Año 2012 – Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Parte 7

TERCERA SECCIÓN

VI. Una foto en el camino

El refuerzo de las áreas de gestión de la ACUMAR tuvo como corolario una profusión de acciones en la cuenca. Como en todo viaje, al comenzar a andar se ajustan las expectativas iniciales y se reconocen nuevos retos y oportunidades. Es por ello que a continuación sintetizamos algunas de las principales temáticas abordadas, procurando ilustrar la trayectoria de las mismas²³. Para ello utilizaremos como mojones de referencia la situación pre-existente al comenzar el 2011²⁴ y las cuestiones pendientes que –a nuestro entender– deben incorporarse en la agenda del año que comienza.

En materia de control de la contaminación de origen industrial, el registro de las industrias de la cuenca y la intensificación de los controles actuaron de plataforma para avanzar en la reconversión de aquellos establecimientos considerados contaminantes.

El empadronamiento de industrias dio cuenta de la existencia de más de 20.000 establecimientos, de los cuales al menos 10.639 son industrias manufactureras, en cuya fiscalización se avanzó declarándose a 868 como agentes contaminantes²⁵. De los mismos, 9 fueron reconvertidos²⁶ y 262 cuentan con un Programa de Reconversión Industrial (PRI) aprobado.

Asimismo, se puso a disposición de la micro, pequeñas y medianas empresas apoyo técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y financiero por medio del Plan Producción Limpia para todos²⁷.

Si bien aún es incipiente, la modificación de los procesos productivos hacia tecnologías más limpias y el incremento de las fiscalizaciones por medio de constantes inspecciones a las empresas constituyen avances que los sectores público y privado deberán sostener. Empero, las deficiencias que presenta la legislación vigente podrían conducir a la paradoja de que, aún cuando todas las empresas se ajustasen a lo normado, el resultado continúe siendo subóptimo y no se recompongan de modo sustantivo las condiciones ambientales.

Velar por el cumplimiento de la normativa es una tarea imprescindible de las autoridades públicas, pero en ella no se agota su intervención. La ley 26.168 otorgó a la ACUMAR facultades de regulación (art. 5) a fin de que establezca los preceptos adecuados al objetivo de recomposición ambiental. En ejercicio de los mismos, consideramos que la autoridad debe modificar la reglamentación de los objetivos de calidad de agua y usos del río (Resolución 3/2009), implementar un sistema de control de las cargas másicas que disponen las industrias (límites a la cantidad total de contaminantes) y establecer metas de reducción progresiva para la emisión de sustancias contaminantes²⁸.

Respecto al saneamiento de los basurales existentes en la cuenca, la ACUMAR avanzó por medio de un convenio con el CEAMSE en la remoción de los residuos superficiales en aproximadamente 100 sitios.
Conforme al convenio suscripto con las autoridades locales, una vez limpiados se transfirió el control de los predios a los Municipios. También se continuó la limpieza de márgenes a través de cooperativas que diariamente recorren el río y algunos arroyos.
Si bien resultan positivas, dichas acciones no apuntan a la raíz del problema, por cuanto la formación de basurales clandestinos es la consecuencia de una defectuosa gestión de los residuos que hasta el presente no se ha modificado. En este sentido, la ACUMAR presentó a fines del año 2010 un Plan Maestro para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y recientemente anunció la pronta construcción de Ecopuntos para disminuir los volúmenes de residuos de poda y escombros que se entierran.

Asumir una estrategia de gestión integral de residuos es escoger la vía correcta, sin embargo aún resta tomar los recaudos necesarios para que la planificación contribuya efectivamente al logro de los objetivos enunciados.

El Cuerpo Colegiado observó que el Plan Maestro se concentra prioritariamente en las etapas de tratamiento y disposición final de los residuos (últimos eslabones del ciclo), desatendiendo las primeras etapas y los objetivos de minimización, separación en origen y recolección diferenciada, indispensables para favorecer la reducción, reciclaje y reutilización.

