Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe. Parte 7

En el anexo 3.2.6 se presenta un cuadro resumido de las contribuciones de cada ramo industrial a las diversas categorías de desechos en los países encuestados. La figura 2 sintetiza la información de este cuadro para los diferentes componentes de desechos peligrosos.

Se muestra sólo las industrias que contribuyen con 5% o más de la carga total en cada categoría. Las contribuciones restantes se han incluido en la categoría "otras industrias". En cada una de las categorías de desechos aparece una industria que domina; por ejemplo, en la categoría de lodo peligroso predomina la industria química básica; en la de líquidos peligrosos sobresale la industria textil; y en la de sólidos peligrosos tienen mayor peso la industria de productos metálicos.

La información proporcionada por los países que participaron en la encuesta correspondiente a las 15 categorías industriales se presenta en el anexo 3.2.7 e incluye las siguientes prácticas de disposición:

1. Disposición al aire libre
2. Disposición al aire libre/en relleno
3. Disposición en relleno sanitario
4. Almacenamiento
5. Disposición en relleno sanitario/relleno de seguridad
6. Reciclaje
7. Otros
8. Ningún dato.

Las prácticas de disposición se han enumerado en orden ascendente de aceptabilidad; las dos últimas sólo representan información complementaria. Cabe mencionar que no se indica la incineración, aunque algunos países (por ejemplo, Brasil y México) han introducido ese método de tratamiento y poseen instalaciones centrales de tratamiento de residuos peligrosos. En Brasil, a pesar de que la legislación exige al generador el almacenamiento seguro de los residuos en sus propias instalaciones hasta que sean tratados o dispuestos en unidades autorizadas por los organismos de control ambiental, se sabe que esto no ocurre debido a la inexistencia de esas unidades o al elevado cobro por utilizarlas. Por ello, muchos residuos peligrosos terminan siendo retirados por particulares que, a precios irrisorios, se encargan de eliminarlos inadecuadamente en algún lugar sin control o bien los disponen junto con los residuos sólidos municipales.

La información del anexo 3.2.7 se ha resumido en la figura 2, en la que los países se han clasificado según el porcentaje descendente desde "disposición al aire libre".

Con referencia a la lista de métodos de disposición indicados anteriormente, sólo la disposición en relleno sanitario o relleno de seguridad y reciclaje se consideran adecuados en el contexto de esta encuesta. Se concluye, según los datos de la figura 2, que en general se emplean métodos inadecuados para eliminar los desechos peligrosos.

En el anexo 3.2.8 se muestra el resumen de prácticas de manejo de residuos en países seleccionados de la Región.

La recolección de residuos industriales peligrosos provenientes de grandes productores, usualmente es responsabilidad de las empresas generadoras o de empresas privadas, para lo cual utilizan algunas veces equipo especialmente diseñado. Otras veces la recolección se hace con equipo estándar, lo que puede originar riesgos de accidentes y derrames. Los residuos industriales peligrosos, de manera similar a los hospitalarios, también se recolectan separadamente pero la disposición final frecuentemente se hace en vaciaderos abiertos o basureros clandestinos. En México, a pesar de existir sistemas integrados de manejo que incluyen rellenos de seguridad, sólo 12% de los residuos reciben tratamiento adecuado.

En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, funcionan nueve plantas de tratamiento de residuos industriales que usan la incineración. Estas plantas no satisfacen el tratamiento de las 50.000 a 100.000 toneladas de residuos peligrosos que se generan anualmente en la provincia de Buenos Aires. En Trinidad y Tobago se hace una "disposición especial" de residuos peligrosos y los cargos por este servicio son US$ 750 por 20 yardas cúbicas (14,6 m3). En México, de las 140 empresas autorizadas para el manejo de residuos industriales peligrosos divididas por actividad, 40 se dedican a la recuperación para reuso y reciclaje, almacenamiento, recolección y transporte; 60 al tratamiento físico, químico y biológico; 21 al confinamiento y disposición final; 3 a la mezcla de disolventes para combustibles alternos; y 16 a diferentes actividades.

En cuanto a la participación del sector privado en el manejo de los residuos peligrosos, es frecuente en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Venezuela. En este último, por ejemplo, hay 3 empresas registradas. En São Paulo, Brasil, de las 6 plantas incineradoras privadas de residuos peligrosos, una está cerrada y las otras funcionan muy debajo de su capacidad instalada. Además hay 2 rellenos públicos para residuos peligrosos y otros están esperando autorización para quemar residuos industriales.

3.3 Aspectos económico-financieros

En el período 1990-1995, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe tuvieron una moderada expansión con reducción de la inflación y afluencia de capitales del exterior. Para lograrlo, fue necesario implantar ajustes radicales, tales como la apertura al comercio global, disciplina del gasto público y programas de privatización. Esta última medida, que incluye a los servicios públicos, acentuó el proceso de contrataciones y concesiones de los servicios de aseo urbano al sector privado que ya se había iniciado en la década anterior. Por otra parte, los ajustes económicos aumentaron el desempleo y el consecuente incremento de actividades informales, tales como el comercio ambulatorio y la segregación de residuos, con impactos obvios en el aseo urbano.

Con excepción de algunos países del Caribe, los gobiernos de la Región aún no han identificado los beneficios que trae consigo el adecuado manejo de los RSM y RP para la economía nacional. Hasta el presente no es posible cuantificar económicamente los principales beneficios de un eficiente servicio de aseo urbano. No pudiendo cuantificar los beneficios de la salud, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida, ni la disminución de la pobreza, las evaluaciones sobre beneficios económicos se reducen a valorizar el material recuperado y reciclado, a la venta de cómpost y gas metano, a la generación de energía por incineración, al aumento o disminución del valor de los terrenos recuperados por rellenos sanitarios, y otros beneficios secundarios. Por la ausencia de información estadística, los países en general no tienen análisis económicos sobre residuos sólidos municipales y mucho menos sobre residuos peligrosos. Sin embargo, es alentador que BANOBRAS de México esté considerando que los costos ambientales sean incorporados en los costos del proyecto y que además haya involucrado el concepto de evaluación social en sus estudios de viabilidad.

