Nueva ley de ART: por qué “llueven” las críticas contra la reforma y expertos hasta la tildan de “inconstitucional”

La Justicia pasó a ocupar el centro de atención de los empresarios, el Gobierno y los especialistas, después de que el Congreso le diera luz verde en noviembre a la Ley de Reparación de los Daños de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Sucede que la reforma, sancionada en tiempo récord y en medio de una fuerte protesta sindical en contra de su aprobación, si bien aumentó el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales, sigue generando fuertes debates en torno a la reinstalación de la opción excluyente con renuncia, la competencia del fuero civil, la continuidad de las comisiones médicas y el listado cerrado de enfermedades laborales.

En relación con estos puntos, la Corte Suprema manifestó, a raíz de los reclamos de empleados que llegaron a esa instancia, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) prexistente que, no obstante, fueron ratificados en el nuevo texto.

Es por ello que jueces, asesores de empresas, aseguradoras y abogados defensores de trabajadores ahora aguardan un pronunciamiento respecto de la normativa recientemente reformada.

Así lo manifestaron especialistas convocados por iProfesional.com a la conferencia “Nueva Ley de ART” que reunió a más de 450 profesionales y ejecutivos, donde se analizó el escenario abierto por los cambios en materia de riesgos del trabajo (para más detalles, lea Punto por punto, éste es el proyecto de ley de ART).

“Si esto es una mentira, va a tener patas cortas. La Corte va a determinar si es inconstitucional o no, y nadie puede cuestionarla”, afirmó el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Juan José González Gaviola.

Retoques por decreto

En este marco, el Comité Consultivo previsto por la ley de accidentes de trabajo comenzó a implementar modificaciones mediante decretos y resoluciones en un intento de “compatibilizar” la reforma con los fallos de la Corte.

Una de ellas tiene que ver con el procedimiento ante las comisiones médicas, un organismo administrativo creado por la vieja LRT, puesta en vigencia en 1996, que se encarga de resolver las diferencias entre el trabajador y la ART y constituye la instancia obligatoria antes de acceder a la Justicia.

A partir de 2004, la Corte y los tribunales inferiores comenzaron a declarar inconstitucional este procedimiento ante las crecientes demandas de los damnificados que lo consideraban un trámite burocrático que dilataba el pago de la indemnización, determinaba en otros casos una incapacidad menor a la real e impedía el acceso directo a los juzgados. Todo sin ningún tipo de defensa por parte del asalariado.

Tras la aprobación del nuevo régimen, el Comité ahora “está está trabajando para que los empleados tengan asesoría letrada“, anunció el Superintendente de Riesgos de Trabajo en la conferencia.

El ente tripartito, compuesto por autoridades, empresarios y sindicalistas, ya resolvió la semana pasada incorporar las hernias, várices y lumbalgias al listado de enfermedades laborales que las ART tienen que cubrir, en caso de producirse dichas afecciones a causa del trabajo.

Como consecuencia, Gaviola aseguró que “el año que viene habrá una mayor cobertura (de las dolencias)” y anticipó que “se incrementarán los siniestros (por la inclusión de nuevas patologías al listado)”.

Asimismo, sostuvo que se prevé modificar el decreto 1.338 para que los servicios de higiene y los empleadores tengan la obligación de involucrarse en el control del tratamiento médico del dependiente afectado.

“Será un control cruzado. Estamos trabajando en la clasificación de los trabajadores y de las patologías. Hay demoras en entregas de autorizaciones médicas. Así se perjudica a los trabajadores por recibir un tratamiento insuficiente y, además, los empleadores deben pagarle a éste y a su sustituto” explicó. Y agregó que “los empleadores no denuncian cuando le tratan clínicamente mal a un trabajador”.

Por otra parte, el funcionario aseguró que, entre otros cambios, la SRT determinará los grados de incapacidad a nivel nacional, en lugar de las provincias, como ocurre ahora.

Aumentos en los seguros

Uno de los primeros impactos de la reforma se vio reflejado en las alícuotas que pagan las empresas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), lo que despertó críticas en la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Luego de que se incrementara el valor de las prestaciones dinerarias y se ampliara el listado de enfermedades profesionales, las compañías comenzaron a recibir subas en el costo de su seguro de accidentes laborales.

“Ya están llegando aumentos en las alícuotas que pagan las empresas a las ART de hasta el 500%, de modo que va a ser dramático para las compañías. Las grandes tienen mayor poder de negociación, pero para las chicas es un salto”, advirtió el moderador de la conferencia, Julián de Diego, titular del estudio que lleva su apellido.

