Educación, Información y comunicación en el Proceso de la Evaluación del Impacto Ambiental

Magíster Cristina Teresa Carballo

La participación y la gestión ambiental

Volviendo a lo desarrollado en el artículo anterior sobre la EIA, son muchos los autores y organismos internacionales/nacionales que han dedicado trabajos al tema de la participación en el proceso de la EIA. Pero, sin duda, es Canter (1998), es quien propone una síntesis completa que abarca todos los aspectos de la participación pública. El mismo autor, propone que “el principal propósito de incluir programas o actividades de participación pública en el proceso de toma de decisiones es aprovechar las aportaciones de los organismos gubernamentales, ciudadanos y grupos públicos de interés, para mejorar la calidad de misma. Las actividades en las que intervienen los ciudadanos se conocen como participación ciudadana, participación pública, compromiso político y compromiso ciudadano”

En esencia, el proceso de EIA requiere la participación pública para considerarse como tal; ésta debe ser activa y positiva y no limitarse al planeamiento pasivo con el que se cumplirían las exigencias de las regulaciones jurídicas. La mayoría de los organismos provinciales, en nuestro país, tienen sus propios requisitos sobre participación pública que están en consonancia y complementan las normas nacionales. Pero muy poco hay hecho en relación con las leyes reglamentarias que hagan transparente la aplicación de la norma y en particular la participación pública en el proceso de EIA, sumado a esto la heterogeneidad de las propuestas provinciales. La participación pública debe cumplir algunas funciones vitales en EIA como servir de mecanismos de intercambio y proporcionar información acerca de los valores locales. Y ayudar a establecer la credibilidad del proceso de planificación y evaluación ambiental del territorio.

Los niveles de participación pública, pueden variar entre situaciones en la que el público no participa en absoluto, pasando por situaciones con una participación simbólica, por situaciones en las que los ciudadanos realmente controlan el proceso de planificación. No obstante existen serios problemas inherentes a la planificación de programas de participación pública: *Dificultad en la coordinación entre diferentes unidades y niveles gubernamentales. *Debilidades en los mecanismos de control, siempre existe tensión entre las necesidades centralistas de la agencia y los intereses descentralizadores de los ciudadanos. *Sobre la representatividad, una de las principales críticas a los programas de participación ciudadana es que las personas que llegan a implicarse no representan a la mayoría, sino que pertenecen a una élite con intereses concretos. *La excesiva utilización de justificaciones técnicas para racionalizar discusiones políticas controvertidas es, sin duda, uno de los factores que ha ocasionado mayor demanda de participación pública.

Identificación del público y los objetivos de la participación

La planificación de los mecanismos de participación en el proceso de EIA no se desarrolla en una “isla”, sino por el contrario, este proceso está inserto en una sociedad. Por ello, debe considerarse: (1) niveles de participación pública y (2) problemas inherentes a los programas de participación pública. Cabe destacar algunos elementos para su análisis: la delineación de los objetivos, la identificación del público destino y la dimensión de la participación de la EIA.

La delineación de los objetivos de los programas y actividades de participación pública durante las diferentes etapas del proceso de EIA es un elemento importante en el desarrollo de un plan de participación. La identificación del público que pueda estar implicado en las diversas etapas de un estudio de impacto ambiental es otro elemento básico en el desarrollo de un programa de participación pública. La información sobre los posibles impactos podría mostrarse según las personas afectadas.

La identificación de público debe también considerar la dimensión de la participación en el tiempo. Es decir, contemplar en el público afectado o motivado desde el comienzo de la planificación como en la fase de consultas.

El debate en torno a la participación de la comunidad, cada vez más, está presente en la opinión pública. Para ello, sólo hace falta observar algunos casos que aparecen en los medios escritos, donde se destaca el tema de la participación pública, el rol del Estado y los conflictos de intereses. Son varios los casos en que se trata algunas perspectivas de la problemática: la transparencia de la gestión pública y los mecanismos de participación.

Él participa, tú participas…

El gran desafío de la participación pública tendrá que superar la retórica. La esfera pública como privada deberá generar claros y transparentes mecanismos para la toma de decisiones en el proceso de EIA. Al respecto quedan muchas preguntas sin contestar: ¿cómo abordar un marco conceptual y de acción acorde a la realidad social argentina? ¿Cómo asegurar el acceso a la información ambiental a todos los sectores sociales? Y, más aún, ¿cómo garantizar el tratamiento social de la información ambiental en la formación de la opinión pública?, entre otras.

Pero sin duda, lo que este artículo plantea es la necesidad de incorporar una eficiente dimensión social en la EIA a través de la participación de la sociedad. En este marco, la educación ambiental debe apoyarse en modelos explicativos socio-político local y sin perder de vista que la complejidad ambiental necesita analizarse desde diferentes escalas espaciales, las especificaciones técnicas de los proyectos, entre los principales.

Como hemos tratado de demostrar existen numerosas aspectos y técnicas sobre la participación comunitaria en la EIA, pero consideramos que el principal aporte de este ensayo fue mostrar que sin planificación y sin políticas del Estado no hay una real participación ni nada que se le parezca.

Otra idea para destacar, es que en los mecanismos de participación, consulta o audiencia pública, los conflictos de intereses, siempre están presentes. Sin embargo, gracias a la consulta comunitaria las personas afectadas cuentan con una mayor gama de opciones. Cuando a la población afectada se consulta acerca de los proyectos, y se les permite contribuir sus conocimientos a la configuración de éstos, los proyectos se tornan más eficaces y productivos. Pero aún, la institucionalización de los métodos consultivos, en Argentina, son insuficientes. Los organismos estatales tendrán que reorganizar sus estructuras internas; los gerentes de proyectos tendrán que familiarizarse más con los diversos actores, intereses y conflictos en las comunidades. Este proceso requiere una verdadera práctica de la democracia para superar tradiciones de dependencia con respecto a las lógicas de la globalización de la economía.

Para finalizar, el espacio institucional debería avanzar en el debate de la participación pública, en la construcción de una comprensión del ambiente entendida como una realidad eminentemente socio ambiental. Y, sobretodo, debería profundizar en la EA como una práctica social para la consolidación de una profunda interdependencia entre ciudadanía, participación, justicia social y sustentabilidad ambiental.