Ética y desarrollo sustentable

AMBA. Área Metropolitana de Buenos Aires. Fuente: Atlas Geográfico de la República Argentina, IGM, Buenos Aires 2000.

Abstract

Actualmente estamos viviendo una relevante preocupación por la temática ambiental, cuestiones como el calentamiento global, contaminación u otros problemas ambientales se han extendido a los campos políticos, académicos e incluso es preocupación de la ciudadanía.

Dentro de este contexto se debate la importancia sobre la ética y el desarrollo sustentable. En el presente trabajo se enuncia algunos aspectos de la problemática ambiental del Área Metropolitana de Buenos Aires, y se intenta analizar la necesidad de una ética ambiental basada en valores y en una racionalidad ambiental, la cual permitiría, el repensar en crear sociedades sustentables.

Observando que la diversidad y complejidad de los pensamientos contribuirían para la formación de una nueva conciencia de los seres humanos, partiendo de un compromiso de respeto y cuidado por toda vida.
A modo de conclusión se pone de manifiesto la importancia de armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza y procurar una nueva racionalidad productiva, la cual nos estaría llevando a conformar y crear, entonces, sociedades sustentables.

Ética y desarrollo sustentable.
Los problemas ambientales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la últimas décadas se está viviendo una relevante preocupación por la cuestión ambiental, la contaminación y los problemas globales son motivo de atención de políticos, académicos y ciudadanos; extendiéndose al campo de la economía, ya que esta problemática ambiental desencadenará consecuencias negativas para el desarrollo.

Actualmente se invoca al desarrollo sustentable en el plano ambiental como para el económico, tanto en un barrio como en un documento gubernamental.

Esta problemática ambiental, genera una crisis ambiental, la cual es una crisis de la civilización y una crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural.

La relación hombre naturaleza¹ cambia continuamente de acuerdo con el nivel de crecimiento económico e innovaciones tecnológicas de la época. Esta categoría de naturaleza es una creación social, distinta en cada momento histórico, cambiante de acuerdo a cómo los hombres se relacionan con su entorno. También se determina socialmente qué se considerará Naturaleza, y que deja de serlo cuando es artificializado (Cronon, 1995).

La mayoría de las sociedades ha pasado de tener un impacto mínimo sobre el ambiente natural a tener impactos significativos y negativos, incluso, perjudicando la posibilidad de desarrollo.

El área Metropolita de Buenos Aires es un ejemplo de relación negativa población/ ambiente. Sus habitantes requieren energía, agua, alimentos, materiales de construcción, etc., para poder mantenerse y funcionar; todas estas necesidades se satisfacen con el uso de distintos recursos naturales.

La apropiación de recursos naturales también implica adueñarse del espacio, usándolo y modificándolo para obtener los recursos necesarios alimentar los procesos productivos y para recibir los desperdicios de esos procesos. Para analizar esa apropiación se ha acuñado otro indicador, denominado huella ecológica, definida como el área necesaria para poder producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada.

Por otra parte, la apropiación de un recurso natural hacia un proceso productivo tiene asociada la extracción de otros recursos que no son utilizados, catalogados como “desperdicios”. Para evaluar en parte este problema se ha desarrollado el concepto de mochila ecológica, que mide en una dimensión material ese impacto y se refiere, a todo el material extraído en un proceso de producción. Los recursos obtenidos se introducen en un proceso productivo en el que son modificados de diversas maneras con el propósito de alcanzar un producto final que estará en venta en un mercado de bienes y servicios (Gudynas, E., 2002).

Todo este proceso generará diversos impactos ambientales, que pueden clasificarse por lo menos bajo los siguientes aspectos:

• El consumo de energía propio de la extracción y procesamiento por lo general ocasiona severos impactos ambientales.
• El consumo de otros recursos que son necesarios para alcanzar los productos finales.
• La generación de desechos y contaminantes que tiene lugar a lo largo de todo el proceso.
• El transporte de las materias primas, o de productos intermedios o finales, de un sitio a otro es también parte del proceso productivo y, a su vez, desencadena distintos impactos ambientales.

Por último, el producto final también generará otros impactos, sea por el uso de energía y generación de contaminantes, como por su conversión en desperdicio una vez transcurrida su vida útil.

Esto significa que el consumo² es parte del proceso productivo y que posee sus propias repercusiones ambientales.

Esta relación trae como consecuencia una gran variedad de impactos ambientales que afectan la calidad de vida de sus habitantes y, además, influyen en el medio urbano de forma diferente, según los sectores residenciales, industriales, comerciales, etc.

