Normas de Seguridad e Higiene Laboral en actividades Mineras y Petroleras. Anexo 1

Anexo 1: Material explosivo abandonado conforme a la difusión en los medio de comunicación masiva de nuestro país”.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Hay más de 100 fábricas y 872 polvorines sin control

Juan Carlos Ramos asumió en el RENAR y se encontró una situación “preocupante”.

Guido Braslavsky. .
[email protected] http://www.clarin.com/diario/2004/04/12/p-01001.htm

En la Argentina hay más de un centenar de fábricas de explosivos y casi 900 polvorines que nadie controla, en una situación que se viene arrastrando por años y que no cambió siquiera después de los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA, pese a la sospecha de que los explosivos que volaron la mutual judía en 1994 pudieron haber sido comprados en el país.

Esta falta de control sobre la compraventa y circulación de explosivos y en consecuencia, la posibilidad de que material sensible pueda ser adquirido incluso con fines terroristas, fue admitida a Clarín por Juan Carlos Ramos, director del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Defensa, organismo encargado de fiscalizar esta actividad.

Con mucha preocupación en un contexto internacional de amenazas terroristas y ataques explosivos de magnitud como el ocurrido en Madrid un mes atrás, Defensa busca retomar el control del tema explosivos con “un plan integral”, dijo Ramos.

A principios de año se detectó en la Fábrica Militar de Azul (Fanazul) un faltante de casi 3 mil kilos de explosivos y la Justicia todavía intenta determinar si hubo un error contable o un robo (ver recuadro). Fanazul depende de Fabricaciones Militares y se supone que debería contar con los mayores controles.

Hombre de confianza del ministro José Pampuro, duhaldista y platense por adopción, Ramos llegó al RENAR hace cuatro meses. Sus palabras suenan a denuncia: “Estamos haciendo lo imposible pero no se puede lograr materialmente el control —reconoce—. Hicimos un convenio con Gendarmería para supervisar unas mil fábricas y polvorines. Llegaron a 110 y no pudieron seguir por falta de jurisdicción”.

En una entrevista con Clarín, en su oficina de la calle Bartolomé Mitre, Ramos pintó un panorama preocupante. “Acá se firmaba cualquier cosa”, sostuvo.
—¿Quién firmaba?
—El Departamento de Explosivos del RENAR, por eso lo hemos desmantelado. Por ejemplo, se pedía habilitar un polvorín, iba a verlo la Gendarmería, y decía que no estaba realmente en condiciones. Pero acá le daban la aprobación. Por eso echamos a casi todos, unas 15 personas…
—Al no haber control, ¿cualquiera podría comprar explosivos? ¿Aun terroristas?
—Pueden ir diciendo que explotan canteras y que les vendan explosivos. Debe haber fábricas serias que piden antecedentes y registración, y otras que no.
—Se depende de la buena fe para que no pase nada
—Sí.
—¿Tampoco hubo cambios en esto tras los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA?
—No.
Aunque esto fue denunciado en la causa AMIA, es la primera vez que un funcionario a cargo lo admite. Según la ley, sólo los usuarios registrados pueden comprar explosivos y los movimientos deben quedar asentados.

Está probado que para volar la AMIA se usaron 300 kilogramos de amonal (mezcla de nitrato de amonio, que es un fertilizante de venta libre, y aluminio). Antes que provisto desde la Triple Frontera, se cree que fue adquirido en el país. Justamente, la falta de control en materia de explosivos hizo perder una pista clave para llegar a los responsables.

Esto fue motivo de denuncias del juez federal Juan José Galeano, que instruyó la causa AMIA, y de la Unidad Especial de Investigación del atentado, dependiente del Ministerio de Justicia.

La ley nacional 20.429 de armas y explosivos de 1973 otorga la fiscalización de explosivos a la Dirección General de Fabricaciones Militares (FM). En enero de 2001, el decreto 37 transfirió esa responsabilidad al RENAR.

El RENAR no tiene poder de policía ni fondos asignados para hacerlo, asegura Ramos. Operativamente se apoya en la Gendarmería. Como un registro del automotor, se autofinancia con una recaudación promedio de 600 mil pesos al mes.

Jueves 11 de diciembre de 2003

Por las provincias: roban explosivos de una cantera en Río Negro

Además, en el habitual recorrido por los medios periodísticos del interior, noticias de Mendoza, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Necochea y Rosario

Un grupo de delincuentes robó gran cantidad de explosivos y elementos para hacerlos detonar de una cantera de yeso situada a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de General Roca, en Río Negro.

Así lo informó hoy personal de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro, con asiento en esta ciudad, a la vez que destacó que el hecho ocurrió el martes último, aparentemente durante la madrugada, aunque sólo se conoció esta mañana.