El manejo de los residuos sólidos urbanos no es tratado como un sector específico en los países de América Latina y el Caribe y por lo tanto no existe un sistema financiero de apoyo del sector, visto como un conjunto de políticas, normas, organismos, acciones, recursos y objetivos debidamente dispuestos. Los mayores recursos financieros provienen de los propios municipios, organismos responsables del manejo de los residuos sólidos urbanos, y los escasos recursos financieros nacionales (federales o estatales) fluyen por los canales burocráticos establecidos, pero cuando llegan a los niveles de aplicación se pierde la eficacia de la gestión financiera en beneficio del sector.

3.3.1 Recursos financieros a nivel nacional

Con excepción de algunos países del Caribe, tradicionalmente en la mayoría de países de la Región, el manejo de los servicios de aseo urbano ha estado incorporado a la administración municipal. Sin embargo, el municipio no le ha brindado un tratamiento específico ni lo ha tenido en cuenta dentro de sus prioriades de atención urbana, haciéndolo por lo tanto vulnerable e incapaz de cumplir con sus objetivos. Lo anterior es fácilmente comprensible cuando se observan los exiguos o inexistentes presupuestos para tales actividades; la carencia de registros y estadísticas que reflejen la calidad del desempeño, la realidad de los costos y el nivel de eficiencia financiera; la ausencia de políticas económico-financieras; la falta de conceptos tarifarios y de comercialización del servicio; y la ausencia del usuario en la operación y administración del servicio, y consecuentemente, la falta de control.

Los recursos municipales destinados a los servicios de aseo urbano corresponden a las transferencias provenientes de los ingresos corrientes nacionales (federales y estatales), a los ingresos tributarios municipales (impuestos industriales, comerciales, prediales), y a otros ingresos como tasas y tarifas por servicios públicos.

Los recursos nacionales y municipales están destinados a financiar inversiones, al pago de gastos corrientes y al pago de contratistas del sector privado por prestación de servicios de aseo urbano. En general son limitados y sólo cubren los costos operativos, por lo que queda muy poco para las inversiones en instalaciones y equipo.

Ocasionalmente los gobiernos nacionales otorgan contrapartidas para proyectos con financiamiento externo o conceden el aval a préstamos obtenidos directamente por los municipios.

A su vez, los municipios recurren al financiamiento de proveedores de equipo, normalmente de plazos cortos e intereses bancarios del mercado, muy distintos al del sector de agua potable y alcantarillado o a donaciones de gobiernos extranjeros y de organismos no gubernamentales. También reciben asistencia técnica de organismos internacionales, bilaterales y ONG.

El aspecto crítico identificado es el exiguo aporte financiero de los gobiernos nacionales para el mejoramiento del manejo de los RSM y RP en los países de la Región.

3.3.2 Recursos financieros del exterior
a) Organismos internacionales y bilaterales

Los organismos internacionales de crédito que han venido otorgando apoyo financiero a proyectos de saneamiento básico, ambiente y desarrollo urbano, dentro de los cuales se incluye el manejo de los residuos, son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Hasta el presente los créditos bancarios otorgados al sector todavía son limitados. El financiamiento a título de donación está dirigido a apoyar actividades de investigación, asistencia técnica, estudios, planes maestros, proyectos de pre-inversión y provisión de equipo, siendo las principales fuentes bilaterales la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ; la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA; la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID; la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI; y los gobiernos de Canadá, Italia y Bélgica. En algunos casos, estas agencias canalizan sus recursos de cooperación a través del BIRF o BID, que actúan como fideicomiso.

El Banco Mundial, BIRF, ha otorgado financiamiento para proyectos de residuos sólidos en el Caribe por US$ 11,5 millones, distribuidos así: Dominica US$ 1,2; St. Kitts y Nevis US$ 2,1; St. Lucia US$ 4,6; y San Vicente y las Granadinas US$ 3,6. Los proyectos deben ejecutarse en el período 1995-2000 y el período del préstamo es de 15 años. Además, el BIRF, entre 1988 y 1996, a nivel de ALC ha financiado 24 proyectos en las áreas sociales y del ambiente con componentes de manejo de desechos sólidos que comprendieron proyectos de desarrollo municipal (10), proyectos específicos de residuos sólidos municipales (3), y proyectos varios (11). Estos 24 proyectos tuvieron un valor total de US$ 5.400 millones, con préstamos del BIRF por US$ 2.200 millones, de los cuales, US$ 430 millones, con un promedio por proyecto de 19,5 millones (9%), correspondieron al manejo de residuos sólidos. También apoyaron proyectos con componentes de RSM sobre políticas (11), desarrollo institucional (12), participación del sector privado (6) y rellenos sanitarios (8). En el período 1997 a 2001 financiarán proyectos importantes en Argentina y São Paulo, Brasil (anexo 3.3.4).

Los recursos provenientes de fuentes externas frecuentemente se distribuyen en los países a través de organismos nacionales que actúan como agentes financieros, por ejemplo, en México el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS; el Fondo de Infraestructura, FINFRA; y la Nacional Financiera, NAFIN, dirigen los recursos externos hacia los estados y municipios para financiar proyectos de residuos sólidos urbanos.

Desde hace varias décadas, todos los países de la Región cuentan con la asistencia técnica de la OPS/OMS en la administración de residuos sólidos. En forma ocasional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización de Estados Americanos, OEA, también prestan asistencia técnica a los países.

La dificultad de gran número de ciudades intermedias y pequeñas para recurrir a créditos internacionales ha sido identificada como un aspecto crítico.

Igualmente, sin un sector de residuos sólidos formalmente constituido y sin un organismo nacional líder, es difícil canalizar donaciones y asistencia técnica de agencias bilaterales e internacionales hacia las ciudades intermedias y menores.

Por otra parte, sólo en raros casos el financiamiento externo le da identidad propia a los proyectos de residuos sólidos pues aún continúa siendo componente de otros programas o proyectos, lo que no ocurre con los servicios de agua potable y alcantarillado.

b) Cooperación financiera y préstamos del BID

Con el acuerdo del Octavo Aumento de Recursos, el Banco renovó su compromiso de prestar especial atención a las necesidades de los grupos de bajos ingresos, promover una reducción sustancial de la pobreza y lograr una mayor equidad social. En este sentido el Banco presta apoyo a fondos de inversión social, a la ampliación y reforma de los sistemas de educación y salud en zonas pobres y al establecimiento de canales de crédito a microempresas. Así, otorgó préstamos para inversión social a Colombia, Bolivia, Honduras y Perú.