Para las que no se presentaron planes, cronogramas ni compromisos presupuestarios.

Focalizar las acciones en la limpieza de los basurales y en el tratamiento y enterramiento de los residuos no será suficiente en tanto y en cuanto esta estrategia no se integre en una respuesta global al problema. Es preciso atender simultáneamente a todas las etapas de la gestión integral y contar con el apoyo y compromiso de la ciudadanía. De lo contrario, sería como sacar agua con un balde de un bote que se encuentra agujereado.

Una tarea valiosa pero incapaz de resolver el problema y expuesta al desgaste del tiempo. Por tales motivos, se solicitó judicialmente una audiencia pública para el debate del plan a seguir²⁹. Petición que hasta el momento no ha tenido una respuesta satisfactoria.

En relación a las obras de infraestructura para la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal, el 2011 fue un año de definiciones para la Cuenca Alta y el partido de Merlo. El Juzgado Federal de Quilmes impulsó enfáticamente la expansión de las redes, exigiendo un Plan Director y la concentración de los servicios en único prestador, que resultó ser ABSA S.A.

La empresa ya ha tomado posesión de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Gándara, Nuestra Señora de La Paz, Las Heras, Merlo, Alejandro Korn, Guernica, San Vicente y Cañuelas, respecto a las cuales informó su nivel de funcionamiento. 5 de ellas evidenciaron deficiencias, mientras que en otras 3 se corroboró un nivel de tratamiento considerado por la empresa como eficiente³⁰.

La exigencia de un Plan Director para asegurar que el 100% de la población cuente con acceso al agua potable y un adecuado tratamiento de los desagües cloacales es un objetivo por demás positivo que redundará en una sensible mejora de la calidad de vida de los habitantes más alejados del área metropolitana de Buenos Aires³¹. No obstante, es válido preguntarse si la concentración de los servicios en un solo prestador es la única vía posible para ello. El Juzgado de ejecución de sentencia así lo entendió, lo que motivó incluso una intervención judicial de los servicios en el Municipio de Marcos Paz ante la falta de aprobación de su traspaso a ABSA S.A. por parte del Concejo Deliberante³². Sin ánimo de agotar la polémica, consideramos que el tema amerita una discusión más profunda en la que se sopesen las distintas alternativas, como ser el apoyo financiero a las cooperativas locales que operan las plantas, la constancia de los controles de calidad y la implementación de un monitoreo social mediante la inclusión de los vecinos en la operación del servicio.

El resto de la cuenca (Cuencas Baja y Media, a excepción del partido de Merlo) se encuentra dentro del área de concesión de AySA S.A.

Esta continuó trabajando conforme a lo previsto en su Plan Director y presentó un Plan Estratégico 2011-2020³³. En el haber del 2011 se destacan los avances en las obras de ampliación de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales Sudoeste y El Jagüel, que permitirán, durante 2012, la incorporación al servicio de cloacas de aproximadamente 500 mil personas. En el debe ubicamos a las recurrentes demoras en la ejecución de las obras de infraestructura previstas en el préstamo acordado con el Banco Mundial, que hasta el presente no evidenciaron avance alguno.

En materia de vivienda, comenzó a implementarse el convenio suscripto en septiembre de 2010 que prevé soluciones habitacionales para 17.771 familias. Las principales acciones se centraron en la relocalización de las personas que habitan sobre las márgenes del río. Al respecto, el Juzgado Federal de Quilmes exigió la presentación de censos y plazos excepcionales³⁴, supervisando posteriormente la ejecución de los mismos.

Sobre un total de 2398 familias a relocalizar en esta primera etapa, 256 ya lo hicieron, mudándose de las villas y asentamientos Pte. Bosch (Avellaneda), El Amanecer (Lomas de Zamora), Mi Esperanza (La Matanza), Luján y el Pueblito (C.A.B.A.) a viviendas construidas en el marco del Plan Federal de Viviendas. Este cambio no sólo implica la posibilidad de acceder a la titularidad de los bienes inmuebles, sino también la garantía de acceder a servicios públicos y evitar la exposición a altos riesgos ambientales.

