Por una política ambiental

¿Qué hacer y cómo? Es el interrogante que nos formulamos quienes queremos que nuestro país, bendito por la naturaleza, salga de la crisis y mediocridad en que se encuentra. Hay respuestas. Entre ellas, sacar a los chicos de la calle y brindar educación pública calificada, con título secundario obligatorio, inglés y computación; dar seguridad jurídica y brindar el ejemplo de traer de regreso los fondos públicos en el exterior, con lo cual se atraerán inversiones y se crearán puestos de trabajo, y producir reformas institucionales.

Simultáneamente, hay otra acción por emprender: la preservación de la calidad del ambiente, para la subsistencia de nuestra Madre Tierra y la sobrevivencia humana y para evitar las consecuencias de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias.

Sufrimos perjuicios por las inundaciones rurales y urbanas, por la desertización de los suelos y la deforestación. Más del 22% de los habitantes del país carecen de agua potable y al menos el 44% no tiene cloacas. Enfrentamos el problema de qué hacer con los desechos. Debemos promover la industria del reciclaje. Estamos ante la depredación de la pesca, y hay otros muchos casos que afectan el desarrollo, la salud, los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Siempre se reacciona cuando ocurren las crisis, pero no se piensa ni se actúa para prevenirlas.

La preservación de la calidad del ambiente es una necesidad, una aspiración y una obligación. Es un derecho y, al mismo tiempo, un deber. Es el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida, sin la cual no tienen razón de ser los demás. Preservar la calidad del ambiente significa ampliar la posibilidad de supervivencia.

La Argentina debe poner en marcha una activa política de preservación de la calidad del ambiente. Ya Manuel Belgrano, desde 1795, e Hipólito Vieytes, desde 1802, denunciaban lo que hoy conocemos como daño ecológico y abogaban por un desarrollo agrario e industrial que ahora se califica de sustentable o sostenible. Según lo establecen el artículo 41 de la Constitución Nacional y diversas disposiciones de las constituciones provinciales, la preservación de la calidad del ambiente es política de Estado en nuestra nación, y como tal debe encararse. Aunque se debe aceptar que contaminación hay y habrá siempre, es muy importante establecer, caso por caso, cuáles son los límites reconocidos y aceptables en materia de contaminación.

La Argentina ha sufrido perjuicios en su comercio internacional, única fuente genuina de recursos externos, por no adoptar medidas preventivas de saneamiento ambiental. No se concibe cómo es posible que luego de más de dos siglos de explotación ganadera aún tengamos brotes de aftosa, por inacción o por la importación incontrolada de animales enfermos. Incluso, solemos ocultar la verdad, como ocurrió en 2000, al costo de la credibilidad internacional, de centenares de millones de dólares de exportaciones perdidas y de mucha mano de obra desocupada.

También enfrentamos casos de influenza aviaria y la roya de la soja. Parecería que hemos superado la peste porcina, pero es de imaginar que la aparición de un solo caso de “vaca loca” en nuestro territorio sería desastroso para nuestra industria cárnica.

Nuestros productos agropecuarios, principal fuente de ingresos del país, pueden ver limitado su acceso a los mercados internacionales, que han adoptado numerosas medidas proteccionistas, entre las que figuran, incluso, algunas injustificadas por lo excesivo en materia sanitaria y fitosanitaria. Nuestros compradores argumentan que es derecho soberano de un país la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Tales son los casos de la trazabilidad, el principio precautorio, el multifuncionalismo, la etiqueta verde y la ley de bioterrorismo.

Debemos aceptar que, conforme a un interés común, la seguridad alimentaria y la defensa de la sanidad animal y vegetal es política de Estado de todos los países.

En consecuencia, para aumentar nuestras exportaciones es indispensable, por parte de nuestras autoridades, ejercer un muy severo seguimiento y control, para producir alimentos sanos. Se trata de lograr la sostenibilidad de la empresa agrícola.

La preservación de la calidad del ambiente es de alcance nacional, regional y global. No existe en el mundo la autonomía ecológica: la contaminación no reconoce fronteras. La colaboración internacional es indispensable.

Los países deben homologar los respectivos sistemas sanitarios para la producción vegetal y animal, estableciendo, de ese modo, una alianza sanitaria.

En el orden internacional, la Argentina ha sido pionera en su participación para el logro de la calidad ambiental, como, últimamente, lo es en las negociaciones sobre el cambio climático. En América, la preocupación por la preservación de la calidad del ambiente fue plasmada en la Cumbre de las Américas en 1994. En la Declaración de Principios se señala como objetivo “garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras” y en el apartado 23 del Plan de Acción se propone una “alianza para la prevención de la cotaminación”.

Las constituciones de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Panamá contienen normas sobre preservación ambiental. El Mercosur tiene un acuerdo marco sobre medio ambiente.

Proponemos, como primer paso posible, un Acuerdo Marco de Integración Ambiental de las Américas, para su consideración en las negociaciones sobre el ALCA -en noviembre próximo se reunirá en Mar del Plata una nueva Cumbre de las Américas para considerar el tema-, para la constitución de una Comunidad Sudamericana o para su ejecución al margen de los procesos de integración.

Por sus características, este acuerdo marco daría, en su momento, lugar a negociaciones para convenir regulaciones sectoriales propias de las necesidades y singularidades de cada región y de cada caso, teniendo en cuenta el beneficio común de la preservación de la calidad del ambiente en todos sus aspectos. Sus términos conducirían a la seguridad ecológica colectiva en el continente y a un desarrollo social justo y equitativo. La seguridad ecológica es vital para alcanzar un nuevo orden de vida, humano, civilizado, sustentable y sostenible. Sólo es necesaria la decisión política.

El autor es embajador y presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.

La Nación
viernes 3 de junio de 2005