Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el Caribe – Parte 6

Desafíos de un desarrollo socio-digital inclusivo

La población argentina es fuertemente permeable a las innovaciones tecnológicas de la información y la comunicación (TIC). Según lo señalan numerosas investigaciones y estudios¹, los ciudadanos otorgan un gran valor a la posibilidad de acceder a la información y la comunicación a través de las TIC, y se aprecia en alto grado la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana, como lo testimonia el incremento del parque de computadoras, el aumento del uso de la banda ancha y la cantidad de líneas activas de telefonía celular. Un número cada vez mayor de personas de todas las edades, orígenes y condiciones sociales – con acento en las capas medias y altas – utilizan o se interesan por los beneficios de las TIC.

Según las últimas estimaciones de la consultoría Prince & Cooke en diciembre de 2009, más de 23 millones de argentinos
(aproximadamente el 57% población) son usuarios frecuentes de internet, principalmente desde conexiones pagas en sus hogares, desde sus trabajos o desde cibercafés, esta medida de uso y penetración de internet es la más alta en la región de América Latina y el Caribe (LAC).

El perfil de los usuarios de internet ha cambiado en los últimos años. Ya no está anclado en los niveles de élite, con estudios universitarios, con conocimientos de informática, ingresos elevados y en su mayoría de sexo masculino, como en las primeras épocas (alrededor del año 1995). Los cambios más visibles son, entre otros, la mayor penetración en niveles medios y bajos, que comenzaron a utilizar internet después de 2001, la ampliación del nivel educativo, que incluye a muchos de los que no han terminado la primaria y la secundaria. El equilibrio entre los géneros es cercano al 50%, y las edades de ingreso se han ampliado por debajo de los 18 años y se han extendido a los adultos mayores. La media de edad, que se mantiene desde 2003, es de unos 29 años. Se ha producido también la entrada de usuarios con bajos conocimientos tecnológicos, debido al uso de los cibercafés, locutorios, bibliotecas públicas, y otros formatos de acceso público a la información. En la última década la rápida difusión de los cibercafés, locutorios y cabinas de cooperativas han sido uno de los aspectos destacados que explican el fuerte incremento del acceso público a la información.

El papel de la banda ancha es relevante; se cuentan más de 2 millones de suscripciones (tres años atrás, sólo había 475.000). No obstante serían necesarias grandes inversiones y recursos humanos especializados para sostener el 20% de crecimiento anual. De acuerdo con un estudio de Prince & Cooke (2007), hay actualmente 160.000 personas empleadas en las empresas TIC. Pero si se suman las personas que trabajan para otros sectores, tanto públicos como privados, que usan las TIC como herramientas, su número llega a 310.000 (casi el 2% de la población económicamente activa – PEA).

Para el año 2009, en el sector se prevé la necesidad de contar con alrededor de 370.000 personas.

Los locutorios, cibercafés y las cabinas de las cooperativas se han transformado en un destacado canalizador de las necesidades de acceder a la información y las TIC por parte de la población. Un conjunto de cerca 18.500 locales conforman este segmento del mercado, con valores accesibles a todos los sectores sociales. Ubicados en las ciudades, estos puntos de acceso se conforman como unidades económicas pequeñas, inestables y de gran movilidad.

En este trabajo se ofrecen algunos de los resultados de la radiografía del acceso público a la información y las TIC en Argentina, realizada por Finquelievich y Rozengardt en el marco de la investigación “Public Access to Information and Communication Venues” (Gomez, Ambikar, Coward 2009) de la University of Washington, Center for Information & Society², y del estudio del Mercado TIC Argentino 2009/2010 referentes a este tema de la empresa Prince & Cooke (2010).

En los estudios sobre el Mercado TIC en Argentina (Prince & Cooke 2010) se percibe que, con un 57% de penetración de internet, medida como usuarios respecto población total, la Argentina se encuentra en primera posición en LAC, que detenta un 33% de penetración promedio, y muy por encima del 24% del nivel de uso de internet a nivel mundial (Prince & Cooke 2009). Los fundamentos sociodemográficos del país parecen ser la principal variable explicativa de este fenómeno.

