La Constitución Ignorada

Cuando en 1853 los constituyentes  redactaron el texto de la  Constitución Nacional,  perseguían dos objetivos fundamentales.  El primero de ellos,  organizar  institucionalmente al país, sumergido hasta ese entonces en la más cruenta guerra civil. El otro,  dar a la Argentina  un  sistema político basado en un régimen representativo, republicano y federal, que reconociera y tutelara en el marco del estado de derecho generado por la Carta Magna,  los derechos individuales de los ciudadanos y las garantías previstas para asegurar el reconocimiento y vigencia de esos derechos.

Inspirada en la Carta Magna inglesa de 1215, en los dogmas que había pregonado la  Revolución Francesa  –“libertad, igualdad y fraternidad”-, en el principio de la división de poderes y en la  vigente constitución de los Estados Unidos de Norteamérica,   entre otras,  pretendió establecer los cimientos de una república moderna,   donde el respeto por las instituciones, los derechos individuales    y por las autonomías provinciales –sistema federal-,  eran la base de  sustentación y fin al mismo tiempo.

Esta Constitución,  estableció el derecho de  igualdad ante la ley  (art. 16 de la C.N.),  que desterró del marco de la legalidad todo tipo  de discriminación o tratamiento privilegiado para sectores particulares de nuestra sociedad.

Reconoció el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, de educarnos (art. 14 C.N.), dando protección  así,  al trabajo y a la actividad comercial e industrial en general.

Dio raigambre constitucional al “derecho de propiedad” (art. 17 C.N.),  declarándola inviolable, estableciendo que “ningún habitante de la Nación  puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Determinó  con fundamental precisión el “derecho al debido proceso” y a la “defensa en juicio”, para garantizar  un proceso judicial “justo y equitativo” a todos los hombres que habitaran el suelo argentino  (art. 18 de la C.N.).

Nos aseguró la libertad y  un sistema basado en “la legalidad y el estado de derecho””, al  disponer en su art. 19 “que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe”,  norma esta fundamental para garantizar los “derechos humanos” bien entendidos, para todos,   y no los derechos humanos politizados y solo para unos pocos amigos de la ilegalidad.

Fijo las raíces de  nuestra organización política, siendo la “división de los poderes”  su bandera, evitando de esta forma el despotismo que es hermano de las dictaduras. 

Para ello nos doto de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, este último,  trascendental para sostener la vigencia de los derechos y equilibrar en su justa medida la actuación de los demás poderes.

En ese entendimiento,  creó una “Corte Suprema de Justicia”, que debía y debe  ser la custodia fundamental de la Constitución  y transformarse en el amparo de los ciudadanos que buscaran en ella  la  única justicia que pueden brindar los hombres, la justicia conmutativa, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, lo que merece.

De esta forma, con matices y reformas ha llegado a nuestros días.

Los postulados enunciados anteriormente, a los que deben sumarse muchos otros a los que no me referiré en honor a la brevedad,  fueron y serán el   legado  ético y moral, antes que legal,  de nuestra Constitución.  Un legado de libertad y de respeto en el que hemos sido educados por nuestros padres y maestros, en el que educamos a nuestro hijos, y en el que  seguramente, estos formarán a  los propios.

Ahora bien,  los acontecimientos que se suceden en nuestro país desde hace años,  y en especial, los que venimos soportando en los últimos meses nos obligan a preguntarnos, ¿ porqué permitimos que se desperdicie    la sabiduría de los preceptos constitucionales y permitimos  la constante y sistemática violación a que es sometida nuestra Constitución Nacional, siempre  en   beneficio de  sectores económicos a los que no les interesa el futuro y desarrollo de nuestra Nación ?.

¿  Porqué aquellos que deben custodiar y tutelar la vigencia de nuestros derechos individuales se empeñan por   agredirlos y devastarlos ?.

¿ Porqué se ignora y a sabiendas  desde los poderes del estado,  a la Constitución de la Nación Argentina”  en perjuicio de los habitantes de este país ?.

Asistimos atónitos a un verdadero “estado de barbarie jurídica”,  donde no solo se desconocen los efectos cumplidos de  leyes de orden público, alterando sin sentido y orientación de ninguna especie  las bases de nuestro sistema monetario y las del contrato,   donde se juega con los derechos individuales y con fundamentales instituciones de la República, sino que abdicando de la legalidad,  se da mayor trascendencia  a luchas  intestinas donde solo tiene relevancia  intereses mezquinos v foráneos,   además de vanas e inmorales  apetencias políticas,  en lugar de velar por la vida, salud,  la libertad y la fortuna de las personas.

Con total irresponsabilidad, se ha puesto en manos de especuladores financieros,  el patrimonio de quienes habitamos este suelo,  permitiendo que aquellos que no están comprometidos con la suerte del País obtengan exagerados beneficios en perjuicios del mismo.

Pero como muchas veces sucede con los sabios, cuyos  consejos no son escuchados, o directamente ignorados,  ocurre lo mismo con nuestros derechos  y garantías  constitucionales.