Las fuentes policiales dijeron que en total serían unos 200 kilos de explosivos que se utilizan para extraer yeso de esa cantera.

La policía precisó que los delincuentes se llevaron “24 bolsas de novalita (cuyo peso no se determinó), cuatro cajas de gelapen por un total de 100 kilos, media caja de 15 kilos de gelamita media, cinco unidades de retardo Exel, 15 unidades de retardo comunes, 200 metros de mecha lenta, 2.850 metros de cordón detonante y 96 detonantes”.

Los investigadores pudieron determinar que los ladrones levantaron el tejido de dos metros de alto que circundaba los dos polvorines cuyas entradas, que estaban cerradas con candados, fueron violadas.

En la causa intervino el juez de Instrucción de General Roca Rubén Norry.

Gendarmería proseguía buscando material explosivo en Ushuaia

USHUAIA.- Personal de Gendarmería continuaba ayer con el rastrillaje de material explosivo, ordenado por la Justicia, en el área donde el pasado lunes un incendio seguido de dos explosiones provocó la muerte de dos personas y 42 heridos.

El jefe del grupo de explosivos de Gendarmería Nacional, comandante segundo Santiago González, informó que “a las 9 comenzó el rastrillaje que se había suspendido ayer por las condiciones meteorológicas adversas”.

“El chequeo se realiza para que no quede diseminado en el predio ningún material explosivo que implique un peligro para la seguridad pública. El objetivo es dejar la zona limpia hasta en un 98 por ciento para que no quede ningún riesgo potencial para la vida”, explicó.
El experto indicó que “con todo aquel material que no reúna medidas de seguridad se procede a su destrucción controlada y aquellos que reúnan las medidas de seguridad se dejarán a resguardo para las posteriores diligencias judiciales”.

Asimismo, González confirmó que ayer “se encontró en la zona material de valiosa importancia para la investigación”, aunque no quiso precisar cuáles eran esos elementos.

En el rastrillaje trabaja personal del Escuadrón 44 Ushuaia, efectivos policiales, bomberos, y se cuenta con la asistencia médica de dos ambulancias en el lugar.

Para el operativo también se dispone de retroexcavadoras y autoelevadoras provistas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicas del Gobierno provincial.

Por su parte, el juez federal de primera instancia de Ushuaia, Carlos Tocagni, informó que “estamos realizando indagatoria al agente aduanero Marcelo Straguzzi, que llegó ayer procedente desde Bahía Blanca”.

Por pedido de Tocagni, la policía de Bahía Blanca había detenido el pasado jueves a Straguzzi porque había autorizado una carga de extinguidores hacia Ushuaia, cuando en realidad se trataba de los explosivos que originaron la catástrofe de la empresa Ingeniería Guerra, en la que murieron un bombero y un operario. (Télam y NA).

Especialistas retiraron los conos utilizados en la década del 60 por YPF, Hallaron 46 boosters sísmicos en una vivienda de Tartagal

Por Cristina Carrazán de la redacción de El Tribuno

Los trabajos para retirar las cargas explosivas conocidas como boosters sísmicos y que se encuentran diseminadas por toda el área rural del departamento San Martín son realizados por especialistas del Grupo de Desactivación de Explosivos de Gendarmería Nacional, con el apoyo logístico del Regimiento 28 de infantería con asiento en Tartagal y de la empresa YPF-Repsol.

El comandante Santiago González, del grupo especial, explicó que “la empresa YPF, el Ejército Argentino y Gendarmería Nacional nos unimos para llevar adelante estas tareas que se dividen en dos etapas”.

Por un lado -explicó- se brindan charlas informativas, en especial en las escuelas, con el objeto de advertir fundamentalmente a los niños sobre la presencia de estas cargas.

Simultáneamente, los expertos realizan el levantamiento de los conos con dinamita. Los trabajos se iniciaron hace un año cuando operarios de una empresa que realizaba las excavaciones para la instalación de un gasoducto, detectaron estos peligrosos elementos.

Para precisar la ubicación de los boosters, señaló González, “trabajamos con planos de estudios sismográficos y navegadores satelitales provistos por la empresa YPF”.

Los boosters fueron colocados en la década del 60 y cualquier impulso eléctrico puede provocar su estallido. Hasta el momento hemos detectado alrededor de 3.600 cargas. Una vez encontradas todas han sido destruidas evitando tanto daños personales como material y tomando en cuenta el impacto ambiental”, explicó el especialista en explosivos de Gendarmería.

Aunque en los años en que colocaron los boosters los alrededores de Tartagal estaban deshabitados, actualmente muchos de esos predios rurales se encuentran densamente poblados. Así, la última detección de explosivos se concretó en la huerta de una vivienda, ubicada en el barrio Belgrano, al Oeste de Tartagal, detrás de Villa Güemes.

