En persona, los jueces de la Corte revisarán el Riachuelo

Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.

En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.

Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.

Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.

“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.

Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.

Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.

En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.