Sin perjuicio de ciertas dificultades iniciales, luego de la solicitud que el Defensor del Pueblo de la Nación –en su rol de coordinador del Cuerpo Colegiado– hiciera ante la CSJN y el Juzgado Federal de Quilmes, los desplazamientos comenzaron a realizarse, al menos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, involucrando a los vecinos afectados en la planificación de las acciones. A través de Mesas de Trabajo se genera un espacio para la información y participación que consideramos sumamente beneficioso, y que amerita la institucionalización por parte de la ACUMAR mediante el dictado de una regulación específica.

Como tarea pendiente agendamos la necesidad de hacer explícitos los criterios utilizados para priorizar a las familias a relocalizar. De las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el Convenio Marco 2010, 2398 se destinan a quienes habitan las márgenes del río. Entendemos que las restantes deberán adjudicarse mediante un sistema transparente que, en función de un criterio de riesgo, comience por aquellas en mayor situación de vulnerabilidad y expuestas a mayores amenazas ambientales (por ejemplo por vivir sobre un basural, al borde de arroyos contaminados o en sitios altamente deteriorados, etc.)³⁵.

Respecto a la salud de la población de la cuenca, la ACUMAR prosiguió con la ejecución del Plan Sanitario de Emergencia. A los estudios de diagnósticos y las medidas de vigilancia epidemiológica efectuados en el 2010 se sumaron acciones tendientes a la adecuación de la red de servicios de salud.

Se destacan la puesta en funcionamiento de los Nodos de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en cada una de las jurisdicciones comprendidas en la cuenca³⁶ y los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos.

También el acuerdo con los Municipios y la C.A.B.A. para construir Unidades Sanitarias Ambientales, que incluirán a los mencionados nodos de vigilancia como así también a consultorios clínicos, pediátricos, tocoginecológicos, odontológicos y equipos para realizar ecografías, electrocardiografías y vacunas³⁷.

Por su parte, se avanzó en el procesamiento de los resultados del Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores de 6 años (ENUDPA T 2010). Los resultados de este estudio muestran una importante afectación de la salud de los niños que habitan en los partidos de la cuenca³⁸:

• 34% con sospechas de déficit en el desarrollo psicomotor;
• 4% de niños con plomo en sangre;
• 3,5% de niños con arsénico en orina, 1,78% con cromo y 1% con mercurio;
• 5,2% con baja talla (acortados), 1,1% emaciados (desnutridos) y
• 7,16% obesos;
• 29,1% de anémicos en menores de 2 años y 13,2% en el grupo de 2 a 6 años³⁹.

Dado que la cantidad total de población de la cuenca es superior a los 6 millones de habitantes y la proporción de niños menores de 6 años es cercana al 11,83 %, se puede estimar que viven en la cuenca alrededor de 723.000 niños de esta edad. Si consideramos que el estudio se basó en una muestra representativa de la población, el número total de niños menores de 6 años probablemente afectados es muy grande.

Sin perjuicio que entre las causas de esta situación inciden tanto factores ambientales como otros ligados a condiciones asociadas a la pobreza, los datos exigen avanzar en la elaboración de un diagnóstico que identifique en forma precisa a la población vulnerable en riesgo y una política proactiva. Esta debiera superar la fase de registro y atención a las patologías detectadas en los centros de salud, realizando una intervención preventiva en la búsqueda de casos, mediante un operativo sanitario de detección y tratamiento de la totalidad de los niños probablemente afectados.

VII. Un termómetro de agua

La falta de información pública fue uno de los primeros obstáculos detectados al intentar una gestión ambiental de la cuenca. Ya en las audiencias públicas convocadas por la CSJN en 2008 se hizo evidente que, a pesar de las numerosas iniciativas previas, aun desconocíamos datos básicos.