El rápido crecimiento del área ha producido un deterioro ambiental, al incorporar tierras muy rápidamente sin poder prever de infraestructura y servicios a sus habitantes. Es lo que se denomina un expansión descontrolada, con lo cual dificulta y encarece la provisión de servicios.

Se identifican problemáticas comunes a todos los habitantes del área, y otras propias de cada barrio o municipio.
Entre los principales problemas ambientales podemos mencionar: la contaminación de las aguas del Río de la Plata y del Riachuelo, las altas cantidades de sustancias tóxicas emitidas a la atmósfera, la recolección y el tratamiento de los desechos sólidos y el altísimo nivel de ruido de algunos puntos del Área Metropolitana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires es un complejo urbano que forma una misma unidad ambiental y social a pesar de la división política. La gran capital, ciudad autónoma, y los partidos de la provincia de Buenos Aires integrantes de la mancha urbana, cuentan, cada uno, con su propia legislación ambiental.

Esta división política y las leyes propias agregan complejidad a la solución de los problemas porque quedan involucradas diferentes jurisdicciones, creando dificultades en la aplicación del marco legal y falta de criterios comunes en los controles, para lo cual debe disponer de una ética ambiental.

El principal reto del comportamiento ambiental consiste en saber hasta dónde llevar el hombre la transformación de la naturaleza. Este debe ser el principio rector de toda ética ambiental ³. Es fundamental construir culturas adaptativas, en función de una responsabilidad ambiental.

Es necesario repensar la ciencia, la filosofía y los modelos estéticos. Se debe pensar en crear una ética de comportamiento ciudadano que necesariamente tiene que ver con la manera como está entretejida la cultura tanto por la actividad económica como por la exigencias sociales y políticas.

Esta transformación exige una visión del mundo tanto filosófica como ética que se traslade al derecho normativo y que se difunda a través de los medios educativos y de comunicación social.

El concepto de ambiente implica más allá de un balance entre crecimiento económico y conservación de la naturaleza, la cultura y la participación social para construir estilos diversos de desarrollo sustentable, igualitario, descentralizado y autogestionario, capaz de satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones, respetando su diversidad cultural y mejorando su calidad de vida (Leff, Enrique, 1999).

Todo ello implica, una transformación de los procesos productivos, los valores sociales y las relaciones de poder para construir una nueva racionalidad productiva con la gestión participativa de la ciudadanía. La racionalidad ambiental se funda así en una nueva ética que se manifiesta en comportamientos humanos en armonía con la naturaleza.

La racionalidad ambiental incorpora las bases del equilibrio ecológico como norma del sistema económico y condición de un desarrollo sustentable; asimismo, se funda en principios éticos (respeto y armonía con la naturaleza) y valores políticos (democracia participativa y equidad social) que constituyen nuevos fines del desarrollo y se entretejen como normas morales en los fundamentos materiales de una racionalidad ambiental.

Debemos destacar que los valores ambientales surgen contra la cultura del poder fundado en la razón tecnológica y la racionalidad económica. Frente a la producción de masa, el desarrollo centralizado, la congestión de las megaciudades, la homogeneización de la cultura, la producción y el consumo, y los sistemas jerárquicos y autoritarios de toma de decisiones, se reivindican los valores de la subjetividad, la diversidad cultural, la democracia participativa y la tolerancia, se valoran la autodeterminación, el desarrollo endógeno, los saberes tradicionales y los sistemas de complementación y de intercambios comunitarios.

La ética ambiental reivindica los valores del humanismo: la integridad humana, el sentido de la existencia, la solidaridad social, el reencantamiento de la vida y la erotización del mundo (Leff, Enrique, 1999).

La ética ambiental vincula la conservación de la diversidad biológica del planeta con el respeto a la heterogeneidad étnica y cultural de la especie humana. Ambos principios se conjugan en el objetivo de preservar los recursos naturales e involucrar a las comunidades en la gestión de su ambiente. Se enlazan aquí el derecho humano a conservar su cultura y tradiciones, el derecho a forjarse su destino a partir de sus propios valores y formas de significación del mundo, con los principios de la gestión participativa para el manejo de los recursos, de donde las comunidades-individuos derivan sus formas culturales de bienestar y la satisfacción de sus necesidades (Leff, Enrique, 1999).