Entre los motores que han incrementado la difusión y adopción de las TIC por parte del Estado, la población, las empresas y organizaciones, se pueden identificar la movilidad, la convergencia, el desarrollo de la banda ancha fija y ahora, fuertemente, la banda ancha móvil, nuevos contenidos, interfaces y aplicaciones, nuevos dispositivos de acceso, nuevas tecnologías de conexión (Wi-Fi y otras), el aumento constante de las prestaciones e ‘inteligencia’ de los productos y aplicaciones TIC, potenciado por su creciente facilidad de uso y la reducción de precios, la curva de experiencia y aprendizaje de los usuarios actuales, el efecto en red sobre los nuevos usuarios y la continuidad de los planes de crédito (cuotas) sin intereses para el consumo.

Un factor adicional, de gran impacto en el corto plazo, será la continuidad y concreción de proyectos en el marco de la Agenda Digital Argentina y el Plan Federal Estratégico de Gobierno Digital, así como de otras implementaciones efectivas de TIC, tales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)³ o la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)⁴ y de programas provinciales de inclusión digital exitosos, como los de la Provincia de San Luis.

El interés y el acceso creciente de la población a las TIC son el resultado de la confluencia de, entre otros, dos procesos
de gran importancia. El primero remite al lugar que aún hoy ocupa la educación en el imaginario social, el alto nivel de alfabetización y escolarización, el desarrollo de la industria editorial y cultural, el número de creadores en arte y literatura, que ubican al país entre uno de los de más altos estándares de América Latina. El segundo se vincula al fuerte crecimiento del sector privado de telecomunicaciones e informática, fundamentalmente a partir de la recuperación de la crisis del 2001/2002, punto de inflexión de la historia reciente del país. Esta confluencia ofrece condiciones para que la demanda y el interés de acceder a la información a través de las TIC encuentren, cuando se dan ciertas condiciones favorecedoras, posibilidades de respuesta y satisfacción para un gran número de personas.

El acceso de la población a las TIC favorece la participación comunitaria en temas de su interés: la difusión de mecanismos de gobierno electrónico, que supone un cambio cualitativo en las relaciones entre gobernantes y gobernados, así como la creciente asociación entre diversos actores sociales, necesitan un nivel de información que contribuya activamente a la formación de la esfera pública. La inclusión socio-digital, que plantea la posibilidad de los ciudadanos de acceder a las herramientas TIC desde diversos puntos de acceso, se vuelve fundamental en esta etapa de desarrollo democrático.

El panorama actual ofrece un mapa activo de los actores vinculados al mundo del acceso a la información y las TIC: el mercado, el Estado y las organizaciones sociales. Si bien el mercado es un actor central, no sólo en los procesos de innovación tecnológica, sino en la oferta de bienes TIC y la determinación de sus costos, es el Estado el que ejerce la función de impulsar las principales líneas estratégicas del desarrollo, normas regulatorias y acciones equilibrantes e inclusivas cuando se generan desequilibrios o situaciones de inequidad. Este rol fundamental no se limita a su función reguladora del mercado, de la sociedad y de sus vínculos, sino que se extiende a la facilitación del acceso de los habitantes a los canales de movilidad e integración social.

La experiencia y las prácticas políticas de las últimas décadas permiten concluir que ni el mercado, ni las instituciones como la familia o la comunidad, ni las organizaciones sociales y empresariales pueden cumplir en soledad roles de integración. Más que nunca resulta imprescindible que las políticas, estrategias y acciones dedicadas a la inclusión sociodigital sean encaradas desde un punto de vista multiactoral y multisectorial.

Estado y acceso a la información

Argentina tuvo, a fines de la década de los 90, un fuerte impulso en cuanto a iniciativas vinculadas a la implementación de centros tecnológicos en instituciones y organismos comunitarios, con el objetivo de facilitar el acceso a la informática a sectores de bajos recursos. La más importante y paradigmática de estas iniciativas fueron los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)⁵, que vivieron los avatares de la crisis y las contradicciones de las políticas de acceso. Actualmente, varios organismos, no articulados entre si, desarrollan programas específicos de acceso, entre ellos: el Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal⁶), el Programa Mi PC (Ministerio de Economía), los Centros de Integración Comunitarios (Ministerio de Desarrollo Social) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, algunos gobiernos provinciales y municipales impulsan políticas activas de acceso público a la información con diversos grados de extensión, intensidad y éxito.