En aquella ocasión el Estado no pudo identificar a la totalidad de las industrias existentes en la cuenca, ni describir la calidad del aire, el déficit de vivienda se encontraba invisibilizado y los estudios de salud no se habían relacionado a la degradación ambiental. Tampoco fue posible dar cuenta del caudal de río (las últimas mediciones sistemáticas databan de la década del 60), ni de la calidad del agua. Datos indispensables para ilustrar el origen y progresión de la contaminación.

A tres años de la sentencia algunos de estos vacíos han sido llenados y existe información pública disponible para analizar la situación y elaborar escenarios alternativos. En materia de calidad del agua se está implementando desde el año 2008 un Programa Integral de Monitoreo, que recoge trimestralmente información sistemática y cuyos datos públicos están disponibles en la página de la ACUMAR⁴⁰; y se prevé que a principios de 2012 comenzará a funcionar una red de registros hidrográficos que permitirá conocer el régimen hídrico de los ríos (caudal) y estimar la carga de contaminantes que recibe⁴¹.

Se generaron datos valiosos, sin embargo, aun no se han presentado conclusiones relevantes sobre lo que esos datos dicen. La difusión de información, muy bienvenida, no es suficiente para narrar los múltiples sentidos que puede darse a la información según los intereses, objetivos y contextos con que se los analice. Este análisis, vital para la gestión, es una tarea colectiva aun pendiente, y a la que pretendemos con este artículo contribuir.

Entre las múltiples facetas desde las que puede describirse la situación de la cuenca escogimos una que esperamos permita dar inicio al debate que propiciamos: la calidad del agua. Como señalamos en la primera sección, son los cursos de agua los que determinan el territorio de la cuenca, el lazo que une distintas realidades y problemáticas, y también un indicador sintético (si bien no el único) de los cambios que acontecen.

Es por ello que en base a la información disponible nos preguntamos: ¿mejoró el río Matanza-Riachuelo?

La respuesta no es simple. La cuenca no es un espacio homogéneo, por lo que debemos –al menos– diferenciar la situación de las cuencas Alta, Media y Baja. También es necesario distinguir las subcuencas hídricas de los principales arroyos que desembocan en el río Matanza-Riachuelo, y dentro de ellas, la situación en las nacientes y en sus desembocaduras.

Estas distinciones permitirán adaptar las estrategias de gestión ambiental a cada territorio y situación particular y definir responsabilidades diferenciales.

A fin de dar cuenta de esa diversidad de situaciones pero al mismo tiempo mantener un número acotado de parámetros que faciliten su inteligibilidad y comunicación, hemos seleccionado un conjunto de estaciones de muestreo del Programa Integral de Monitoreo. Informamos, para cada una de ellas, los promedios anuales para los años 2008 y 2010 respecto de 5 parámetros de calidad del agua representativos de la presencia de contaminación orgánica, metales pesados y el estado biótico de los sedimentos⁴².

Un conjunto de estaciones miden la calidad sobre el cuerpo principal del río Matanza Riachuelo, estas son:

• El cruce del río con la Ruta Nacional Nº 3.
• El cruce del río con la Autopista Ricchieri.
• El Puente de la Noria.
• El Puente Pueyrredón.

Otro grupo se ubica sobre arroyos tributarios, cercanos a sus respectivas desembocaduras:

• Arroyo Cañuelas.
• Arroyo Chacón.
• Arroyo Morales.
• Arroyo Santa Catalina.
• Arroyo del Rey.
• Arroyo Cildáñez.

Se agrega la estación de monitoreo ubicada a la salida de la Planta Depuradora de líquidos cloacales Sudoeste.

Una primera lectura, tanto del contenido de oxígeno en el agua como de los índices bióticos, nos muestra un río fuertemente contaminado en el año 2008 y también en 2010. A pesar de las diferencias entre los distintos sectores la cuenca, se evidencia claramente la situación de degradación que se acreditó durante el proceso judicial y que puede confirmar la más simple percepción con sólo acercarse a los mismos⁴³.