La construcción de una racionalidad ambiental implica el rescate de éstas prácticas no tradicionales, como un principio ético para la conservación de sus identidades culturales y como un principio productivo para el uso racional de los recursos.

Se debe pensar con una nueva racionalidad productiva de los espacios de producción cuya reestructuración, mediante instrumentos técnicos, normas jurídicas, políticas científicas, movimientos sociales y estrategias políticas, constituyan los medios de una racionalidad ambiental, orientando la reapropiación social de la naturaleza y la gestión ambiental del desarrollo. Por ello, una ética humana frente a los designios de la globalización exige ir más allá para enfrentar los dilemas de la vida humana en la complejidad ambiental, de una vida ya trastocada por los regímenes éticos y de racionalidad dominantes.

Demanda una ética que alimente la constitución de una nueva racionalidad: de una racionalidad ambiental (Leff, 1998/ 2002).

Y esta racionalidad debe ser éticamente construida, comprendiendo las encrucijadas ante las cuales nos enfrenta la crisis ambiental, “la función principal de la inteligencia no es conocer, ni crear, sino dirigir el comportamiento humano para salir bien librados de la situación. Es pues una función ética” (Marina, 1998).

Los problemas ambientales han tomado una primera importancia desde que fueron difundidos al mundo luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972: la deforestación, la pérdida de diversidad genética de los recursos bióticos, la extinción de especies, la erosión de los suelos y la pérdida de fertilidad de las tierras, la desertificación, la contaminación química de la atmósfera, los suelos y los recursos hídricos, la producción y disposición de residuos tóxicos y desechos radioactivos, la lluvia ácida generada por la industrialización y la destrucción de la capa foliar de los bosques, el calentamiento global y el enrarecimiento de la capa de ozono.

Esta destrucción de la base de recursos del planeta y su impacto a nivel local (Área Metropolitana de Buenos Aires) en los valores culturales y humanos ha generado la necesidad de orientar los estilos de desarrollo para mejorar la calidad de vida.
El concepto de calidad de vida está penetrando así a todas las clases sociales. Estas demandas ambientalistas trascienden a las aspiraciones por un “mejor nivel de vida”; replantean el derecho a la tierra y al trabajo, las demandas tradicionales de empleo y salario, así como la satisfacción de las necesidades básicas a través del consumo y la oferta de satisfactores de una economía de bienestar (Leff, 1998).

Por lo tanto, se de repensar la globalidad desde la localidad del saber, arraigado en un territorio y una cultura, desde la riqueza de su heterogeneidad; desde allí reconstruir el mundo a través de un diálogo intercultural de saberes, así como de la hibridación de conocimientos científicos y saberes locales (Leff, Enrique,2002).

El derecho a la diversidad cultural conduce al establecimiento de estados pluriétnicos y al reconocimiento de los derechos y culturas indígenas. Pero una ética de la interculturalidad implica abrir los cauces de la diversidad cultural, más allá del derecho a la reproducción y la preservación de sus estilos étnicos de vida, hacia un mestizaje enriquecido de culturas, a través de un diálogo de saberes.

Como señala Mignolo (2000), “interculturalidad no es solo estar juntos sino aceptar la diversidad del ser en sus necesidades, opiniones, deseos, conocimiento, perspectiva”.

Asimismo, la política de la diferencia lleva a dialogar a diversos actores sociales y grupos de interés desde el lugar de sus propias verdades. Esto no conduce al elogio de la locura, de la irracionalidad y del conflicto irresoluble entre posiciones antagónicas alimentadas por la relatividad de los valores, sino hacia un mundo abierto a la diversidad y a la convivencia de sus diferencias. La política de la diferencia se funda en un principio de equidad en la diversidad, en el derecho a la diferencia que no es sólo el derecho a ser distintos, de oponerse a la clonación de la mismidad y la identidad que ha fundado la lógica, sino de diferir en el tiempo el proceso de diferenciación que ha acompañado la aventura de la vida hacia la diversidad, en una historia de heterogénesis contraria a la unificación forzada del pensamiento y del ser. La conciencia ambiental se plantea como conciencia de todo género humano, apelando a todo individuo como sujeto moral para construir una nueva racionalidad social⁴.

Es importante señalar, que se deben construir principios éticos que sean constitutivos de los derechos del ser, y como tal, fundamento de una nueva racionalidad centrada en el ser y abierta al mundo.