EL BID tiene propuesto para el trienio 1996-1998, 30 préstamos, donaciones y otras formas de cooperación financiera para el área de residuos sólidos como componente de proyectos de desarrollo urbano, saneamiento básico o ambiente en Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Trinidad y Tabago y Uruguay. El monto de los préstamos asciende a 3.313 millones de dólares para 3 años, correspondiendo 15% (US$ 493 millones) al componente de residuos sólidos. Este último monto representa algo más de 2% del presupuesto promedio anual del BID (anexos 3.3.1).

En cuanto a las microempresas, la estrategia del BID consiste en promover la adopción de un marco normativo favorable, en crear instituciones sólidas y sostenibles capaces de proporcionar los servicios que las microempresas necesitan, en ofrecer mayor acceso a servicios financieros y no financieros a los microempresarios más pobres, y en mantener una corriente de recursos para invertir en el desarrollo de microempresas. El Banco ha previsto más de US$ 500 millones para el financiamiento de programas de microempresas durante los próximos cinco años. En 1995 el Banco aprobó un programa global de crédito para microempresas por un total de US$ 25 millones para Perú, así como 32 operaciones de pequeños proyectos por un total de US$ 15 millones. El programa global en Perú, donde existen más de 150 microempresas de aseo urbano, ofrece a las microempresas la obtención de créditos y cuenta además con el componente de cooperación técnica que se financia con recursos del Organismo Suizo de Desarrollo y fondos locales.

3.3.3 Inversiones en el sector

Hasta el presente, el monto de las inversiones en el sector de residuos sólidos por parte de las administraciones públicas nacionales, regionales y municipales no ha sido significativo porque la prioridad del servicio de aseo urbano no se reconoce debidamente. Generalmente es un componente menor de los proyectos de saneamiento básico y otras veces es el "furgón de cola" de proyectos de desarrollo urbano.

Raros son los proyectos específicos de residuos sólidos como, por ejemplo, el "Proyecto piloto de residuos sólidos" de México, por US$ 50 millones, cofinanciado por el BIRF, o el "Segundo proyecto de residuos sólidos" también de México, por US$ 120 millones cofinanciado 50% por el BIRF. En el acápite anterior se ha indicado el programa de inversiones en proyectos de residuos sólidos en ALC con financiamiento del BID.

En algunos países, los recursos financieros para inversiones provienen parcial o totalmente de los bancos nacionales de desarrollo o entidades financieras del gobierno destinados a proveer recursos para servicios públicos. Por ejemplo en Brasil, algunas de las fuentes son el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, que tiene un fondo social para inversiones en equipo de recolección y transferencia y una Financiadora de Estudios y Proyectos, FINEP; y el "Banco de Brasil" que cuenta con el Fondo de Incentivos para Investigaciones Técnico-Científicas, FIPEC. Igualmente, México cuenta con BANOBRAS, NAFIN y el Fondo de Infraestructura, FINFRA.

En cuanto a residuos peligrosos, la falta de financiamiento es aún más crítica. Uno de los pocos proyectos es el "Programa Ambiental de la Frontera Norte" en México, en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica por un monto de US$ 762 millones, cofinanciado 48% por el BIRF. Este proyecto está dirigido al abastecimiento de agua, saneamiento, transporte, pavimentación de áreas urbanas populares, atención de problemas en la frontera asociados con la contaminación urbana y también para mejorar el manejo de residuos peligrosos y municipales.

Otros datos muestran que en Colombia las inversiones públicas en aseo urbano en 1994 no llegaron a 0,01% del PIB. En Guatemala las inversiones públicas en desechos sólidos en los últimos años, representan un porcentaje inferior a 2,0% de la inversión pública e inferior a 0,05% del PIB. En Uruguay las inversiones en residuos sólidos significaron 0,7% respecto a la inversión pública en 1994 y a menos de 0,06% del PIB.

Con inversiones como las mencionadas no es posible siquiera renovar los equipos de recolección y disposición final, y menos pretender ampliar las instalaciones y el equipo para cubrir las nuevas demandas que el crecimiento poblacional urbano exige. Por ello, si no hay recursos para invertir, la alternativa es la privatización de los servicios.

3.3.4 Costos del servicio

En el cuadro 3.2.7 se muestra una columna que refleja la relación de ingresos y egresos de los servicios de aseo que pudieron proporcionar esta información no totalmente confiable; se observa que sólo 45% de las ciudades tienen ingresos satisfactorios por el cobro del servicio; 25% los tienen regulares y 30% tienen un servicio casi totalmente subvencionado. Es conveniente notar que el estado financiero no guarda necesariamente una correlación con el tipo de institución, ni con el carácter municipal o privado del servicio (en el cuadro 3.2.7 se califica como "bueno" a la relación ingreso/costo mayor de 67% y "malo" a la de 33% o menos). Así por ejemplo, los datos contenidos en los informes de expertos locales para el presente diagnóstico (1996) indican que los servicios de aseo urbano no son autofinanciables en la mayoría de municipios de Venezuela, México, Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, Trinidad y Tabago, y Brasil.

Por otra parte, la escasez de recursos financieros ha obligado a los servicios a tomar algunas de las siguientes medidas:

• Prolongar la vida útil de los vehículos a costa de un mayor mantenimiento.
• Usar los vehículos durante dos turnos a pesar de disminuir su vida útil.
• Buscar métodos no convencionales de recolección que requieran menos capital inicial.
• Contratar la prestación de servicios al sector privado que aporta las inversiones de capital.