Sin embargo es posible notar cambios que, aunque leves, van en un sentido positivo. Vemos así, por ejemplo, una leve reducción de la concentración de plomo y de cromo total en el agua entre el año 2008 y 2010⁴⁴

Es preciso señalar que la calidad del agua no sólo depende de la conducta de los múltiples actores que controlan las fuentes de contaminación (industrias, residuos, infraestructuras, tratamiento cloacal, etc.) y de su respuesta a las políticas públicas, sino que también está influenciada por los ciclos económicos (tiende a deteriorarse con la mayor actividad industrial) y el régimen climático (años más lluviosos pueden mejorar cierta variables de la calidad, aunque la lluvia podría ser un factor en la movilización de metales contenidos en los sedimentos y aportar contaminantes provenientes del lavado de calles y patios). Por ende, la ausencia de modelaciones que evalúen su interacción no permite identificar apropiadamente las causas de las tendencias observadas.

No obstante, podemos sugerir que la creciente presencia estatal a través de la intervención de la CSJN y el Juzgado Federal de Quilmes, el despliegue de la ACUMAR mediante inspecciones y procesos de reconversión industrial, y el aumento del conocimiento de la problemática de la cuenca y de la conciencia ambiental de los ciudadanos, son factores que contribuyen a los cambios que comienzan a evidenciarse.

Lo mismo podría decirse de las mejoras en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Sudoeste y los controles de la calidad de los desechos industriales vertidos a las redes cloacales y conductos pluviales.

Estas acciones, sumadas a las condiciones climáticas y la baja en la actividad económica durante 2009 y 2010 (respecto del pico de 2008) son los principales candidatos a explicar la tendencia positiva.

Al mismo tiempo, es preciso señalar que los metales pesados en los arroyos de la cuenca media (ej. A° Morales) no siguieron la misma tendencia, la que se muestra estancada o ha empeorado. Cuestión a atender en pos de evitar que el mayor control sobre las industrias registradas (principalmente en la Cuenca Baja) redunde en una transferencia de las actividades contaminantes a otros sectores, e incluso a otras cuencas hídricas.

En suma, comienzan a verse mejoras en la calidad del agua, cuyas causas y progresión es posible discutir en base a datos compartidos, disponibles públicamente. Ello resulta auspicioso no sólo desde el punto de vista del deslinde de responsabilidades y la atribución de méritos, sino también desde el debate a dar en torno al río que deseamos y su vinculación con el territorio y los habitantes de la cuenca.

VIII. Colofón

1. El proceso para revertir la degradación de la cuenca Matanza Riachuelo lleva ya casi 10 años desde que la Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con vecinos, organizaciones sociales y entidades educativas realizó un análisis integral e interdisciplinario de su problemática. Aproximadamente 8 años desde que se inició una demanda judicial contra los Estados y las principales empresas comprendidas.

Y más de 3 años desde que se creó la ACUMAR y desde que la CSJN dictó la histórica sentencia del 8 de julio.

El tiempo transcurrido no fue en vano. Los logros obtenidos y las lecciones aprendidas ameritan el sostenimiento del tema en la agenda pública. En este sentido, resulta fundamental la confianza en un avance progresivo, con prisa y sin pausa, de las acciones establecidas en el fallo e incorporadas al plan de saneamiento, lo que exige mostrar resultados verificables.

La continuidad de las políticas es esencial en el afianzamiento de un cambio cultural que cristalice el compromiso de todos los sectores involucrados. Por lo que la experiencia recogida deberá plasmarse en planificaciones y acciones concretas. Es responsabilidad de la ACUMAR, del Poder Judicial, del Cuerpo Colegiado y de la sociedad toda que los esfuerzos redunden en la consecución de los objetivos de recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida y prevenir daños.

