El Senado convirtió en ley las modificaciones al proyecto del Manejo del Fuego impulsado por Máximo Kirchner

Para las zonas agrícolas, praderas y pastizales, la ley prohíbe por 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios, agricultura extensiva que modifique el territorio o cualquier otra actividad agrícola distinta a la realizada antes del incendio.

Los senadores oficialistas aprobaron este viernes, por 41 votos afirmativos, 28 negativos y 1 abstención, el proyecto impulsado por Máximo Kirchner que propone modificaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y que fue criticado fuertemente por el sector agropecuario.

Es que para las zonas agrícolas, praderas y pastizales, el proyecto define una prohibición de 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios, agricultura extensiva que modifique el territorio o cualquier otra actividad agrícola distinta a la realizada antes del incendio.

Mientras que en los casos de incendios de bosques nativos, áreas naturales y humedales, prohíbe por 60 años modificaciones en el uso que se le daba a esas tierras previo al inicio de los focos. Es decir que no se podrá, por ejemplo, dividir o lotear ese territorio, realizar un negocio inmobiliario o una actividad agrícola distinta a la que se realizaba en un primer momento.

Además, no distingue entre incendios intencionales o accidentales.

Desde varias entidades del agro salieron a criticar duramente el proyecto impulsado por Máximo Kirchner. 

La Mesa de Enlace dijo que a pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país. 

“Las restricciones afectan el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de los incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”, remarcaron.

“Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, agregó el comunicado lanzado por las 4 entidades previo a que se apruebe la ley en el Senado.

También desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) criticaron el proyecto ya que recordaron que la actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, y se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.

También señalaron que los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá́ la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino de dichas superficies.

“El actual proyecto de reforma asume la ineficacia de la Justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego”, advierte Cair.

La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se sumó al coro de críticas a la Ley de Fuego. En un duro comunicado, la entidad aseguró que pensaron que se trataba de una broma cuando adelantaron que pensaban prohibir el uso de tierras incendiadas por un plazo de 30 a 60 años. “La Ley de Fuego es el disparate más grande que escuchó este año el campo. Una ley pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos”, planteó Apronor.

Un tratamiento exprés

Luego de la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto llegó al Senado donde, en un plenario de comisiones de Ambiente y Legislación General, obtuvo rápidamente el dictamen favorable, según recordó la Fundación Barbechando.

En la apertura del debate, la titular de la comisión de Legislación General, Ana Almirón (FDT-Corrientes) señaló que los incendios de este año afectaron a 900.000 hectáreas y que la normativa actual es protectora, pero no suficiente. Afirmó en este sentido que la ley busca la restauración del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas.

“Quienes se oponen y justifican que es una ley contra el campo o que afectara la producción les digo que nosotros, cuando pensamos en la reconstrucción de Argentina, pensamos en el campo y la producción. Poner a la argentina de pie incluye al campo. Pero no podemos permitir que algunos vivos negocien con el medio ambiente”, dijo según publicó Barbechando.

Desde la bancada opositora, Gladys González (PRO-Buenos Aires) se opuso y señaló que el proyecto es inaplicable e inconstitucional, por ir en contra del principio de no regresividad, ratificado recientemente en el Acuerdo de Escazú. Por otro lado argumentó que establece plazos de entre 30 y 60 años para proteger a los ecosistemas, que tienen diferentes tiempos de recomposición, sin diferenciarlos.

“No es una buena decisión, no es una buena ley. En el artículo 22 bis habla de humedales y no tenemos ley de humedales. Hace años estamos discutiendo la ley de humedales y hace años que estamos tratando de ponernos de acuerdo acerca de la definición. Uno no sabe a qué superficie se refiere, cuál es la superficie sobre la que van a aplicarse estas prohibiciones”, indicó.

Como representante del agro, Alfredo De Angeli (PRO-Entre Ríos) coincidió en que el proyecto es inconstitucional por afectar a la propiedad privada, en especial a los pequeños productores. “¿Cómo va a especular el productor agropecuario cuando no sabe cómo le va a venir la cosecha? Esto no resuelve el tema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Hay falta de conocimiento, están estigmatizando a los productores”, sostuvo.

Al final de su exposición De Angeli solicitó una moción de orden para que el proyecto regrese a la comisión de Agricultura para su tratamiento, pedido que fue rechazado.

En la misma línea, Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) dijo que al proyecto “lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los tribunales, el derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”.

Para el cierre, la cordobesa responsabilizó al oficialismo de no conocer lo que ocurre con los incendios en el interior: “Legislan desde una oficina en Capital Federal”, arremetió.

Por La Rioja, Julio Martínez (UCR) resaltó que en el Presupuesto Nacional aprobado, los recursos para el manejo del fuego se achicaron y propuso avanzar para “que se cumpla la ley de proyección de bosques nativos y dar presupuesto y capacitación para el manejo del fuego”.

Clarín
5 de Diciembre de 2020