El control presupuestal de los servicios municipales está centralizado en la contabilidad general del municipio y los responsables del aseo urbano no tienen fácil acceso a ella, ni tampoco tienen claro el concepto de control de la eficiencia a través de los costos. En las empresas municipales se lleva una contabilidad exclusiva para los servicios de aseo pero muchas veces se hace esta tarea como un requisito contable sin ver su uso potencial para el control de los indicadores de eficiencia. Otro problema común es que la contabilidad municipal sólo tiene en cuenta el gasto corriente y el servicio de aseo no tiene acceso a sus costos de inversión y amortización. Por lo general, las municipalidades manejan un presupuesto global con partidas clasificadas según la naturaleza del ingreso (ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ingresos de capital) o del gasto (programa de funcionamiento, de inversiones y de deuda). En consecuencia, no es posible conocer en forma directa los ingresos y gastos clasificados por tipo de servicio ni tampoco los costos de los servicios de aseo urbano. Por otro lado, los indicadores de costos son ampliamente manejados en las empresas privadas por constituir elementos básicos de la gestión gerencial.

En el cuadro 3.3.1 se muestra los costos aproximados de los servicios en algunas ciudades de la Región, los que fluctúan entre US$ 29 y US$ 111 por tonelada. Los costos anuales por habitante fluctúan entre US$ 13 y US$ 146, siendo los costos mayores en las ciudades pequeñas de Uruguay. En Trinidad y Tabago el costo anual del servicio de aseo alcanzó a 10,9 millones de dólares, los que fueron financiados por 1,3 millones provenientes de ingresos de los 3 rellenos y el saldo por transferencia del gobierno nacional. Las estimaciones en Brasil indican que el presupuesto que se destina a la atención del manejo de residuos sólidos municipales alcanza un promedio anual de US$ 19 por habitante servido.

En la ciudad de Guatemala, donde 90% de la recolección domiciliaria lo hacen individuos y grupos privados, la municipalidad tiene a su cargo la recolección domiciliaria del 10% restante, la recolección de mercados y barrido de calles, con un presupuesto anual que no llega a 5% del presupuesto total del municipio, lo que significa además que el costo por habitante/año es menor de US$ 1,00. Por lo general, en las ciudades donde la municipalidad es la encargada de operar los servicios de aseo, el presupuesto del departamento de limpieza representa 20 a 50% del presupuesto municipal.

Por otra parte, se estima que los costos de capital en ALC no alcanzan a 10% de los costos totales de los servicios de aseo urbano. En la ciudad de Montevideo el costo de las remuneraciones es 73% del costo total, de los combustibles el 2%, los otros gastos de operación, mantenimiento y administración representan 20%, y los costos de capital solamente 5%. Las otras ciudades de la Región deben tener una distribución similar del gasto, especialmente cuando el barrido de calles y áreas públicas son manuales.

Los costos típicos estimados de los servicios de manejo de RSM se descomponen así:

Recolección 43 – 45% (US$ 15-40 por t)
Transferencia 0 – 15% (US$ 0-10 por t)
Disposición final 0 – 10% (US$ 0-10 por t)
Total (sin barrido) 100% (US$ 35-70 por t)

Sin información contable sobre costos de limpieza pública, prácticamente no es posible determinar la eficiencia ni el desempeño financiero, por lo que esta falta de información constituye una restricción crítica.

3.3.5 Tasas y tarifas

Para cumplir con su responsabilidad de manejar los residuos sólidos, los municipios cuentan con recursos provenientes de transferencias del gobierno nacional, ingresos municipales (impuestos prediales, comerciales, industriales) y otros ingresos como tasas y tarifas por la prestación de los servicios de barrido público, recolección y disposición final de residuos sólidos municipales. Lo justo sería que estos últimos ingresos cubrieran los costos corrientes y los costos de capital de los servicios de aseo urbano, pero no es así puesto que la relación de este tipo de ingresos con los egresos por limpieza pública son deficitarios en la mayoría de los municipios. En algunas ciudades no se cobra ni tasas ni tarifas por razones políticas, en otras este ingreso es muy bajo por lo difícil de la cobranza, por falta de educación comunitaria o porque el servicio es de tan baja calidad que los usuarios se niegan a pagarlo.

En Colombia, por ejemplo, los ingresos provenientes de transferencias del gobierno nacional representan entre 40% y 98% de los ingresos corrientes municipales. Los ingresos tributarios (impuesto predial, industrial y comercial) tienen una participación entre 4% y 19%. Las tasas por servicios y otros ingresos no tributarios tienen una participación entre 1% y 2% (OPS. Serie Análisis Sectoriales No 8, 1996).

La cobranza de las tasas de limpieza pública, que son impuestos que fija el municipio, es la forma más utilizada para recaudar este ingreso en la mayoría de los países de ALC. Generalmente, estas tasas se fijan 80 tomando como base el valor de la propiedad predial, el consumo de electricidad o el de agua potable. En algunas ciudades este impuesto se fija con criterio técnico, pero en otras es totalmente arbitrario.

En Río de Janeiro, la COMLURB hasta 1980 cobraba una tarifa de recolección de basura directamente a los usuarios pero en septiembre de 1980, el Supremo Tribunal Federal decidió que este servicio, por su relación con la salud pública, era un servicio público esencial que no podía financiarse mediante la cobranza de una tarifa, sino por medio de tasas e impuestos. Esta decisión se mantiene hasta ahora.

La aplicación de una tasa real y socialmente justa que efectivamente cubra los costos de los servicios y que además concilie el principio de "quien puede más, paga más", implica decisiones políticas que las autoridades municipales no siempre están dispuestas a asumir. La obtención de menores ingresos que los necesarios determina que los municipios subsidien el servicio de aseo en desmedro de otros programas prioritarios o que el servicio de limpieza sea totalmente deficiente.

En cuanto a la situación financiera de la gestión de residuos industriales peligrosos, el equilibrio y autosostenibilidad tienen que buscarse dentro de la propia industria generadora, aspecto que aún no se cumple ni practica en ALC.