Se pretende sumergir a nuestra sociedad en una suerte de  “ilegalidad”, donde vale todo, donde no existen reglas,  donde  no existe diferencia entre lo bueno y lo malo, donde la mentira y  la corrupción  están a la orden del día, todo ello, para favorecer en definitiva los “particulares” intereses  de la mayor parte de los integrantes de la corporación política, que nada saben de  lealtades  y de renunciamientos.

Ya en el campo que nos ocupa, esta grave situación de ilegalidad en primer término y la crisis económico-social luego,   es la determinante  del grave estado en que se encuentra sumida la industria de nuestro País.

Damos relevancia a la “ilegalidad” que de hecho y de derecho se nos presenta,  porque no tenemos dudas, que ha sido la falta absoluta de acatamiento a la ley por parte de quienes debían custodiar su cumplimiento, ha sido el  disparador no solo de  la  destrucción del patrimonio de  los argentinos, sino de algo peor,  de la paz social.

No existe sociedad, y por lo tanto, economía que se desarrolle sanamente en un marco de incumplimiento del ordenamiento jurídico.

Para violar le ley, se invoca  la llamada “emergencia económica”  y se funda su existencia en la  propia Constitución (art. 76 C.N.),  para luego y en su nombre, avasallar los derechos que la misma reconoce y tutela.

Otra vez se incurre en una subversión de valores al colocar lo económico por encima del derecho.

La propia  Constitución en el artículo antes citado, precisamente dando  supremacía a la paz social, ES DECIR AL DERECHO,  y no a la  economía circunstancial, nos  habla de “emergencia pública”, que no es lo mismo que la “emergencia económica”.

Poner delante del carro a esta última implica toda una filosofía impuesta durante las últimas décadas de nuestra historia,  que privilegia el dinero por sobre las personas, que privilegia la especulación por sobre  la legalidad, fundamental para el crecimiento de la Nación.

Decimos esto, porque cuando la propia Constitución reconoce la “emergencia pública”,  no lo hace para perjudicar a las personas, sino precisamente para poner a salvo los derechos civiles de aquellas.

Lamentablemente, pareciera que nuestros gobernantes no han escuchado el mensaje,   y violando de la forma más cruel  nuestros derechos,  han llegado no solo a lesionar con total gravedad el  “derecho de propiedad” mediante una  injustificada e ilegítima confiscación de los depósitos de dinero y   la  violenta  alteración del sistema monetario –este último responsable de la ruptura de la cadena de pagos y de la virtual paralización de toda actividad económica-,   sino que  directamente han pretendiendo evitar el acceso a la justicia, dictando normas como el art. 12 del Decreto  214/2002, que intenta  impedir el planteamiento de acciones legales como la “acción de amparo” contra aquellas medidas confiscatorias.

Nótese  que la propia acción de amparo, es reconocida por el art. 43 de nuestra Constitución, precisamente para atacar normas arbitrarias e ilegítimas como la que pretende impedir el trámite de estos procesos.

A esta altura debo advertir que esta cuestión no es una mera discusión jurídica sin trascendencia, sino todo lo contrario.

Impedir a los habitantes de esta País, aún bajo el pretexto de la sola suspensión de las acciones, el acceso al poder judicial por medio de la vía del amparo, es lisa y llanamente un atropello intolerable contra la libertad  y  la justicia.

Afortunadamente,  se ha comenzado a reaccionar desde el propio Poder Judicial, declarando la inconstitucionalidad de   normas como la  apuntada anteriormente, protegiendo así,  la libertad y el patrimonio de las  personas.

Insistimos, que de la misma forma que no existe posibilidad alguna de desarrollo económico  y social sin   el crecimiento del la industria y el comercio, fuentes insustituibles  a la hora de dar empleo,  es  imposible  generar cambio alguno en beneficio de nuestro País a partir de la ilegalidad.

Las grandes Naciones de la tierra han llegado a ser lo que son,   solo a partir del respeto a la ley  y a las instituciones por estas creadas, nunca al revés, pues nada bueno puede surgir  de la mala semilla.

Nuestra función como ciudadanos, como empresarios y profesionales que estamos condicionados por ser tales a asumir mayores responsabilidades sociales y políticas,  nos determina a tener que asumir una actitud  positiva frente al problema y a aportar con nuestro reclamo  e ideas innovadoras,  elementos que colaboren con los gobernantes señalando sus errores para encausar sus acciones. 

Defender nuestros derechos, es defender la  Constitución y la legalidad que esta impone,  y esa defensa no se nos presenta hoy como un  alternativa sino como una obligación.

Si no lo hacemos, no nos quejemos luego por lo que pueda generar nuestra propia apatía o inacción, pues no sirven las cacerolas si en el fondo buscan solamente que las llenen con el dinero legítimamente ahorrado por sus dueños, en lugar de servir para despertar a los habitantes de esta Nación para que exijan que la Constitución de la Nación Argentina no vuelva a ser ignorada.

Fernando Javier Marcos
Abogado