La Corte no quiere intervenir

La Corte, tal como lo anticipó LA NACION el sábado último, se declaró incompetente para instruir la denuncia penal formulada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, por la instalación de las papeleras en Uruguay. 

La resolución, que fue adoptada por Enrique Petracchi, presidente del alto tribunal; Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, remite al dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, que considera que la intervención de la Corte sería “prematura”. 

La denuncia penal fue formulada ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Guillermo Quadrini, pero éste declinó su competencia en favor de la competencia originaria de la Corte, que a su entender debería actuar como instancia única. 

Quadrini había sostenido que la provincia de Entre Ríos, a través de su mandatario, se ha constituido como parte querellante, circunstancia contemplada en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Y remitió el expediente al alto tribunal.

Pero la Corte, remitiéndose al dictamen del procurador general, Esteban Righi, fue de otra opinión. 

Según Righi, la provincia, por más que sea querellante, no adquiere en una causa penal la condición de parte que requiere la Constitución. 


Razones 

Por otra parte, si bien el alto tribunal admitió algunos supuestos de excepción en los que procedía la jurisdicción exclusiva del Tribunal ante una cierta o inminente afectación de las relaciones con potencias extranjeras, en este caso entendió que no se dan tales circunstancias excepcionales. 

Además, señala el procurador, hasta el momento no aparece en el expediente ninguna persona que sea “aforada”, es decir, que sea de aquellas a las que la Constitución les da el privilegio de litigar directamente ante la Corte. 

Por el momento, no aparecen involucrados funcionarios extranjeros. Y aun cuando se diese esta circunstancia no aparecen imputados funcionarios que desempeñen cargos diplomáticos en nuestro país (que sí son los únicos que merecen litigar directamente ante la Corte, según reza la Constitución). 

Además, hay una lectura política. Por un lado, la Corte “no puede ser usada políticamente”, como señaló en voz baja uno de los ministros. Y por el otro, el tribunal no quiso quedar atrapado en una controversia que necesita una solución mucho más abarcativa que la que pueda dar una sentencia.

La Nación 
Miércoles 22 de Febrero de 2006