El estudio e implantación de tarifas de aseo urbano aún no está extendido en la Región. Colombia es el país que tiene más experiencia en un régimen tarifario para el servicio de aseo urbano. Desde 1968 hasta su desaparición en 1992, la Junta Nacional de Tarifas reglamentaba la fijación de tarifas. A partir de la nueva Ley de Servicios Públicos de 1994 se asignó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (que incluye aseo urbano) la reglamentación de las tarifas y quedó el control y vigilancia a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El régimen tarifario está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. La estructura tarifaria en Colombia se caracteriza por ser uniforme en todo el país; los servicios se clasifican en residencial (actividad individual privada o familiar) y no residencial (otro tipo de actividades); los usuarios no residenciales se clasifican en pequeños y grandes generadores de basura, siendo pequeños generadores los que producen hasta un metro cúbico al mes y pagan un cargo mensual fijo; la tarifa residencial equivale a un cargo mensual de acuerdo con el estrato socio-económico de la vivienda. Los usuarios de altos ingresos y la propia municipalidad otorgan subsidios de solidaridad, claramente especificados en las facturas, a los de menores ingresos. Este régimen tarifario está empezando a implementarse en Colombia, pero con dificultad debido a presiones políticas y sociales.

En Chile, la política financiera y tarifaria del sector está determinada por leyes recientes, las que establecen procedimientos para el cálculo de la tarifa y que consiste básicamente en dividir el costo real del servicio por el número total de usuarios, incluido un cobro adicional a los usuarios que exceden los 200 litros diarios. Sin embargo, por falta de mecanismos para hacer efectiva la tarifa, los municipios, que en su conjunto erogan 75 millones de dólares al año en la prestación del servicio de aseo urbano, sólo logran cobrar 30% de ese monto.

Perú también ha empezado a regular la fijación de tarifas de los servicios públicos mediante la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, pero aún no se han incluido las tarifas de aseo urbano.

El establecimiento e implementación de un régimen de regulación tarifaria para los servicios de aseo urbano es el aspecto crítico para lograr su autofinanciamiento en los países de la Región.

Las tasas que se cobran actualmente en ALC por aseo urbano fluctúan entre 0 y US$ 5,0 por usuario al mes,mientras que en Estados Unidos las tarifas fluctúan entre US$ 20 a US$ 30 por usuario/mes. Hay excepciones, entre ellas Lima, donde se está cobrando US$ 24 y US$ 16 a los usuarios de clase alta y media, respectivamente y la clase socioeconómica baja paga alrededor de US$ 3,0 por usuario.

3.3.6 Comercialización

La facturación y recaudación por aseo urbano tienen muchas formas. Cuando la cobranza se incluye en el impuesto predial, el sistema no es eficiente porque requiere que la municipalidad tenga un catastro predial actualizado, que los predios no estén subvaluados, que la facturación se emita oportunamente y que no haya morosidad en el pago. Todas estas condiciones no se cumplen y hay usuarios que nunca pagan, porque además las cobranzas coactivas son muy lentas. Bajo este sistema los ingresos raramente cubren los costos del servicio, especialmente en los sectores más pobres de la ciudad y consecuentemente el servicio es subsidiado por la municipalidad. Este sistema se utiliza en gran número de países de la Región. La situación mejora un poco cuando la tasa de aseo se incluye dentro del predial pero en forma etiquetada.

Otra forma de cobranza es la facturación conjunta con otros servicios públicos, como agua potable o electricidad; se fija el monto como un porcentaje del servicio primario, lo que implica una diferencia social de la tarifa (se supone que el agua potable o la electricidad ya la han tomado en cuenta). Desde hace varios años Bogotá y otras ciudades colombianas, así como Panamá, efectúan la cobranza conjuntamente con el agua potable. Las Empresas Varias de Medellín, encargadas del aseo urbano, cobran conjuntamente con los cargos de agua potable, alcantarillado y teléfonos.

El cobro conjunto con el recibo de electricidad se inició en Lima en 1982 con resultados muy positivos, lamentablemente se ha derogado el decreto que autorizaba este cobro conjunto. La experiencia del cobro conjunto se está aplicando en otras ciudades del Perú, Quito, Guayaquil, Caracas, y se está proponiendo en varias ciudades de Bolivia y Costa Rica. La entidad que factura y recauda cobra una comisión a la empresa de aseo urbano por esta labor. Los estudios efectuados en relación a esta forma de comercialización la encuentran adecuada porque se puede correlacionar razonablemente la generación de residuos sólidos con el consumo de electricidad y agua potable y además la cobranza es altamente eficiente. El problema se suscita cuando los dispositivos legales impiden el corte del servicio de agua o de electricidad cuando se incumple el pago del cargo de aseo. En Lima, a partir de enero de 1994, se prohibió el cobro a través de la Empresa de Energía Eléctrica y son las municipalidades las que cobran directamente el servicio de limpieza pública y relleno sanitario. Lo que está ocurriendo es que la morosidad del sistema de cobranza aumentó de 40 a 80% del total de los contribuyentes.

El cobro directo al usuario casi no se acostumbra en la Región, salvo algunas ciudades como Guatemala y Quetzaltenango (Guatemala), donde los recolectores privados cobran directamente a sus usuarios. En los países industrializados, como Estados Unidos, no es raro el cobro directo y el pago normalmente se hace por correo.

La comercialización es un aspecto crítico en la privatización de los servicios de aseo urbano en ALC puesto que para las empresas privadas el cobro directo de tarifas de aseo es muy riesgoso.

3.3.7 Financiación del sector privado

Las inversiones de las empresas privadas que actúan en el manejo de residuos sólidos municipales y residuos peligrosos son financiadas por entidades del propio sector privado, lo que supone por una parte trámites ágiles, pero por otra parte recursos financieros más caros que al final inciden sobre los costos del servicio prestado.

Los costos corrientes y las amortizaciones se financian con los pagos que reciben de la municipalidad por la prestación de los servicios contratados. Inclusive en los servicios de recolección dados en concesión, las empresas privadas prefieren que el sistema comercial lo maneje el municipio. En las plantas de tratamiento y rellenos sanitarios operados por el sector privado se practica la cobranza directa a los usuarios, aunque debe reconocerse que el principal usuario es el municipio. También se practica la cobranza directa a los grandes generadores de residuos sólidos municipales y residuos industriales cuando los precios son acordados entre las partes.

Un aspecto crítico es que el sector privado contratista o concesionario de servicios de RSM y de RP no acude a los créditos de organismos internacionales que podrían reducir los costos de capital y consecuentemente los cargos a los usuarios, a pesar de las facilidades dadas por los bancos internacionales.