Éste es el caso de una empresa de la Capital Federal que fue notificada de un ajuste cercano al 20% “con motivo de la sanción de la nueva Ley 26.773 de reforma de la Ley 24.557 sobre los Riesgos del Trabajo”.

“Para mantener el nivel de calidad de la cobertura y cumplir con las mayores exigencias establecidas por esta reforma, a partir del 1 de noviembre de 2012 incrementaremos las alícuotas“, indicó la aseguradora en la factura.

La visión de la Justicia

Ante un auditorio que sobrepasó la convocatoria inicialmente prevista, el juez nacional del Trabajo Julio Grisolía examinó el nuevo régimen legal sobre accidentes laborales y destacó “la eliminación del pago en renta periódica, el incremento de la indemnización y el resarcimiento adicional del 20%“, que percibirán los trabajadores que acepten el monto propuesto por la aseguradora.

Sin embargo, Grisolía reconoció que la ley también contiene “aspectos negativos”, como la exclusión de enfermedades no listadas (a pesar de que se incorporaron esta semana las várices, hernias inguinales y lumbalgias), el funcionamiento de las comisiones médicas y la ausencia de cualquier referencia a la prevención y las condiciones de trabajo en la nueva normativa.

“Hay más siniestralidad porque hay más empleo, y por la falta de prevención y adecuación de las condiciones de trabajo“, señaló.

De acuerdo con datos de la SRT, los casos registrados se acercan a los 600.000, y si se incorpora a los no registrados, los accidentes laborales mortales llegarían al millón. Entre el 2003 y el 2010 los trabajadores fallecidos crecieron un 28% y, si se suman los casos de los empleados sin registrar, hay entre 6 y 7 muertos por día, con un total cercano a los 2.200.

En este escenario, el magistrado explicó que “existe una gran cantidad de juicios en el fuero laboral. Hoy entran el triple de expedientes que a fines de 2007″.

En ese sentido, advirtió que “el promedio de causas en 2007 era de 400 por juzgado pero hoy es de 1.200”. “Esto lleva a que la Justicia del Trabajo sea lenta. Un juicio demora como mínimo tres años“, añadió.

“El 43% de los ingresos de causas son por accidentes de trabajo. En los últimos dos meses crecieron mucho los reclamos por este tema”, destacó.

Asimismo, explicó que la tramitación de la causa plantea inconvenientes como la imposibilidad de producir pruebas médicas por los problemas que surgen en los estudios complementarios debido a que “el hospital, las obras sociales o ART no lo hacen”.

¿El fin de la “doble vía”?

Uno de los principales temas que cautivó a los profesionales y especialistas durante la conferencia es el destino que tendrá, tras la reforma, la eliminación de la denominada “doble vía” o cúmulo, que permitía hasta ahora reclamar a la ART e iniciar al mismo tiempo una causa judicial.

En el 2004, la Corte Suprema había habilitado la acumulación de reclamos por daños, al declarar inconstitucional la veda al acceso a la Justicia por parte del empleado siniestrado para reclamar una reparación integral.

Sin embargo, con el fin de frenar “la industria del juicio” -un antiguo reclamo de los empresarios-, la nueva normativa reintrodujo la opción excluyente con renuncia. Esto significa que el trabajador debe optar entre la indemnización de la ART sin posibilidad de reclamar luego a la Justicia, y el resarcimiento otorgado por tribunales civiles, con la condición de renunciar previamente a la prestación prevista por ley.

Grisolía evitó opinar si esta modificación era “inconstitucional”, como afirmó recientemente el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otros. No obstante, afirmó que “la opción excluyente existió siempre”.

El magistrado consideró que los fallos del Máximo Tribunal cuestionaron la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo, pero “como respuesta espontánea en un contexto bastante distinto al de hoy, donde hay opción excluyente, pero opción con indemnización”.

Grisolía analizó, entre otros puntos polémicos, la competencia de la Justicia civil en los accidentes laborales. De acuerdo con la reforma, los damnificados que eligen la vía judicial para ser resarcidos, deberán litigar en el fuero civil, y ya no en el laboral como lo había permitido la Corte.

En este sentido, el magistrado planteó sus “dudas” sobre estos cambios que retoman el espíritu de la ley de 1996 en contradicción con los dictámenes del tribunal supremo. “La Justicia del Trabajo está al borde del colapso, hay una gran cantidad de juicios y tardan un mínimo de tres años”, insistió.

