Editorial: Municipios, Industrias y Servicios Profesionales

Imaginemos una inspección municipal durante la década del ´80 en un establecimiento industrial situado en la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que en ese entonces estaba vigente la Ley Provincial 7229 de Radicación y Funcionamiento Industrial que sin dudas resultaba una normativa de vanguardia al momento de ser sancionada, siendo también de aplicación la Ley Nacional 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aun hoy regulando en la materia.

Ese inspector se presentaba y podía detectar, por ejemplo, ductos con salida al exterior y observaba el desempeño de la actividad dentro de la empresa para luego entonces pedir los planos con los cortes de chimeneas por un lado (Efluentes Gaseosos) y solicitar la rubricación ante el Ministerio deTrabajo del Libro de Contaminantes (Seguridad e Higiene), la presentación anual del Informe Estadístico de Accidentes y Enfermedades Profesionales (Medicina Laboral) y el Legajo Técnico (una serie de planos que no se presentaban ante ninguna autoridad de aplicación y que no servían absolutamente para nada desde un punto de vista práctico).

En verdad no le interesaba al industrial, ni al prestador de servicios ni a la autoridad de aplicación si los contaminantes emitidos por chimenea habían sido analizados, dispersándose correctamente en el entorno, si las condiciones del microclima laboral eran las aptas para el trabajo del operario ni si del informe anual de accidentes y enfermedades profesionales se desprendía una estadística a partir de la cual se hubiera trabajado en las causas de los mismos con la intención de reducir el índice de siniestralidad.

Todos los actores del proceso vendían, compraban y controlaban simples sellos de presentaciones documentales que justificaban una condición apta desde el punto de vista habilitatorio formal pero no garantizaban comportamientos medioambientales y de seguridad sustentables.

Vientos de cambio

Una serie de factores, entre los cuales se combinan la continuidad y profundización del proceso democrático, con la consiguiente participación y movilización de los vecinos linderos a las fábricas; el crecimiento del proceso productivo; la incorporación de nuevas tecnologías; la toma de conciencia de gran parte del empresariado de la necesidad de certificación de sus productos y su actividad, dada por las exigencias de un mercado externo con parámetros de calidad superiores para quien quisiera colocar allí sus productos; las auditorías de proveedores y clientes certificados efectuando un control horizontal más importante y minucioso que lo exigido por cualquier Autoridad de Aplicación; el acceso a canales de información sobre lo reclamable para encontrarse habilitado (Ej: internet); mayor competencia y achicamiento de los márgenes de ganancias y una certeza cada vez más instalada en la cabeza empresarial de que la inversión en prevención y medioambiente redundaba en menores costos por mayor productividad y ventas, que el afrontar erogaciones producto de pasivos ambientales provocados o siniestros sufridos determinaron que la lógica del mero cumplimiento documental mudara hacia la necesidad concreta de desarrollar pautas de funcionamiento medioambientales y de salud y seguridad ocupacional, que luego sí se vieran reflejadas en situaciones habilitatorias concretas y susceptibles de ser defendidas (dado que ninguna habilitación asegura por sí misma la continuidad legal de una empresa que no cumple).

La sanción de una serie de Leyes, Decretos y Resoluciones en la provincia de Buenos Aires, entre los que se destaca la Ley 11459 de radicación industrial, acompañaron desde el punto de vista legal lo que la realidad estaba enseñando desde hacía años.

Hoy, cualquier industrial bien asesorado sabe que su habilitación comercial definitiva depende del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (autorización provincial de funcionamiento). Sabe que a éste se llega a través de la categorización de su actividad, la determinación a través de un estudio específico (Evaluación de Impacto Ambiental) de que no impacta negativamente en su entorno yla aprobación y posterior auditoría de la gestión de sus residuos, el vertido y volcamiento de sus efluentes líquidos y gaseosos, el estado de sus aparatos sometidos a presión y el cumplimiento de la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Responsabilidad de muchos

Sin embargo, ciertos nostálgicos pretenden revivir el pasado y continuan desde su lugar de trabajo pretendiendo que la realidad es otra. Así, existen municipios que, en lugar de cumplir tareas divulgadoras en sus inspecciones orientando al industrial, muchas veces desinformado sobre su comportamiento medioambiental, que, en vez de preocuparse por convertirse en evaluador de estudios de impacto ambiental para industrias segunda categoría (formando equipos técnicos para poder desarrollar esta tarea – contraprestando de alguna manera la distorsiva tasa por inspección de seguridad e higiene que cobran -firmando el convenio respectivo y desahogando de dicha función a una Secretaría de Política Ambiental incapacitada para cumplirla por razones numéricas y geográficas del extenso parque industrial provincial) limitan su accionar en el control a la solicitud de cumplimiento de normas analizadas y exigidas mecánicamente.

Algunos municipios siguen aplicando conductas y comportamientos que hacen que cada Departamento o Dirección actue como un compartimento estanco generando exigencias redundantes, a veces contradictorias, solicitando cosas ya cumplidas por el empresario, recibiéndose decenas de cédulas con exigencias similares o modificadas apenas en un punto.

Esto genera, de hecho, un desprecio implícito a la actividad industrial, sumando costos, desalentando la producción y atacando la creación de nuevos puestos de trabajo.

Sin dudas, existen municipios expulsores de industrias y otros que, por capacidad de gestión encuentran la manera de recibirlas, mantenerlas y promocionarlas.

También están los prestadores de servicios que entienden que el mejor argumento de venta es la desinformación o la connivencia con el inspector que controla, cuando no es éste el que presiona y vende a través de un testaferro profesional.

Todavía no se dieron cuenta que las industrias necesitan soluciones reales y sustentables desde un punto de vista profesional y económico. Por suerte, están desapareciendo.

Los pocos que aun subsisten lo hacen de la mano de industriales que siguen justificando su falta de inversión en materia de Seguridad afirmando, por ejemplo, que ante una demanda civil por un accidente o enfermedad profesional el empresario siempre pierde e ignorando que sólo al demostrar una conducta diligente con respecto al siniestro puede evitar ,en principio, que el accidente ocurra y en segunda instancia que la sentencia implique una erogación de dinero que desestabilice su capacidad productiva.

Desconocen también que poseer una correcta gestión de residuos cuesta muchas veces lo mismo que no darles un destino cierto, siendo ellos responsables penalmente del destino de los mismos o argumentan competencia desleal al tener que cumplir cuando el taller de la esquina no lo hace y sigue funcionando.

Todos sabemos que parte de estos argumentos se deben a falta de información y asesoramiento y también sabemos cuales son las industrias que se mantienen, se desarrollan y crecen.

¿Entonces, cuál es el camino? Seguramente el de los municipios que desde hace años desarrollan políticas activas para atraer y desarrollar su capacidad industrial productiva, sin dejar de ejercer el contralor racional de las actividades que se desenvuelven en su territorio;

Los industriales que invierten, certifican la calidad de sus productos, desarrollan políticas Medioambientales y de Salud y Seguridad Ocupacional, conquistando más y nuevos mercados; los prestadores de servicios, que hacemos de la independencia con las distintas Autoridades de Aplicación, de la información divulgativa y el asesoramiento permanente, del enriquecimiento permanente de nuestro staff profesional y de la inversión continua en equipamiento de medición de última tecnología, nuestro principal argumento de venta.

En definitiva, los que nos sentimos parte de esta filosofía de trabajo, sabemos que éste es, sin dudas, el camino que nos conviene a todos.

Por: Lic. Guillermo A. Valentinuzzi
Vicepresidente Estrucplan Consultora S.A.

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