La ética de la sustentabilidad debe reconocer las leyes límite (y los potenciales) de la naturaleza. La ética nace del pensamiento creativo y de la reflexión del ser para generar una nueva racionalidad donde se hermanan el pensamiento y el sentimiento; la razón, la pasión, la creación y la acción. La ética es la fuente de donde emanan los derechos del ser: el derecho a ser, a vivir, a devenir, a desplegar sus potencialidades hacia la diversidad y la posibilidad.

La ética del desarrollo sustentable se funda así en una política de la diversidad, la diferencia, la otredad y la alternativa. Es una política que tiene por objetivo la construcción de una nueva racionalidad productiva que funda una nueva economía (ecológica, moral y cultural) como condición de sustentabilidad (Leff, 1994).

La sustentabilidad es un fin que implica un proceso de desconstrucción de la concepción del mundo hecha por objetos, para volver al mundo del ser.

La ética tiene más que ver con el saber vivir y el sabor de la existencia, que con una vida regida por la razón; los juicios de valor de la vida se vuelven virtudes razonables; los sentimientos, razones de vida (Leff, 1999). La ética de la vida está hecha de sentimiento y deseo, iluminado por la razón y designado por la palabra. En este sentido, “la inteligencia provoca una sentimentalización de la vida afectiva” (Marina, 1995). La ética del conocimiento para el desarrollo sustentable es una ética de los límites y del sin sentido a los que ha llegado un modelo de conocimiento construido en la Modernidad, centrado en la visión economicista del mundo, la mercantilización de la cultura, y una ciencia y tecnología concebidos para el dominio de la naturaleza. El ser ético se piensa, pero sobre todo se siente. La ética ambiental debe pues llegar a transformar en sentimientos profundos sus principios y valores. Los comportamientos deben estar dictados desde la pulsión y la repulsión, más que por una lógica y la razón. El debe ser, debe convertirse en deseo y prohibición. Y esa resedimentación de los sentimientos deberá pasar por la desconstrucción de las lógicas que se han construido nuestros deseos, sueños y compulsiones; nuestros modos de vida y nuestros modos de producción.

La ética del saber ambiental lleva a demostrar la epistemología que ha codificado, objetivado y alienado al mundo y construir un saber emancipatorio que pueda conjugar la sustentabilidad y la solidaridad; que lleve a una reterritorialización de las ideas originadas en la complejidad, y eso es una cuestión del ser y del tiempo. En definitiva, la ética por la vida es una ética al derecho de sentir y disentir.

Cabe señalar que en la Carta de los Derechos Humanos se ha incorporado el derecho a un ambiente sano y productivo, incluyendo los nuevos derechos colectivos para la conservación y aprovechamiento del patrimonio común de recursos de la humanidad, por la dignidad y por el pleno desarrollo de las facultades de todos los seres humanos.

La cuestión ambiental está ampliando el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los sistemas jurídicos se están transformando para atender los conflictos de apropiación y manejo de los bienes comunes. De esta manera han surgido, dentro de los “derechos de la solidaridad” el derecho de todos los humanos a beneficiarse del “patrimonio común a la Humanidad (Gross, 1980).

El derecho ambiental debe abarcar los siguientes caracteres: interdisciplinario, supranacional, de naturaleza preventiva, de rigurosa regulación técnica, de vocación redistributiva y de primacía de los intereses colectivos.

Al amparo de las reformas neoliberales en varios países latinoamericanos se crearon secretarías o ministerios del ambiente y se sancionaron importantes paquetes legislativos.

Pero los avances sustantivos fueron muy limitados. Actualmente se vive un efecto rebote, donde se da una segunda ola de retracción estatal en la temática ambiental (en este caso el ejemplo más importante fue el desmembramiento de la secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano por la administración de Fernando de la Rúa), (Gudynas, E., 2002).

El marco legal vigente, presenta una distribución de competencias en el ámbito de nación y provincias. En el artículo 121: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

El artículo 124: (…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
La Ley general Del Ambiente N ° 25.675 comprende: objetivos de la política ambiental, principios de interpretación, presupuesto mínimo, instrumentos de la política y la gestión ambiental, sistema federal ambiental, acceso a la información y participación pública, competencia judicial, daño ambiental, principios de interpretación, precautorio, prevención, progresividad, congruencia, solidaridad, sustentabilidad y equidad intergeneracional.

Dentro de la LGA⁵, encontramos los siguientes instrumentos de la política y gestión ambiental: ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, educación ambiental y sistema de diagnóstico e información ambiental.