En 1995 el BID aprobó las primeras operaciones realizadas por medio de la nueva ventanilla del Banco para el sector privado, aunque estas no incluyeron operaciones para el manejo de residuos sólidos. Con estas operaciones se amplió las actividades del Grupo del BID que incluye a la Corporación Interamericana de Inversiones, CII, y el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. La inversión privada en infraestructura pública ha sido bastante moderada y se ha concentrado en unos pocos sectores (que no incluye el de residuos sólidos) y países con la mejor clasificación crediticia.

Para responder a las necesidades de financiamiento del sector privado, en 1988 los países miembros del BID crearon la CII y en 1992 el FOMIN. En 1994 el BID creó una ventanilla de préstamos directos al sector privado con el propósito de facilitar el financiamiento de actividades del sector privado en infraestructura básica. Con este programa se puede cubrir hasta 25% del costo total del proyecto o el equivalente a US$ 75 millones, de ambas sumas la que sea menor. Se puede destinar hasta 5% del total de la cartera crediticia a actividades de este tipo. Además, el BID ha iniciado un programa de cofinanciamiento con bancos comerciales e inversionistas institucionales para fomentar la participación de prestamistas privados.

3.4 Aspectos de salud

La importancia de los efectos de los residuos sólidos municipales en la salud colectiva y en el medio ambiente, así como en la salud del individuo, aunque se ha reconocido ampliamente, no ha sido objeto de estudios ni de investigaciones que permitan tomar acciones efectivas para mejorar la calidad del manejo de los RSM en América Latina y el Caribe. Los factores que contribuyen en mayor o menor grado a esta situación son: la poca atracción que los residuos sólidos comunes tiene sobre los principales profesionales e investigadores; el descuido de las autoridades públicas en cuestiones de salud relacionados con el sector específico de los residuos; y la ausencia de capacitación sobre ambiente y salud, de los profesionales que operan los servicios de residuos sólidos, donde el predominio de la ingeniería es grande.

Otro aspecto importante que interfiere en la salud y en el ambiente es la importación de tecnología de países desarrollados sin adaptarla a las condiciones locales, como por ejemplo, los compactadores diseñados para RSM con bajo contenido de materia orgánica húmeda, pero que al usarse en la Región propician el vertido de líquidos a lo largo de las vías urbanas, lo que origina malos olores y atrae moscas; o plantas de reciclaje y compostaje que por razones semejantes operan con baja eficiencia o no consiguen operar.

El mayor conocimiento de los impactos de determinados materiales en el ambiente y en la salud en general y la presencia de nuevos productos, hacen de los residuos municipales una amenaza a la integridad del ambiente y a las poblaciones expuestas, particularmente a los trabajadores involucrados en su manejo.

Por otra parte, como ya se ha indicado, en América Latina y el Caribe, se están manejando algunos residuos sólidos y semi-sólidos peligrosos conjuntamente con los residuos sólidos urbanos, con graves implicancias y efectos para la salud humana y el ambiente. La exposición humana a los residuos peligrosos puede darse en
tres escenarios:

a) en los sitios donde se generan (exposición ocupacional o durante accidentes);
b) durante el transporte (accidentes); y
c) en los sitios donde se almacenan o se depositan para su tratamiento.

Por consiguiente en ALC, donde se carece de instalaciones adecuadas y suficientes para el manejo de este tipo de residuos, la exposición humana puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en áreas urbanas, ya que por carecer de mecanismos adecuados los residuos peligrosos son incinerados en hornos artesanales (de ladrilleras) o son depositados sin control en rellenos y vaciaderos municipales, barrancos, terrenos baldíos, en zonas industriales, ríos, lagos, playas costeras, todos ellos considerados sitios peligrosos y de riesgo para la salud humana.

Las principales fuentes de residuos peligrosos o potencialmente peligrosos identificados en las áreas urbanas de ALC son:

• industria metalúrgica: fundiciones y electrolíticas;
• industria petroquímica;
• microindustria: curtidoras de piel, ladrilleras, recicladoras de baterías, pequeñas fundiciones, etc.;
• almacenes de residuos sólidos en patios traseros de las industrias o terrenos baldíos cercanos;
• depósitos no controlados: vaciaderos de residuos sólidos, confinamientos para residuos industriales y rellenos sanitarios;
• otros: barrancos, riberas de ríos y lagos, playas costeras marítimas, etc.

3.4.1 Poblaciones expuestas

Una de las dificultades para definir a las poblaciones expuestas a los efectos directos o indirectos del manejo inadecuado de residuos sólidos municipales reside en el hecho de que los sistemas de información y monitoreo sobre salud y ambiente no contemplan el aspecto colectivo de las poblaciones ni se dispone de datos epidemiológicos suficientes y confiables. A pesar de ello, algunas poblaciones o grupos en riesgo pueden ser identificados como susceptibles de ser afectados por cuestiones ambientales con reducción de calidad de vida y problemas de salud.

Una población a ser considerada es aquella que no dispone de recolección domiciliaria regular, ya que los residuos producidos son lanzados en el entorno, lo que genera un ambiente deteriorado con presencia de vectores, humos, malos olores y animales que se alimentan de los desperdicios. En general en ALC, la población más expuesta es la de los asentamientos pobres de las áreas marginales urbanas. Otro grupo expuesto a los RSM es la que vive en la vecindad de los sitios de tratamiento y disposición final de desechos.

Los segregadores de basura y sus familias, en especial aquellos que trasladan sus precarias viviendas alrededor de los vaciaderos de RSM, son otro grupo altamente expuesto porque además de convivir con vectores y animales domésticos y sufrir los efectos de la contaminación de los residuos descargados, no cuentan con ningún servicio de saneamiento básico. Además, esta población sirve a su vez de "vectores" para la transmisión de enfermedades causadas por los residuos.

Los impactos de los RSM en el ambiente se pueden extender a la población en general a través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos y por el consumo de carne de animales criados en basurales, los que pueden transmitir enfermedades a los humanos. Finalmente, los trabajadores formales o informales involucrados en el manejo, transporte y disposición final de RSM, constituyen otra población expuesta.