Un capítulo destacado en este proceso de promoción del acceso a las TIC lo escriben las áreas de educación, tanto a nivel nacional como en muchas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha incrementado notablemente la cantidad de equipamiento de acceso y los laboratorios informáticos en miles de escuelas de todo el país.

El mercado como impulsor del desarrollo de TIC

Fortalecida por el crecimiento sostenido de la economía que se observa desde el 2003, las inversiones de grupos extranjeros, el mayor nivel de consumo y la demanda tecnológica y de acceso a la información, la industria de las telecomunicaciones y la informática han multiplicado su nivel de producción y de facturación. El mercado de las TIC en Argentina tuvo, a lo largo del año 2009, un desempeño dispar según los meses como consecuencia de las cambiantes expectativas económicas y políticas locales. Sin embargo, y a pesar de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) que varía según las fuentes, creció en su conjunto un 13% respecto del año anterior (2008). En el quinquenio 2003-08, mientras el PBI nominal de la Argentina creció en pesos un 8.4% en promedio por año, el mercado de las tecnologías de la informática, comunicaciones y call centers (TICC), medido en pesos creció un 21.86% anual como promedio directo. Eso permitió que el mercado TICC creciera en su participación del total del PBI argentino, llegando esta relación a un máximo del 5,5%.

Esa cifra de ventas a los diversos segmentos de mercado se logró con una masa laboral de empleados del sector TICC que equivale al 1,0% de la PEA, lo que refleja la alta productividad del conjunto de empresas de la oferta TICC y que es consecuencia de su alta calificación laboral, su alto grado de formalidad y su valor agregado. Si se parte de la crisis económica del 2001, el mercado TICC no solo ha crecido medido en pesos, sino que ya en el 2007 superó en dólares las ventas totales del máximo alcanzado en el 2001 medido en esa moneda.

La mayor parte del volumen de negocio de las telecomunicaciones ha sido la telefonía móvil, que con 17.400 millones de pesos en el año 2009 representa el 52,7% del total del subsector Telecomunicaciones, seguido de telefonía fija con el 21,2% y 6.980 millones de pesos. En el subsector tecnologías de la informática (TI), el hardware da cuenta de un 45,0% del total, seguido por servicios, software e insumos. A este crecimiento debe sumarse el volumen creciente de exportaciones de Software y Servicios Informáticos (SSI), acompañado por la progresiva nómina de empresas del sector SSI que certifican la calidad de sus procesos bajo normas internacionales.

Otra forma de medir el desempeño del mercado, que no deja dudas respecto a la evolución positiva de las TIC, es evaluar el crecimiento real del uso, de las implementaciones, de la compra de dispositivos (PC y celulares entre otros) y la contratación de servicios (banda ancha fija y móvil por ejemplo, que ha sido creciente y a altas tasas). Las ventas anuales de PC alcanzaron en 2009 las 2,3 millones de unidades, con una proporción creciente de equipos portátiles (35% del total de computadoras vendidas). El parque en servicio de PC llegó así a 9,7 millones de unidades. Veintitrés millones de personas (57% de la población) utilizaron internet desde un total de 4,3 millones conexiones de internet (incluyendo banda ancha fija, conexiones punto a punto, free access y el remanente de dial-up), de las cuales 3,9 millones son accesos de banda ancha fija.

La telefonía móvil, tras superar las líneas fijas en el 2003, hoy les cuadriplica con 36,0 millones de líneas en servicio activas, de las cuales un 25% son de la modalidad pospago. La telefonía fija por su parte, muestra aún un cierto crecimiento, llegando a los 9,8 millones de líneas en servicio, en tanto la telefonía pública representa aproximadamente otras 180.000 líneas.

Organizaciones sociales y comunitarias

La relación entre las organizaciones sociales y privadas y el acceso a la información y las TIC conforma un mapa complejo.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen asumir importantes funciones en todos los programas e iniciativas del gobierno nacional o provincial, vinculados a la sociedad de la información. En el caso de los CTC y en el programa Mi PC, mencionados más arriba, los servicios se ofrecen a partir de la capacidad instalada y las fortalezas de estas organizaciones.