En el lugar se encontraron 46 boosters sin detonar. A pocos metros de la vivienda y al costado de un camino lateral fueron encontradas otros 36 conos.

“Afortunadamente, las cargas fueron ubicadas a una profundidad de aproximadamente a un metro cincuenta”, precisó González, quien no obstante aclaró que “si en esos lugares se realizan trabajos de perforación o excavaciones, los riesgos de explosión son mucho mayores”.

Al ser consultado acerca de la cantidad de boosters que aún permanecerían enterrados en la zona, González expresó que “es muy difícil precisar cuántos quedan y cuánto tiempo nos llevará retirarlos a todos”.

En la parte Este de Tartagal los especialistas realizaron amplios rastrillajes en los últimos meses y se presume que no quedan cargas en el sector.

Por ello, tras completar la búsqueda de explosivos en las afueras de la ciudad, los expertos tienen previsto trasladarse a la zona de Aguaray.

“El programa se extenderá hasta que realizamos la detección, el retiro y la destrucción de todas las cargas”, aseguró González.

HALLAZGO DE 4 MIL KILOS DE DINAMITA Y DETONADORES

Suspenden el ingreso y egreso de explosivos de uso civil a Ezeiza

Lo dispuso el interventor de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Fue luego de encontrar material explosivo en un depósito sin las condiciones de seguridad suficientes y cerca de una pista del aeropuerto.

Daniel Santoro
[email protected]

El titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín, suspendió el ingreso y egreso de material explosivo de uso civil al aeropuerto internacional de Ezeiza hasta tanto no se mejoren las condiciones de traslado y almacenamiento, revelaron a Clarín fuentes oficiales.

Ezeiza es uno de los principales aeropuertos por donde ingresan al país explosivos y detonadores importados que se usan en la industria minera y otras actividades comerciales.

A la luz del complot terrorista descubierto en Londres el viernes se habían reforzado las medidas de seguridad en todos los aeropuertos del mundo y así cobró más relevancia un conflicto sin resolver entre la PSA, la Aduana, la empresa privada encargada de los depósitos fiscales de Ezeiza (Edcadassa), la Justicia y el Registro Nacional de Armas (ReNAr). El ReNAr dependía del ministerio de Defensa, pero el viernes pasó a jurisdicción del ministerio del Interior.

Sucede que un equipo de expertos de la subinterventora de la PSA, Verónica Fernández, descubrió hace unas semanas atrás en la rampa 3 de la terminal de cargas del aeropuerto de Ezeiza habían almacenados “unos 4 mil kilos de explosivos y detonadores sin las medidas de seguridad necesarias“.

Los expertos del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la PSA determinaron que “no tenían las condiciones de seguridad y de manipulación necesarias” . Por ejemplo, había almacenados detonadores eléctricos junto a los explosivos, como el perclorato de amonio, a unos mil metros de la pista central del aeropuerto.

Además, el depósito no tenía “un alambrado perimetral” y su personal usaba un vehículo eléctrico para manipular los explosivos que estaban ubicados “frente a un surtidor de nafta”. Entonces, los expertos de la PSA clausuraron el local y denunciaron el caso ante el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella.

Luego de varias inspecciones, el juez Ferreiro determinó que no se había cometido ningún delito que violara la ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429. Pero la PSA se sigue quejando por la decisión del juez. Sostiene que Edcadassa “no tiene permiso” para almacenar explosivos.

En cambio, en su resolución el juez dijo que se había cometido una falta administrativa y remitió el tema a la Aduana.

Ante esta situación, la Aduana dispuso a través de la resolución 350 del 2006 “ordenar la destrucción de una de las cargas explosivas sin valor comercial”, en un acto que se realizaría en los próximos días.

Pero la PSA no ve esa decisión con buenos ojos porque cree que así “se destruiría prueba” de la comisión de un delito que insiste en denunciar.

Por la resolución 350, Saín mandó el 17 de julio una nota al titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, explicando “el grave problema de seguridad” existente en Ezeiza y pidiendo que suspenda el ingreso y egreso de explosivos, entre otras medidas.

Frente a este confuso cuadro, la subinterventora de la PSA se reunió con representantes de Edcadassa y con el entonces interventor del Registro Nacional de Armas, Raúl Garré, hermano de la ministro de Defensa, Nilda Garré.

Como Verónica Fernández “no obtuvo una respuesta institucional” de parte del ReNAr, la Aduana o la Justicia para definir cómo ordenar el control del manejo de explosivos en Ezeiza elevó un crítico informe a Saín.

En el informe, la subinterventora pide a Saín que suspenda el ingreso de material explosivo a Ezeiza hasta “tanto no sean garantizadas las condiciones de seguridad para su correcto almacenamiento ello de conformidad con la ley 26.102”.