Sin embargo, opinó que la litigiosidad no era responsabilidad de los abogados sino del propio sistema de riesgos del trabajo. “La LRT es ambigua respecto a las comisiones médicas, que dictan altas insólitas”, puso como ejemplo.

Incertidumbre

Luego llegó el turno al abogado Marcelo Aquino, socio del estudio Baker&Mckenzie, quien se mostró más crítico de la nueva normativa ante la incertidumbre que, a su entender, genera el articulado.

“No sabemos cómo se va a aplicar la reforma porque no es clara para el trabajador, el empleador ni para la Justicia”, aseguró.

Por ello, cuestionó la opción excluyente y consideró que “la imposibilidad de cobrar inmediatamente (si se va a la Justicia) va a ser declarada inconstitucional por los jueces y va a aumentar la litigiosidad en el fuero laboral”.

En una crítica a la eficacia de las ART, advirtió que el índice de siniestralidad es “muy alto” y que “genera problemas para el empleador -por el ausentismo-, y para el trabajador“.

En tanto, el representante de la Unión de ART (UART), Carlos Marín Rodríguez, hizo un “balance positivo” de la reforma a la ley porque, a su entender, da respuesta a los puntos que eran cuestionados en el régimen preexistente, respecto del nivel de prestaciones, las enfermedades, la prevención, el aseguramiento y la responsabilidad civil.

“El piso de la indemnización por muerte en accidentes de trabajo pasa a ser de $700.000. Los valores son más atractivos”, aseguró en referencia a la actualización del monto de reparación por fallecimiento de la víctima.

“Lo que no puede resolverse es una reforma más integral de las comisiones médicas, por lo que ahora el comité consultivo busca darles más certeza jurídica”, sostuvo el experto.

“Un viraje regresivo”

Para el especialista en riesgos del trabajo y asesor de trabajadores y gremios, Horacio Shick, la clave de la reforma radica en la reinstalación de la opción excluyente, que impide aceptar la reparación prevista por las ART y litigar luego ante la Justicia en caso de considerar insuficiente la indemnización.

“Es un viraje regresivo respecto del escenario pretoriano que fuimos transformando mediante la lucha judicial”, señaló. Y añadió: “Tendremos más declaraciones de inconstitucionalidad que normas“.

El especialista criticó, por otra parte, la derivación de los reclamos judiciales por accidentes de trabajo hacia la justicia Civil porque se “neutraliza” el conflicto laboral, ya que se evita la aplicación del principio “in dubio pro operario” (a favor del trabajador) que rige en el fuero laboral, creado en 1944 como respuesta a las crecientes demandas de los asalariados.

“No quieren que reclame el trabajador, quieren que se quede con lo que le da la ART y que sólo se les reconozca una parte del daño”, aseguró. “Volvemos a los ´90“, sentenció.

Sin embargo, advirtió que ahora “se abre la lucha judicial para revertir la opción excluyente que es retrógrada”. “Estamos en manos de los jueces y la Corte“, concluyó.

La Corte en la mira

El titular de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) pidió “desdramatizar” el debate y, en línea con la postura del Gobierno, evaluó que la reforma de la ley de riesgos de trabajo es “pro obrera” y “progresista”.

Destacó la actualización del valor de las indemnizaciones, la incorporación de nuevas dolencias al listado de enfermedades laborales y el incremento de las inspecciones llevadas adelante por la SRT.

“¿Por qué hay menos gente accidentada? Por la política de prevención, el aumento de las inspecciones y las denuncias de la SRT”, sostuvo.

No obstante, el funcionario también reconoció déficits en materia de prevención, control y siniestralidad, por lo que el organismo que dirige realizó denuncias penales contra las ART.

“Todavía no tenemos un sistema con cobertura universal, hay un 35% de los trabajadores en negro”, dijo, y agregó que “la cantidad de jornales caídos que se pagan son una barbaridad“.

Según datos de la SRT, los días de baja e incapacidad se han incrementado un 14% en el año 2010 respecto de 1997. Las jornadas no trabajadas que entre el ’97 y el 2012 estaban en promedio en 1.435 días, entre 2007 y 2010 pasaron a 2.200 días.

En cuanto a la denominada “industria del juicio”, Gaviola dijo que “el objetivo es que no se judicialicen todos los temas” y responsabilizó a la Corte por el incremento de los reclamos. “Aparecieron los fallos y aparecieron los juicios”, sostuvo.

Por: Juan Manuel Barca y Sebastián Albornos
Fuente: Iprofesional

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