Las bibliotecas populares son un universo particular dentro de las organizaciones sociales y comunitarias. Estas bibliotecas son organizaciones no gubernamentales, extendidas en todo el territorio nacional, con un alto nivel de arraigo comunitario y un fuerte perfil de defensa del derecho a la educación. La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), dependiente de la Secretaría de Cultura de la

Nación, ofrece un importante apoyo a las bibliotecas populares de todo el país.

El acceso público a la información y la comunicación a través de las TIC en Argentina

La oportunidad de estudiar los puntos de acceso públicos a la información y la comunicación en Argentina es un gran desafío para cualquier equipo de investigación. Para ello es necesario considerar particularmente todas las modalidades de acceso público. Se han identificado los siguientes tipos de acceso a la información: 1) bibliotecas: populares y públicas; 2) lugares de acceso público con objetivos comerciales: cibercafés, locutorios privados y cabinas de las cooperativas telefónicas; 3) lugares de acceso del público con objetivos sociales: centros de acceso gubernamentales y no-gubernamentales y mixtos.

Las bibliotecas públicas y las bibliotecas populares

Las bibliotecas públicas y las populares fueron específicamente concebidos por la llamada ‘Generación del 37’ para facilitar el acceso de los ciudadanos a la educación y la información a fines del siglo XIX, en momentos en que se definía el modelo de Estado Nacional. Desde su creación, las bibliotecas se convirtieron en importantes espacios de participación ciudadana. Su expansión ha sido paralela al crecimiento de las grandes ciudades. En Argentina se contabilizan 4.688 bibliotecas registradas. En este universo se hallan las bibliotecas públicas (creadas por una entidad gubernamental o institución pública), y las bibliotecas populares (asociaciones civiles autónomas, creadas a través de la visión solidaria o de vecinos de un barrio). También existen bibliotecas que no son públicas, ya que ofrecen su capital cultural a un determinado perfil de usuarios, como las universitarias y las especializadas, que pueden ser de origen privado o público, gratuitas o pagas; en estos casos no se consideran públicas y no han sido consideradas en esta investigación.

Las bibliotecas populares y públicas conforman un conjunto de 2.186 establecimientos, el 42% del número total de bibliotecas en el país. De estas, 1.955 son las denominadas populares, y 231 las públicas. Las bibliotecas populares se hallan distribuidas equilibradamente en todo el país, sirviendo a las zonas rurales (12%) y urbanas (88%) casi en la misma proporción que la población (8% y 92% respectivamente).

También se las encuentra repartidas entre las zonas céntricas y las periferias de las ciudades. Las 231 bibliotecas públicas se encuentran todas en zonas urbanas. Son valoradas en sus comunidades como espacios de defensa del derecho al acceso a la información, la cultura y la educación.

Las bibliotecas cuentan en su mayoría con sedes propias y adecuada infraestructura física. Prácticamente el 100% de las bibliotecas disponen de computadoras, pero de ellas, sólo el 60% tienen acceso a internet. Proveen acceso a la información para la población de forma gratuita, sin ningún tipo de limitaciones. Algunas proporcionan facilidades especiales para personas con discapacidades y otras ofrecen servicios en los idiomas de los pueblos originarios.

Los accesos públicos con fines comerciales

Entre los accesos públicos con fines comerciales se incluyen todos los lugares privados que ofrecen servicios de acceso público a equipamiento informático y a conectividad: cibercafés, locutorios y cabinas de las cooperativas telefónicas. Este tipo de emprendimientos son en general de baja inversión, microempresas familiares, y en otros casos franquicias de las empresas telefónicas. En los cibercafés se concentra la gran mayoría de los usuarios de internet. En el año 2006, un 34,3% de los usuarios de internet utilizaban los cibercafés como su principal lugar de conexión. Hay 18.500 cibercafés en todo el país, de los cuales 50% o 60% se encuentran en Buenos Aires y su área metropolitana (AMBA). Se contabilizan en estos espacios de conexión cerca de 200.000 computadoras.

Además de los servicios digitales, suelen brindar otro tipo de prestaciones, como telefonía, faxes, venta de bebidas y alimentos, impresión de CD, etc., ya que el equilibrio financiero del negocio es difícil de mantener sólo con los servicios de acceso a internet.

