La minería ¿sustentable?

¿De qué minería hablamos? Los grandes conflictos ambientales son generados por la minería hidrometalúrgica a cielo abierto. Megaemprendimientos masivos con tecnología hidroquímica de alta toxicidad y liberación de metales pesados y drenajes ácidos que comprometen por un prolongado período al medioambiente. (léase contaminación, alteración y degradación de acuíferos superficiales, subterráneos, suelos y aire).

Los controles operados desde los órganos oficiales de gobierno son ineficientes para equilibrar los efectos nocivos de este tipo de minería y si alguna duda de ello queda verifiquen los informes de USEPA, (siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU), en los que reconoce la dificultad de controlar el vertido de tóxicos por la actividad minera al curso de los ríos, dentro de los límites que exige la ley norteamericana a tal efecto.

Como el país del norte dispone de fondos, tecnología, recursos humanos y empresas especializadas, asigna cada año un presupuesto mayor para remediar los efectos que sobre la salud, aguas, tierra y aire, tiene la minería en su medio. Aún así, el 40 % de los ríos del Oeste norteamericano están contaminados por la actividad minera (dato de USGS, United States Geological Survey).

En las Jornadas de Minería hechas hace unos meses en nuestra ciudad, se invitó al alcalde de Rancagua para que contara el resultado de la actividad de la Mina El Teniente. El funcionario obvió mencionar que todo lo que produce la mina queda en Chile, no menos del 3 % como acá; y que sólo para mantener la emisión de anhídrido sulfuroso dentro de límites aceptables, el estado chileno invirtió la suma de U$S 270.000.000 en Caletones, para que sea “sustentable”, ya que esa suma sería el costo social que CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente Chilena) estima debería afrontar por daños en la salud de sus habitantes, según el informe que se eleva al Presidente Lagos.

Para llevar a niveles aceptables la emisión de anhídrido sulfuroso al aire, en la mina de Chuquicamata -o sea de 40.000 ton/año disminuirla a 1.850 ton/año para mantener el riesgo de mortalidad a niveles aceptables- CONAMA estimó que el costo de tratamientos de afecciones en la población de Calama y la productividad perdida superaría los 474 millones de dólares, por lo que se propone un plan de descontaminación que no supere esta cifra.

Si analizamos las cifras podemos ver que sólo en Caletones se invirtió 3 veces más que todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas de Mendoza, para 2005. ¿De qué sustentabilidad hablamos?

Cuando el mineral se agota, se acaba la actividad de la mina y el trabajo también; la ley medioambiental en Mendoza no establece mecanismos de recaudo económico para afrontar los procesos de degradación posteriores al plan de cierre de la mina, y es ahí cuando se termina de vislumbrar lo que la minería deja: enormes cantidades de material contaminado que se filtra a los acuíferos (drenajes ácidos de las minas) y nadie lo nota, pero ya es tarde.

El costo promedio para sanear la contaminación minera ha sido estimado por la USGS, en U$S 4,11 por tonelada de material molido antes del proceso de lixiviación, a valores de 2003. Hoy indudablemente es mayor.

Chuquicamata muele 600.000 ton/día. ¿Imaginan la magnitud de las escombreras con residuos tóxicos y su costo de limpieza? ¿Quién se haría cargo del pasivo ambiental si en Mendoza se iniciara un emprendimiento de esta escala? ¿El Estado? ¿La compañía minera que en esa etapa ya se fue? No, los damnificados seremos los mendocinos.

Los funcionarios públicos, en vez de desacreditar a quienes oponen razones, deberían analizar la seriedad de éstas y considerar que el negocio que proponen las mineras internacionales no es tan bueno como parece, y los efectos pueden ser más graves de lo que imaginan.