El viernes Saín firmó la orden de impedir el ingreso y egreso de explosivos a Ezeiza, como ya se dijo, y ordenó inspeccionar todos los aeropuertos del país para determinar si hay problemas de seguridad como en el principal aeropuerto del país.

Encuentran explosivos en La Rioja

LA RIOJA.- Mientras efectuaba trabajos de mejoramiento de la ruta nacional 40, en el tramo que une Guandacol con Villa Unión en el oeste de la provincia, un operario de Vialidad descubrió en su pala mecánica un explosivo con poder suficiente para volar una casa, lo que provocó una gran preocupación en las autoridades provinciales.

La actuación del servicio especializado de la policía de la provincia permitió la detección y posterior desactivación de otros cuatro cartuchos, en cuyo interior habría gentamina.

Ese material utilizado habitualmente para realizar voladuras durante trabajos de prospección geológica.

El hecho, que sólo se conoció ayer, ocurrió el jueves en la mencionada zona, a unos 280 kilómetros de esta capital, mientras una máquina vial desarrollaba arreglos en el ripio de la carretera.

Temerario

El operario, cuyo nombre no trascendió, observó que entre piedras y tierra había levantado un cilindro azul de 35 centímetros de largo por unos 5 de diámetro, con varios cables.

El trabajador de Vialidad trasladó el objeto hasta la comisaría de Guandacol, tal vez sin percatarse de la peligrosidad del material que había transportado.

Una vez que la comisaría de Guandacol recibió los explosivos dio parte del sorprendente hallazgo de manera inmediata a la Regional VI de la policía y al juez de Villa Unión Jorge Chamía.

Al día siguiente, personal de la brigada antiexplosivos se trasladó a la zona.

Tras un barrido minucioso,los efectivos de la policía provincial encontraron tres cartuchos más, con una potencia, cada uno ,similar a la de 8 o 10 granadas MK2, según explicó a La Nación la jefatura de Relaciones Policiales de la provincia.

Pudo ser una tragedia

Los explosivos, que podrían haber causado una tragedia, no estaban enterrados y habrían sido abandonados en el lugar alrededor de ocho meses atrás.

En esa época, estuvo trabajando en la zona por encargo de YPF una empresa que fuentes policiales no pudieron identificar. Se estudiaba la posible presencia de petróleo en el área.

La ruta entre Guandacol y Villa Unión no es muy transitada debido al mal estado en que suele permanecer, pero ya se trabaja en trazados nuevos para su asfaltado.

Cabe recordar que este camino supo ser una de las antiguas vías de contacto con Chile, pero este paso prácticamente ha sido abandonado.

Sociedad | 19-10-2004 11:42:00

Explosión en un campo en Córdoba: un muerto

Una persona murió esta mañana cuando se registró una explosión en un presunto depósito clandestino de pólvora ubicado en un campo del barrio La Carbonada, 35 kilómetros al sur de la capital cordobesa.

Una persona murió esta mañana cuando se registró una explosión en un presunto depósito clandestino de pólvora ubicado en un campo del barrio La Carbonada, 35 kilómetros al sur de la capital cordobesa.

Todo ocurrió cerca de las 9.30, a un costado de la ruta nacional 9. La explosión causó pánico entre los vecinos del lugar que dijeron que tras el estallido vieron “un hongo que se elevaba en el cielo”.

La onda expansiva causada por la explosión provocó la rotura de vidrios y una fuerte vibración en manzanas alejadas.

El jefe de Operaciones de la Policía de Córdoba, Miguel Martínez, confirmó -en declaraciones a radios locales- que “hay una persona fallecida”, que aún no fue identificada. Y agregó que el estallido se registró en un “lugar privado”.

Según explicó, la víctima fatal sería Claudio Ruggeri, el chofer de un camión que había llegado al lugar para hacer un traslado de explosivos que se usaban en trabajos de minería.

Si bien aún no se determinó si el depósito de dinamita estaba habilitado, fuentes del Ministerio de Defensa citadas por la agencia Télam dijeron que el depósito de explosivos “era ilegal y no estaba registrado por el Registro Nacional de Armas (RENAR)”

Por su parte, Carlos Fermanelli, el dueño del campo donde se produjo la explosión, admitió que en el lugar tenía “explosivos de uso civil”, pero dijo que desconocía qué produjo el estallido.

“Este campo es mío, pero no sé qué es lo que pasó”, aseguró. Y precisó que allí tenía “depositados explosivos de uso civil” porque su empresa realiza tareas de minería en San Luis.

PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8

Por: Santiago Eugenio Gonzalez
Licenciado en Seguridad
Email [email protected]