En la actualidad, 5,5 millones de personas acceden a internet desde los cibercafés. Desde el punto de vista de costo (aproximadamente US$ 0,50/hora), los cibercafés son accesibles para todos los grupos sociales. Los usuarios gastan una media semanal de US$ 5,26 en conectividad. Para los más jóvenes, estos lugares se han constituido en un territorio de intercambio y socialización, tanto física como virtual. La presencia de cibercafés y locutorios en todos los rincones de las ciudades, fundamentalmente en las más grandes, y en zonas semi-rurales, hace de este espacio un canal muy apropiado para el acceso físico, ya que cuentan con conexión de banda ancha, tecnología adecuada y a bajos costos.

Figura 1: Bibliotecas públicas por regiones

Los accesos públicos con fines sociales

Los accesos con fines sociales se han incrementado en los últimos años, luego de una notable disminución durante la crisis del 2001 y sus años posteriores. También se han actualizado sus formas de convocar a la comunidad y las distintas opciones tecnológicas que ofrecen. Sin embargo, la mayoría de estas experiencias no están coordinadas entre sí, y no utilizan el potencial más importante de la sociedad de la información: las redes sociales. La falta de puntos comunes entre los diversos modelos institucionales de acceso, así como la falta de coordinación y de funcionamiento en redes, da lugar a una peligrosa pérdida de capital social.

Figura 2: Bibliotecas públicas con conexión a internet por regiones

Las iniciativas que se encuadran en esta categoría son aquellas que centran su foco de acción en el desarrollo social y humano, en el empoderamiento de grupos comunitarios, en el desarrollo del capital social y de lucha contra la pobreza.
Este conjunto de organizaciones es particularmente heterogéneo en cuanto a su origen, los objetivos, las prácticas, las condiciones de trabajo, población destinataria, fuentes de financiamiento, desarrollo institucional, etc. Por lo tanto, cualquier tentativa de subclasificar estos lugares de acceso a la información implica un riesgo metodológico.

Al menos cuatro organismos gubernamentales desarrollan iniciativas relativas al acceso público a la información y a la conectividad: el PSI, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Inversiones. Los gobiernos provinciales de Chubut, San Luis, Salta y San Juan, así como los municipales de las ciudades de Rosario, Rafaela, entre otras, proveen distintas formas de conectividad a sus habitantes o están comprometidos en planes dirigidos a este objetivo. Entre todos ellos se han creado más de 300 puntos de acceso. Sin embargo, hasta la actualidad no existe coordinación entre estos programas. La mayoría de las iniciativas gubernamentales relativas al acceso a la información con fines sociales carecen de continuidad, cuando se producen cambios en las administraciones.
El número de organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, que han desarrollado iniciativas locales en materia de acceso a la información con independencia del Estado, es escaso. Se han identificado solo 189 puntos de acceso totalmente sostenidos por ONG sin articulación alguna con el estado nacional, provincial o municipal, de los cuales 84,5% se distribuyen en las zonas urbanas y 15,5% en las zonas rurales. En las ciudades, la mayoría de puntos de acceso a la información están ubicados en los barrios de bajos ingresos.

Casi el 50% de estos puntos se distribuyen en las regiones más vulnerables del país, Nordeste y Noroeste.

Visión comparada

El principal valor de este conjunto diverso es la enorme cobertura que ofrece y la potencialidad para generar la apropiación social de las TIC, así como su uso con sentido. Este tipo de iniciativas fomentan también la generación de contenidos locales, en relación con las necesidades cotidianas de los ciudadanos y las comunidades, y alientan la apropiación social de las TIC. Las inquietudes sociales no son la principal motivación de los responsables de los accesos con fines comerciales, pero la extensión, penetración, la capacidad de autosustentación y actualización tecnológica de estos últimos, constituyen una fortaleza de la que carecen las iniciativas sociales.

Otra de las debilidades detectadas en el caso de las bibliotecas y los accesos con fines sociales es que, en general, son organizaciones con estructuras institucionales débiles, con fondos limitados y recursos humanos escasos en relación con el número de usuarios que utilizan o podrían utilizar sus servicios.

La mayoría del personal es voluntario y con baja formación tecnológica y de gestión.