2. El refuerzo de las áreas de gestión de la ACUMAR constituye un avance en el despliegue de la actividad de un Estado que durante décadas se caracterizó por una débil presencia en la cuenca. Su organización en base a los problemas que debe resolver y no a estrictas cuestiones funcionales o estrechos límites jurisdiccionales es, asimismo, auspiciosa para dar respuesta a la complejidad de los conflictos que se suscitan.

Cumplida esta primera etapa, resta avanzar en la consolidación del rol que la autoridad de cuenca debe asumir en materia de coordinación y planificación estratégica de políticas. Es preciso coordinar las visiones en objetivos comunes y, para ello, resulta imperioso que la ACUMAR ejerza plenamente las amplias facultades y competencias que le fueran encomendadas mediante la Ley N° 26.168.

La dirección del proceso, actualmente protagonizada por el Juzgado Federal de Quilmes en una causa cuyos alcances siguen expandiéndose, invita a reflexionar sobre las vías adecuadas y los límites de una política pública tutelada por el Poder Judicial. Máxime cuando los procedimientos judiciales resultan acotados para la discusión de temas cuya amplitud y complejidad requieren de múltiples aportes y la participación de numerosos actores.

3. La definición de un horizonte para la cuenca no puede circunscribirse a argumentos tecnocráticos, sino que requiere del involucramiento de toda la ciudadanía en la discusión sobre los objetivos y criterios que guían las acciones, y sus implicancias en términos ecológicos, económicos y sociales.

La ACUMAR evidenció serias falencias en la incorporación de distintos puntos de vista en la formulación de sus políticas. La Comisión de Participación Social, creada por ley, ha tenido un accionar mínimo, reducido al vínculo interinstitucional, sin profundizar en la discusión sobre las medidas a implementarse. Como consecuencia, se han elaborado planes, posteriormente asumidos por el Juzgado de ejecución, sin contemplar la opinión de todos los sectores.

Especialmente preocupante resulta la falta de debate público en torno a temas trascendentales, como el Reglamento de usos y objetivos de calidad de agua, el Plan Maestro para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, la prohibición de la navegación comercial en la Cuenca Baja, el Plan Integral de Ordenamiento Ambiental del Territorio y el Plan Maestro y Estratégico para el Puerto de Dock Sud.
El Cuerpo Colegiado ha reclamado una planificación participativa mediante las vías previstas en la normativa, exigiendo que se convoque a audiencias públicas en relación a cada una de las temáticas. Asimismo, con miras a promover un mayor acceso a la información e involucramiento de la ciudadanía, así como también en pos de prevenir posibles vulneraciones de derechos, ha difundido mediante el Boletín de Novedades Cuenca Matanza Riachuelo y las páginas de internet del Defensor del Pueblo de la Nación y de las OSCs las novedades y los principales acontecimientos del proceso.
La reciente presentación del sitio ¿Qué pasa Riachuelo? es un bienvenido avance en la construcción de un red de cooperación en el que la información pública y un monitoreo social confluyan en la detección de problemas y la resolución de conflictos⁴⁵.

Sin embargo, es crucial que se sostenga y amplíe el acceso a información pública de calidad, condición básica que habilita una participación constructiva.

5. El proceso para la recomposición de la cuenca es un caso paradigmático que llegó a instancias nunca antes alcanzadas por una problemática ambiental en la República Argentina. Su éxito no sólo es vital para alcanzar los objetivos establecidos, sino que también resulta de suma relevancia para afianzar el paradigma de la sustentabilidad y marcar una senda en la resolución de conflictos que se generan en todo el país.

Entendemos que las acciones que requiere, más que un desafío a las prácticas estatales clásicas, constituyen una oportunidad para que a partir de la implementación de los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (información pública, participación ciudadana, evaluación de impactos, ordenamiento territorial, sistemas de control, educación, promoción económica, etc.) se logren las respuestas que la ciudadanía precisa.

