Estas medidas han sido asumidas por la mayoría de los productores, pero no se han extendido al mercado de los países latinoamericanos.
Es necesario, por tanto, promover que estas marcas repliquen de forma voluntaria la responsabilidad medioambiental en la región latinoamericana, lo que significaría anticiparse a las medidas legales que se están gestando y superar las desigualdades de tratamiento entre ambas regiones.
Otra dimensión de profunda desigualdad es el área de conocimiento de los usuarios y de la ciudadanía en general sobre los procesos necesarios de asumir frente a estos equipos y tipos de residuos que ellos generan. Algunos países industrializados tienen una larga tradición de educación medioambiental y han asumido conductas de protección del medio ambiente a través de diversos productos. Los RE se incluyen como un nuevo producto en una larga lista de otros sobre los cuales se tienen que responsabilizar.
Los RE constituyen un tema nuevo en la sociedad. El desconocimiento que tanto los consumidores como la ciudadanía en general tienen sobre estos, hace necesaria una gestión comunicacional por parte de los diversos actores involucrados. Una forma posible de abordar esta carencia es que por una parte los productores de PC informen a los consumidores sobre los componentes de los aparatos que venden, ofreciendo opciones sobre qué hacer con los equipos al final de su vida útil. Por otra parte los gobiernos pueden adoptar medidas para informar y ofrecer a la ciudadanía opciones para que estas puedan asumir sus propias responsabilidades y participar activamente en el proceso de tratamiento de RE.
La igualdad en estas áreas ofrece enormes posibilidades de desarrollo en nuestros países. Para esto es necesario una concepción mas amplia de brecha digital y una visión mas transversal de los RE, ya que estos tienen impactos ubicuos
en nuestra sociedad.
Referencias
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Bibliografía adicional sugerida
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El marco legal de la gestión de residuos electrónicos en LAC
Leila Devia
La gestión de residuos es sumamente compleja y debe responder a una estrategia en el marco de una regulación integral.
Entre las clasificaciones existentes en materia de residuos, encontramos los residuos sólidos urbanos, los peligrosos o especiales, los radiactivos o nucleares, los patogénicos, los provenientes de las operaciones de buques y aeronaves. En la actualidad, el recambio tecnológico, el acortamiento de la brecha digital y el consumo de equipos electrónicos (computadoras, celulares, televisores) han generado una problemática especial en el marco del manejo de residuos.
Con el objeto de proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), existen varios proyectos de ley en América Latina que tratan de reducir la disposición final, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los mencionados residuos. Siguiendo el ejemplo de muchos actuales proyectos de ley, las futuras regulaciones deberían abordar los siguientes puntos:
- Incorporación del análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de AEE.
- Promoción de la reducción de los residuos generados por los aparatos mencionados.
- Definición del concepto de AEE en oposición al concepto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Determinación de excepciones e inclusiones en la legislación. Estos puntos en muchas normas se encuentran en un glosario que además incluye los conceptos de valorización, recuperación, reutilización, reciclaje y tratamiento y disposición final.
La clave de la gestión de dichos residuos se encuentra en la categorización de los RAEE, en el gestor de los mismos, en el circuito de manejo que incluye las actividades de retoma y recolección, reacondicionamamiento, reparación y reuso, acopio y almacenamiento, transporte y logística, desensamblaje, aprovechamiento, valorización y disposición final. Asimismo, es fundamental la organización de los productores, sistemas individuales y colectivos. Las formas de responsabilidad constituyen uno de los temas más discutidos en cuanto a su individualidad o su extensión.
Al momento de diagramar la estrategia a fin de legislar un programa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), hay varios puntos especialmente importantes a considerar, ya que hay muchas y variadas maneras de implementar esta política. Antes que nada, cabe destacar que las políticas de REP están basadas en el concepto de ciclo de vida.
En función de ello, en primer término lo ideal sería realizar un análisis técnico social de la situación específica de la región en la cual se aplicará el programa. Por ejemplo, no es lo mismo implementar el programa en una ciudad con un nivel socioeconómico elevado y parejo, con alto nivel de consumo por habitante, que en una ciudad donde existe mucha pobreza y el consumo básico se acota a ciertos tipos de productos.
No es lo mismo una ciudad donde hay una considerable conciencia por parte de la población respecto al impacto de los residuos y su falta de tratamiento en el ambiente, que una ciudad donde no hay una franja importante de la sociedad educada e informada respecto a los problemas ambientales y la incidencia del hombre en los mismos. En el mismo sentido, no sería igual aplicar un programa REP en una ciudad grande y cosmopolita que en una ciudad más chica o en un pueblo, donde las distancias así como las relaciones y realidades sociales son diferentes.