Por otra parte las políticas ambientales en buena medida han sido suplantadas por una gestión ambiental de corte técnico, pero que se torna más y más burocratizada, inefectiva y pesada. Se confía en que las personas no intervendrán en la gestión ambiental ya que ella descansa en “técnicos” y “científicos” que son presentados como más capacitados. Se espera de las personas la pasividad y el acatamiento a sus dictámenes (Gudynas, E., 2002).

Por lo tanto, la nueva política para el desarrollo sustentable implica cambios profundos tanto en lo social, como en las relaciones de la sociedad con el ambiente. En todos los casos, se requiere de una activa participación ciudadana, tanto a la hora de gestar los cambios como en llevarlos a la práctica. Vele decir, el ciudadano debe ser actor y protagonista para ejercer los derechos. Podemos pensar, en una apropiación social-ciudadana del derecho, para poder ejercer dicho derecho. Las estrategias de desarrollo sustentable no son sólo cuestión de un grupo de técnicos iluminados. Deben ser, principalmente, una aspiración social extendida, y, por lo tanto, solo será posible con una fuerte base en la sociedad civil y en una sociedad política dispuesta a escuchar ese pedido y actuar en consecuencia.

Conclusión.

Las problemáticas ambientales del Área Metropolitana de Buenos Aires, son parte de una crisis no ecológica, sino social, de nuestro tiempo. Esta crisis abarca instituciones políticas, aparatos jurídicos y las relaciones sociales injustas.

Pensar en un desarrollo sustentable en el AMBA, es intentar armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza. Fomentar un balance entre la satisfacción de las necesidades actuales (servicios, producción, infraestructura, etc.); y las de las generaciones futuras. Se debería tener en cuenta el promover una nueva alianza naturaleza-culturas, una nueva economía, reorientando las herramientas potenciales de la ciencia y la tecnología de este capitalismo neoliberal posfordista y una nueva cultura política fundada en una ética para la sustentabilidad. Un aspecto importante a considerar es pensar globalmente y actuar localmente; pensar localmente y actuar globalmente, favoreciendo los movimientos sociales y los gobiernos locales, promoviendo la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental, la calidad de vida para las actuales generaciones y las futuras. Las nuevas propuestas deben reorientar y repensar los comportamientos individuales y colectivos, así como las acciones públicas y privadas de los actores intervinientes orientadas hacia la sustentabilidad.

Pensar en una nueva racionalidad productiva nos estaría llevando a conformar y crear sociedades sustentables. Por ello, es necesario repensar la globalidad desde la localidad del saber, arraigado en un territorio y una cultura, desde la riqueza de su heterogeneidad, diversidad y singularidad. Construir o reestructurar los espacios a través del diálogo intercultural de saberes y la hibridación de los conocimientos científicos con los saberes locales. Tomar conciencia de la importancia de la apropiación de los recursos en contra del desarrollismo, no generando una resistencia, sino desde la alternativa, favoreciendo el diálogo multifacético.

Tener acceso a la información nos permite socializar y democratizar, nos posibilita ejercer nuestros derechos, nos facilita utilizar las herramientas para el planteo de propuestas para reapropiarnos de los recursos en función de nuestra propia sustentabilidad.

Bibliografía

• Gudynas Eduardo, “Ecología Economía y Ética del Desarrollo Sustentable”, ediciones Marina Viltre-CTERA, 2002.
• Leff, Enrique, “Saber Ambiental”, Siglo XXI, México, 1999.
• Leff, Enrique, Coordinador. Red de Formación Ambiental. “Justicia Ambiental. Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y Colectivos en América Latina”, Serie Foros y Debates Ambientales, PNUMA, Junio, 2001.
• Leff, Enrique, Ética, Vida y Sustentabilidad, Coordinador, PNUMA y otros, Agosto 2001.

REFERENCIAS

1. La palabra Naturaleza ocupa un lugar central en las discusiones sobre ambiente y desarrollo en América Latin, según Gudynas Eduardo, en Ediciones Marina Vilte, Ctera.
2. Según García Canclini (1995), define al consumo como un conjunto de procesos socioculturales por los cuales las personas se apropian y utilizan productos.
3. En La ética de la Tierra. Ética y medio ambiente, Augusto Ángel y Felipe Ángel, 2001.
4. Hay que reconocer que estos valores generales se concretan en valores culturales específicos de cada grupo étnico y en sujetos sociales heterogéneos con diferentes intereses de clase.
5. Ley General Del Ambiente.

Por: Lic. Miriam Giambuzzi

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