6. El conjunto de acciones que actualmente se emprenden conforma un hecho sin precedentes en el abordaje a la problemática de la cuenca.

El mismo es fruto del compromiso asumido por las autoridades políticas y el Poder Judicial, como así también del trabajo mancomunado que realizan numerosas instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y vecinos.

Celebrando este escenario favorable, promovemos una profundización del proceso invitando a mirar hacia el futuro en el marco de un amplio debate sobre la cuenca que deseamos. El desafío convoca a la creatividad en el diseño de escenarios posibles, para definir objetivos progresivos y comenzar a construir colectivamente un destino común de desarrollo, inclusión, equidad, recomposición de un ambiente sano y calidad de vida en la cuenca Matanza Riachuelo.

Referencias

23 Elaboración en base a la información pública disponible al 01/12/2011.
24 P ara lo que seguiremos los lineamientos señalados en Nápoli, A. y García Espil, J. (2011). “Riachuelo: hacer hoy pensando en la cuenca del mañana”. Informe Anual FARN 2011.
25 D atos al 29/11/2011, recuperados de la sección indicadores en http://www.acumar.gov.ar
26 Según información difundida a la prensa por la ACUMAR: Pilcomayo S.R.L., Gramtor S.A., Hijos de Pedro Vicenti S.A., Inpaco S.A.I.C.E.I., Curtiembre Arlei S.A., Sadesa S.A., Fercol Lubricantes S.R.L., Grabya S.R.L. y Nidera S.A.
27 http://www.acumar.gov.ar/novedades_noticias_nota.php?num=306
28 A spectos desarrollados en Nápoli, A. y García Espil, J. (2010), op. cit., Informe Anual FARN 2010.
29 Escrito presentado el 19/04/2011 ante el Juzgado Federal de Quilmes en el expediente Nº 13/09. Disponible en http://www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=101&ms=area3.
30 I nforme de ABSA S.A. presentado en fecha 23/09/2011 en el expediente judicial Nº 26/09.
31 A ctualmente un 54% no cuenta con el servicio de agua potable y un 71% carece de saneamiento cloacal. Fuente: ACUMAR, indicadores, infraestructura http://www.acumar.gov.ar.
32 Resolución judicial del 27 de septiembre de 2011 en el expediente N° 26/09.
33 Consultar en http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=608.
34 Resolución judicial del 21 de diciembre de 2010 en el expediente Nº 25/09.
35 U n insumo de utilidad en este sentido lo constituye el Relevamiento de Villas y Asentamientos en el Gran Buenos Aires realizado por la organización Un techo para mi País. http://www. untechoparamipais.org/argentina/sites/default/files/catastro-2011-buenos-aires.pdf
36 Estas son unidades de análisis que reportan un conjunto de patologías encontradas y permiten conocer las enfermedades prevalentes. A la fecha se han difundido 4 Boletines con los resultados obtenidos.
37 Suscripto el 2 de diciembre de 2011.
38 Los autores agradecen los aportes del Dr. Horacio Pracilio en el análisis de la temática.
39 Establecida por valores de hemoglobina en sangre inferiores a 10,5 gr % para menores de dos años y de 11 gr % para los mayores.
40 B ase de Datos Hidrológicos disponible en http://www.bdh.acumar.gov.ar:8081/bdh3/.
41 Recordemos que la cantidad total de una sustancia contaminante, o carga másica, se estima a partir de la calidad y la cantidad de agua que corre en un tiempo determinado (concentración y caudal).
42 Elaboración propia en base a Base de Datos Hidrológica de la ACUMAR.
43 Como referencia se utilizan los valores asociados al Uso IV (Actividades recreativas pasivas) y Uso V (Preservación de vida acuática con exposición prolongada) de la Resolución 3/2009.
44 P ara los siguientes parámetros no se han establecido límites explícitos en el Uso IV de la Resolución Nº 3/2009.
45 ¿Qué