En cuanto a los residuos peligrosos, toda la población urbana debe ser considerada como susceptible de exposición. Sin embargo, particularmente los niños y las mujeres deben ser tomados como grupos de alto riesgo. Entre los niños se incluye a los lactantes (aquellos cuya única fuente nutricional es la leche materna), a los infantes (menores de 24 meses) y a los niños de 2 a 12 años. No es raro que elementos como el plomo sean absorbidos más fácilmente por los niños que por los adultos.

Cuando se trata de poblaciones expuestas, no puede dejarse de lado el tópico de equidad ambiental. Este concepto implica que la pobreza y la marginación son factores que favorecen la exposición a las sustancias químicas y posiblemente aumenten su efecto. Otro factor asociado a la pobreza y que debe tomarse en cuenta para la evaluación del riesgo, es la prevalencia de infecciones. Es común encontrar en las zonas marginadas índices más altos de infecciones gastrointestinales y respiratorias. Resulta evidente entonces, que no debe considerarse solamente a los grupos de riesgo en cuanto a si son mujeres o niños, sino también en cuanto a su pobreza, prevalencia de infecciones y estado nutricional.

3.4.2 Efectos en la salud humana

Los componentes de los RSM pueden variar según el estilo de vida de la población de cada localidad. Por lo tanto, la interferencia de la salud humana debido a agentes físicos, químicos y biológicos contenidos en los RSM es el efecto principal de una deficiente gestión de los residuos en los países de América Latina y el Caribe. Los agentes típicos relacionados a los RSM que afectan la salud de los trabajadores y población expuesta son:

• Olor: puede causar malestar, cefaleas y náuseas.
• Ruido: puede provocar la pérdida parcial o permanente de la audición, cefalea, tensión nerviosa, estrés e hipertensión arterial.
• Polvo: responsable de molestias y pérdida momentánea de la visión y problemas respiratorios y pulmonares.
• Estética: la visión desagradable de los residuos puede causar molestias y náuseas.
• Vibración: puede provocar lumbalgia, dolores en el cuerpo y estrés.
• Objetos cortantes y punzantes: pueden provocar heridas y cortes.

En los RSM se puede encontrar una gran variedad de residuos químicos, especialmente pilas y baterías; aceites y grasas; pesticidas y herbicidas; solventes, pinturas y tintes; productos de limpieza; cosméticos; remedios; y aerosoles. En los países desarrollados hay preocupación por estos componentes de los RSM y se establecen reglas y procedimientos para su manejo. Pocos países de ALC tienen legislación al respecto y los que la tienen no la aplican ni la cumplen.

La presencia de agentes biológicos en los RSM puede ser importante en la transmisión directa e indirecta de enfermedades en América Latina y el Caribe. El cuadro 3.4.1 muestra los vectores y las enfermedades relacionadas con ellas. La presencia de microorganismos patógenos se da también a través del papel higiénico, gasa, esparadrapo, pañales descartables o ropa interior contenidas en los residuos de pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios, y en la mayoría de los casos, en los residuos hospitalarios mezclados con residuos domiciliarios. Es importante resaltar que de manera general los agentes patógenos son poco resistentes a las condiciones ambientales desfavorables y que sobreviven por poco tiempo en el exterior.

Son muy pocos los datos de morbilidad derivados de estudios epidemiológicos que permitan asociar las enfermedades con los RSM. Algunos agentes etiológicos que pueden mencionarse son aquellos responsables de dolencias intestinales (Áscaris lumbricoides; Entamoeba coli), el virus que causa la hepatitis (principalmente del tipo B), por su capacidad de resistir en un medio adverso; y el virus causante del SIDA (más por la conmoción social que suscita que por los riesgos asociados a los residuos). Además debe mencionarse también a los microorganismos responsables de algunas dermatitis.

En América Latina y el Caribe, cada vez hay mayor preocupación y atención de parte de la población y de los poderes públicos por los residuos de los establecimientos de salud. Sin embargo, considerando que los residuos hospitalarios representan menos de 1% del total de los residuos, resulta un tanto exagerado tratar de resolver urgentemente su manejo mediante recolección diferenciada, incineración y otros métodos sofisticados de tratamiento, sin que se haya encaminado soluciones, principalmente de disposición final, para la gran parte restante de RSM.

En cuanto a los residuos peligrosos, para establecer una relación de causa y efecto entre contaminación y salud, es necesario definir la ruta de exposición. Según la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos (ATSDR), las rutas de exposición se componen de cinco elementos:

• Fuentes de contaminación o sitios de residuos peligrosos. En ALC son los basureros y rellenos no controlados principalmente.
• Medios ambientales para el transporte de contaminantes: aire, agua, suelo, polvos y alimentos.
• Puntos de exposición o lugares donde ocurre el contacto del hombre con el contaminante. Por ejemplo, el vaciadero donde los segregadores recuperan residuos o el camión recolector en donde los trabajadores no tienen equipo de protección personal.
• Vías de exposición. Para el aire es la inhalatoria. Para el agua, suelo, polvo y alimento es oral. También por la piel (vía dérmica) pueden entrar al cuerpo humano algunos contaminantes orgánicos y metalorgánicos. La exposición a la radiactividad es total.
• Población receptora: Grupos humanos afectados. El tiempo de exposición y la cantidad de residuos peligrosos son los factores que más influyen en los efectos a la salud humana.

Los estudios preliminares de San Luis Potosí, México, indican que la proporción de sitios peligrosos con presencia de contaminantes orgánicos fue superior a la de los sitios con contaminantes inorgánicos. En Estados Unidos se obtuvo un resultado semejante al analizar los tipos de contaminantes de los sitios peligrosos que conforman la lista de prioridades nacionales. Los compuestos orgánicos volátiles se encontraron en 66% de los sitios, los inorgánicos en 65% de los sitios y los orgánicos halogenados (plaguicidas y bifenilos policlorados) en 34% de los sitios. En el anexo 3.4.1 se lista las sustancias que con mayor frecuencia han aparecido en los sitios peligrosos prioritarios de Estados Unidos y en el anexo 3.4.2. se lista las sustancias según su frecuencia de aparición en los diferentes medios del ambiente.

Una lista preliminar de contaminantes prioritarios para América Latina y el Caribe debería incluir también sustancias de reconocida toxicidad que se han usado ampliamente en distintas naciones del mundo, como son los bifeniles policlorados, los ftalatos y el cloruro de vinilo. En cuanto a los contaminantes biológicos, que contienen agentes patógenos, están comprendidos dentro de los residuos especiales ya tratados anteriormente.