Se deberá prestar especial atención a los patrones de consumo, así como a la cadena de mercado interno y externo en el lugar donde se aplica el programa de REP. Otro punto a considerar son los sistemas de reciclaje formal o informal ya existentes. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por medio de la recolección informal de los llamados ‘cartone ros’ o ‘recuperadores urbanos’, desvía una parte importante del material reciclable del curso normal de disposición final en rellenos sanitarios. Para lograr una buena instrumentación de dicha responsabilidad, se tiene que contar con una definición clara del productor responsable, que abarque a los fabricantes y a los importadores de productos que fueron lanzados al mercado nacional por primera vez.
En los proyectos de legislaciones de América Latina se tienen en cuenta los principios de la responsabilidad individual y compartida así como deberá tenerse en cuenta la responsabilidad no sólo del gobierno, sino también de otros actores como los recicladores informales. En el contexto latinoamericano no hay una legislación uniforme al respecto. Los proyectos de leyes no contienen aún políticas firmes que explícitamente impliquen el concepto de REP. En general, para paliar la ausencia de legislación específica, se utilizan las leyes de residuos sólidos urbanos en combinación con las leyes de residuos peligrosos o especiales.
Actualmente, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia circulan proyectos de legislación sobre la gestión de residuos electrónicos. En el caso chileno el tema de la responsabilidad se encuentra en un proyecto de ley que abarca otro tipo de residuos como los neumáticos, las pilas, baterías y los envases.
Algo similar ocurrió con un proyecto de ley en Argentina en el año 2007 que se volverá a presentar este año 2010. Elaborado con participación de Thomas Lindqvist y presentado por el Senador Filmus, dicho proyecto de ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de RAEE. En materia de gestión, podemos destacar el trabajo de Colombia con su experiencia de ‘Computadores para Educar’.
A su vez, en Uruguay, el Plan CEIBAL que brinda a todos los alumnos de escuelas primarias públicas una computadora portátil XO, incluye un sistema de soporte técnico y logística inversa sin costos.
A nivel regional, el Consejo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) presentó el Acuerdo sobre Política MERCOSUR de Gestión Ambiental de Residuos Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Post-Consumo. En él, los ministros de los Estados parte reconocen que existe un aumento considerable de transferencia de residuos, principalmente de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, por lo cual es necesario adoptar políticas comunes en materia de residuos y responsabilidad post-consumo de productos, considerando los posibles impactos ambientales, económicos y sociales en la región. Este acuerdo contempla los mismos residuos que el proyecto chileno e incorpora el concepto de responsabilidad extendida del productor. Pero lamentablemente no ha sido incorporado aún en la legislación MERCOSUR.
En síntesis, nos encontramos en un momento crucial para la inserción de una política regional de gestión de RAEE, que se enmarque en una normativa racional y sustentable, y que compatibilice la responsabilidad de todos y metas claras de reducción en la generación de los residuos electrónicos con los objetivos de acortamiento de la brecha digital e inclusión
social.
Perspectiva del Grupo de Trabajo de Residuos Tecnológicos de e-LAC, coordinado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Chile
Hans Willumsen y Andrea Allamand Puratic
Antecedentes
En el marco de la segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (LAC) que se llevó a cabo en San Salvador del 6 al 8 de febrero de 2008, los representantes de los países de LAC acordaron el Compromiso de San Salvador. Recordando los principios y objetivos acordados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en Ginebra (2003) y en Túnez (2005), el Compromiso de Río de Janeiro y el Plan de Acción de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC2007), aprobados en Brasil en junio de 2005, además de otras Declaraciones y acuerdos firmados, los representantes reafirmaron “el deseo y determinación comunes de construir una sociedad de la información integradora, orientada al desarrollo y centrada en la persona, basada en los principios de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, desarrollo sostenible y cooperación, para que los seres humanos, las comunidades y los pueblos de América Latina y el Caribe puedan aprovechar plenamente sus potencialidades en la promoción de su desarrollo” (CEPAL 2008).
Para lograr lo anterior, “los gobiernos se comprometieron a facilitar la inclusión de todas las partes interesadas – el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y cualquier otra – en el proceso de creación de una sociedad de la información basada en conocimientos compartidos, de acuerdo con los mecanismos establecidos para estos fines por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información” (ibid.).
En esta segunda Cumbre sobre la Sociedad de la Información en LAC, los representantes también reconocieron que el eLAC era una plataforma que promueve la integración regional y la cooperación en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y actúa como articulador entre las metas a nivel internacional y las necesidades y priori
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