Figura 3: Accesos públicos con fines sociales por región

La comparación del equipamiento informático entre los accesos con fines sociales y los de fines comerciales parece representar la imagen en positivo y en negativo de una misma fotografía: los equipos en centros de fines sociales quedan rápidamente vetustos y fuera de uso, mientras que en los de fines comerciales son actualizados con relativa frecuencia. El principal valor de los accesos con fines comerciales es la capacidad de generar la apropiación social de las TIC, así como su aprendizaje y uso eficaz, a muy bajos costos. Dado que los cibercafés y locutorios son económicamente autosustentables, no dependen de subsidios del Estado. Sin embargo, estas iniciativas no favorecen la generación de contenidos locales.

Aún cuando en general son físicamente accesibles, los cibercafés y locutorios no siguen ningún criterio socialmente compensatorio en lo que se refiere a su localización geográfica.

Las articulaciones existentes, las posibles y las necesarias

Una de las debilidades que se observan en el campo del acceso público a la información, es su falta de articulación, no solo entre los distintos subsistemas, sino hacia adentro de los mismos. Sin embargo existen algunos antecedentes y experiencias que permiten generar expectativas respecto a las posibilidades de alcanzar nuevos niveles de integración entre los distintos universos. Uno de estos antecedentes es la intensa interacción que se observa entre las bibliotecas que forman redes en las que se comparte información y experiencias.

Dentro de estas experiencias se encuentran UNIRED de 1989, y RECIARIA, una red de 27 redes de información que cubre un amplio espectro de disciplinas. Las bibliotecas populares se conforman en red en relación y en vinculación con la CONABIP, organismo nacional dependiente de la Secretaría de Cultura.

Figura 4: Número de bibliotecas públicas y otros accesos públicos a la información

Los CTC, los Centros de Acceso del CFI, los centros de Aprendizaje del Programa Mi PC, los Centros Integradores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social, y los accesos que ofrecen distintas organizaciones sociales, comunitarias y no gubernamentales, estimulan explícitamente el trabajo en red, pero lo ejercen poco o con muchas dificultades. El PSI ha organizado una intranet que conecta los CTC⁷, pero se desconoce su impacto y el valor agregado que ofrece a las iniciativas del programa. somos@telecentros, Nodo Tau, el Centro de Inclusión Digital (CDI), Fundación Equidad y otras organizaciones identificadas han desarrollado iniciativas de articulación, redes y foros de colaboración.
Los lugares de acceso con fines comerciales no funcionan en red. Ni siquiera se encuentran agremiados, ni cuentan con una entidad de segundo o tercer grado que las represente como sector para negociar mejores condiciones con las empresas telefónicas o con las reguladoras del estado. Esto dificulta enormemente la posibilidad de generar algún tipo de política dirigida al sector con el fin de fortalecer sus capacidades de proveedores de acceso a la sociedad de la información.

Existen pocas experiencias de trabajos colaborativos entre el mundo privado y el de los fines sociales: sólo en Mendoza, en Rosario y en San Luis se han planteado iniciativas coordinadas entre programas gubernamentales de e-inclusión y cibercafés. También son escasas las colaboraciones entre los puntos de acceso sociales y comerciales. Con frecuencia las ONG tienen que aportar sus propios locales y comprar la tecnología para sus emprendimientos de inclusión sociotécnica, aunque en sus respectivas comunidades ya existan cibercafés o locutorios con los que podrían suscitar acuerdos para aprovechar una infraestructura lista para usar.

Este panorama sugiere posibles oportunidades de colaboración entre el Estado a todos sus niveles y los centros privados de acceso público, para la utilización de la infraestructura existente, subvencionando con sistemas de tarjetas el acceso a internet. Esto ahorraría al Estado la construcción y equipamiento de nuevos y costosos infocentros o CTC, cuyas actividades no difieren mucho de las de los puntos de acceso con fines comerciales. El Estado puede además proveer a estos establecimientos contenidos sobre gobierno electrónico, participación ciudadana y e-democracia. Por otro lado, se puede impulsar la cooperación entre universidades y puntos de acceso públicos, tanto con fines comerciales como sociales, ya que las universidades pueden ofrecer su producción de contenidos locales para accesos públicos, así como capacitar a los usuarios para crear y subir sus propios contenidos.

Es interesante preguntarse por qué las bibliotecas se mantienen desde el siglo XIX en el país como lugares que concentran en gran parte la vida comunitaria allí donde estén, facilitando el acceso a la información ya sea