Los datos son reales, los daños también; si a este posible impacto económico negativo agregamos, que se ha vulnerado el principio de territorialidad por la ley nacional 25.243 de integración minera argentino-chilena, permitiendo a las empresas multinacionales mineras disponer de nuestros recursos hídricos para utilizarlos en territorio chileno o emplear nuestro territorio para depositar los residuos de las faenas realizadas en Chile, (tailings dams), si así lo consideran para su beneficio, eso requiere el visto bueno de los organismos provinciales (Irrigación, medioambiente)

La ley nacional 24.196 de promoción minera (Pierri- Menem), art. 22, a la que adhiere la provincia, posibilita un privilegio impositivo a la minería que ninguna otra actividad económica posee. O sea pagar como único concepto, una regalía del 3% del valor de los minerales a boca de mina con una declaración jurada de la empresa como única forma de fiscalización, (valor considerado una vez restado los costos de extracción que en las distintas declaraciones de las mineras varían entre 60 y 170 U$S por onza troy). ¿Creen que con este porcentaje tendrán recursos suficientes para neutralizar los costos ambientales reales?

Además, una gran parte de las áreas de interés de este tipo de minería, están localizadas en áreas naturales protegidas (Parque Tupungato, La Payunia, Laguna del Diamante o la reserva privada de Villavicencio) y sobre las nacientes de los acuíferos que alimentan los tres principales oasis de la provincia afectando, modificando caudales. Y lo peor, el riesgo cierto de contaminación de las aguas que sirven para riego y bebida de toda la población.

A estos impactos negativos encadenados, a los que se desestima desde el gobierno, agregamos el hecho de encontrarnos en una zona sísmica, y la modalidad comprobada de las empresas mineras de realizar las tareas sin el menor respeto al medioambiente, como se publicó en Diario Los Andes el 7/7/2005.

Podemos tener un panorama de la falta de criterio que prima en quienes promueven esta actividad cuando debería prevalecer la sensatez para evitar que esto nos pase a nosotros, como ha ocurrido en innumerables lugares donde las comunidades son las damnificadas. A un ejemplo como el de Chile, sostenido con una enorme cantidad de dólares -que nosotros no tendremos- se oponen más de 200 casos en el resto del mundo donde los resultados son evidentes.

Considerando los antecedentes de la minería a cielo abierto, se puede concluir que la minería metalífera masiva a cielo abierto no es sustentable, y menos en las nacientes de nuestros acuíferos, nuestro más preciado recurso.

Mendoza con sus recursos paisajísticos y culturales intenta posicionarse como un destino con grandes posibilidades competitivas, pero es necesario que tengan en cuenta que la preservación de nuestro paisaje natural y cultural, de los recursos naturales renovables (sustentables) -como el agua- deben ser protegidos de los megaemprendimientos extractivos no sustentables, que con el objeto de enriquecer a la empresa exclusivamente, modifican el paisaje a tal punto que la degradación del ambiente se torna en algunos casos en irreversible. Como ejemplo vean en Villavicencio cómo se ha destruido el paisaje natural con el desarrollo de las cementeras que se encuentran a la vera del camino. ¿Consideran ustedes que nuestro paisaje puede ser vendido y aprovechado por el turismo en un planteo de sustentabilidad así?

Si no se promueve nuestra tierra dentro de un proyecto de desarrollo conservacionista -y eso no significa ser extremista- permitiendo la incorporación de industrias contaminantes y degradantes de nuestro medioambiente, agotadoras de recursos no renovables, el futuro se nos va de las manos.

Nigeria, país africano con gran explotación de sus recursos naturales, es uno de los países más pobres dentro del contexto de las naciones (90 millones de pobres). ¿Éste es el modelo a seguir?

Que no nos hagan creer que por no explotar la “gran minería” seremos pobres; lo que tenemos es pobreza de ideas de algunos funcionarios para generar actividades económicas de alto valor agregado que queden en la provincia en vez de promover el agotamiento de los recursos no renovables con alto impacto en el medioambiente y escaso beneficio para la comunidad.

Por: Roberto González
DNI 10.482.053
Arquitecto con estudios de postgrado
en Evaluación de Impacto Ambiental
Fuente: Los Andes