En el cuadro 3.4.2 se resumen los datos sobre algunos contaminantes.

La lista del cuadro 3.4.2 incluye sustancias de reconocida toxicidad. Considerando los efectos de cada una de ellas, prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano potencialmente podrían estar afectados por estos residuos peligrosos. No obstante, para la ATSDR, la siguiente es la lista de las siete principales condiciones de salud asociadas a las sustancias contaminantes en sitios peligrosos (en orden alfabético):

1. anomalías inmunológicas;
2. cáncer;
3. daño reproductivo y defectos del nacimiento;
4. enfermedades respiratorias y del pulmón;
5. problemas de funcionamiento hepático;
6. problemas de funcionamiento neurológico; y
7. problemas de funcionamiento renal.

Este listado también puede organizarse de acuerdo a la preocupación de la comunidad. Las tres condiciones de salud que más preocupación generan entre las poblaciones afectadas por los residuos peligrosos son: cáncer (53% del total de las preocupaciones declaradas), efectos neurotóxicos (19%) y defectos de nacimiento (11%).

En relación a otros efectos, a pesar de que el número de sustancias asociadas a sitios peligrosos es grande, algunos efectos como los inmunológicos, los reproductivos e inclusive los neurológicos, pudieran no haberse registrado en los estudios epidemiológicos que hasta la fecha se han realizado entre las comunidades vecinas a estos sitios, por la simple razón de que la literatura científica sobre el tema es escasa para un gran número de dichos contaminantes.

3.4.3 Accidentes y riesgos ocupacionales

La salud de los trabajadores involucrados en los procesos de operación de los sistemas de residuos solidos municipales, está relacionada no sólo a los riesgos ocupacionales inherentes a los procesos, sino también a sus condiciones de vida.

Algunos de los accidentes más frecuentes en ALC entre los trabajadores que manejan directamente los RSM son:

• Cortes con vidrios: es el accidente más común entre los trabajadores de recolección domiciliaria, en los trabajadores de plantas de recuperación y reciclaje y entre los segregadores informales. La causa principal de estos accidentes se debe a la falta de información y educación de la población en general que no se preocupa de aislar o separar los vidrios rotos de los otros residuos. El uso de guantes atenúa la incidencia de cortes pero no impide la mayor parte de estos accidentes.
• Cortes y perforaciones con otros objetos punteagudos como agujas de jeringas, clavos, espinas y otros son también frecuentes.
• Caídas del vehículo: principalmente en la recolección domiciliaria y en la limpieza de vías, debido a que los trabajadores están en el estribo trasero del vehículo sin ninguna protección. Otro factor se relaciona con la elevada incidencia de alcoholismo entre los trabajadores de aseo urbano, lo que aumenta los riesgos de accidentes.
• Atropellamiento: están expuestos los trabajadores de recolección, de estaciones de transferencia, de barrido de calles y los de disposición final de residuos. Además con igual o mayor riesgo están los segregadores informales de los vaciaderos de basura y de rellenos no controlados.
• Otros: también ocurren accidentes, algunos fatales o mutilaciones por aplastamiento o presión de equipos de compactación y otras máquinas; mordedura de animales (perros, ratas) y picadura de insectos venenosos.

Los trabajadores de limpieza urbana también están expuestos a peleas y violencia, al frío, al calor, a los humos, al monóxido de carbono, a la adopción de posturas forzadas, a levantar cargas excesivamente pesadas y a los microorganismos patógenos presentes en los residuos municipales. Las micosis son comunes en los trabajadores que manejan RSM y aparecen frecuentemente (más no exclusivamente) en manos y pies, donde los guantes y calzados establecen condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos.

También se ha detectado índices relativamente altos de dolencias coronarias e hipertensión arterial, principalmente entre los trabajadores de recolección domiciliaria. Cimino y Mamtani (1987) encontraron 6,5% de hipertensión arterial y 2,2% de dolencias coronarias; Anjos (1995) encontró 46% con algún grado de hipertensión arterial, de los cuales 20% tenían síntomas moderados o severos. En Dinamarca, en una planta de separación de residuos, 53% de los trabajadores desarrollaron dolencias pulmonares durante los 8 primeros meses de producción (Malmros et al., 1992).

Finalmente, debe hacerse referencia al estrés que soportan los trabajadores por largos períodos de transporte y los problemas de sobrevivencia y de nutrición resultantes de sus bajos salarios y desgaste físico. El estrés puede ser causa de muchos accidentes de trabajo, de dolencias ocupacionales y reducción de la inmunidad.

Los escenarios de emergencias ambientales son completamente diferentes a los escenarios de la contaminación en sitios peligrosos. En las emergencias ambientales, por lo general se presenta la exposición a una sola sustancia y no a mezclas complejas como es el caso de los lugares contaminados con residuos. La exposición es aguda y no crónica y las concentraciones ambientales pueden llegar a ser muy altas. En un reporte de la ATSDR sobre 1.249 eventos se encontró que en 72% de los casos participaron fuentes fijas y sólo el restante 28% de los eventos ocurrieron por accidentes de transporte. En 80% de estos eventos sólo una sustancia estuvo involucrada.

En el "Análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia", OPS, 1996, se presenta el cuadro 3.4.3 que muestra datos suministrados por el instituto privado de salud "La Bergerie" de Bogotá, con los 10 diagnósticos más frecuentes en los 2.341 recicladores que acudieron durante 1993 a dicho establecimiento de salud.

Los cuadros 3.4.3, 3.4.3.1 y 3.4.3.2 muestran la estrecha relación del ambiente de trabajo con las condiciones sanitarias en que viven los segregadores de Bogotá y Lima, las que se repiten en otras ciudades de América Latina y el Caribe.

México tiene un amplio historial en materia de accidentes ambientales. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de México ha efectuado un inventario de los accidentes químicos ocurridos en el país de 1990 a 1993; este inventario incluye 370 incidentes, de los cuales 70% ocurrieron en el interior de instalaciones que manejan o almacenan sustancias químicas peligrosas.