Ud. está en: Contenidos > Residuos> Residuos Slidos Urbanos : Manual de Gestin Integral - Uruguay> Anexo A - Marco Legal e Institucional. Parte 1

Anexo A - Marco Legal e Institucional. Parte 1

Fecha de Publicación: 20/4/2012

MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

Edicin adaptadas por:

En base a la edicin original realizada por:

COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE

Con la colaboracin de la edicin traducida por:


CONSIDERACIONES FINALES

Los profesionales de la edicin original brasilea que contribuyeron con la realizacin de este Manual consideraron oportuno la transcripcin de los compromisos asumidos por los prefectos y representantes municipales reunidos en el REMAI91 - I Encuentro de Prefectos de Metrpolis Latino Americanas*.

Estos compromisos los constituyeron en las recomendaciones finales del Manual.



ANEXO A - MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

1. Introduccin

La legislacin ambiental uruguaya ha avanzado mucho en los ltimos aos. La creacin de un ministerio especficamente competente en la materia ambiental, la aprobacin de la Ley de Evaluacin del Impacto Ambiental y la reciente reforma constitucional son hitos trascendentes pero ciertamente muy recientes.

Aun queda bastante por hacer. Prueba de ello puede ser el tema que especficamente nos ocupa, ya que la normativa sobre residuos slidos y desechos en general es escasa y dispersa. Si bien la propia naturaleza del objeto de estudio y regulacin hace indispensable conocer las normas relacionadas tanto con los agentes impactantes y las actividades humanas, como las que protegen la calidad de ciertos recursos ambientales, no existe todava en Uruguay una clara disciplina jurdica de la generacin, manejo y disposicin de los residuos slidos y de los desechos en general.

Por ello, en este anexo habremos de abordar en primer lugar, una descripcin de la organizacin institucional ambiental, genricamente considerada, tanto a nivel nacional como departamental; para luego adentrarnos en la legislacin propiamente dicha.

En segundo trmino, el anlisis se realizar encarando los principales aspectos de la legislacin ambiental uruguaya, ya sea con relacin a la proteccin del ambiente en general, como las normas especficamente vinculadas a los desechos, respecto del agua y el aire, la evaluacin del impacto ambiental y, finalmente, el rgimen de sanciones y responsabilidades.

En tercer y ltimo lugar, se presentar un listado de rpida consulta de la legislacin ambiental nacional, en un conjunto seleccionado de temas.


2. La organizacin institucional ambiental

2.1. Nivel nacional

Desde 1971 y hasta 1990, el espacio institucional de la gestin ambiental estuvo dominado por una dispersin de atribuciones en distintos rganos de la Administracin Central, con un bajo grado de coordinacin y la inexistencia de una poltica ambiental nacional formulada en forma explcita.

En ese perodo funcion, adscripto al Ministerio de Educacin y Cultura, el Instituto Nacional para la Preservacin del Medio Ambiente (INPMA), creado por la Ley 14.053 del 30 de diciembre de 1971, como un rgano de carcter consultivo y de asesoramiento a los poderes del Estado, con objetivos y competencias muy amplios y difusos aunque pioneros en Amrica Latina.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), fue creado por la Ley 16.112 del 30 de mayo de 1990, como el doceavo ministerio integrante del Poder Ejecutivo, en la rbita de la Administracin Central del Gobierno Nacional.

La ley que lo estableci, le encomend al MVOTMA la ejecucin de la poltica nacional de medio ambiente que el Poder Ejecutivo determine (artculo 2). Ver Cuadro 1.

Desde punto de vista organizativo, la Ley 16.134 del 24 de setiembre de 1990, asign el cumplimiento de las tres grandes reas de competencia del MVOTMA, a sendas unidades ejecutoras desconcentradas: la Direccin Nacional de Vivienda, la Direccin Nacional de Ordenamiento Territorial y la Direccin Nacional de Medio Ambiente.

La Direccin Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) tiene entre sus cometidos sustantivos los del Decreto 257/997 del 30 de julio de 1997. Ver Cuadro 2.

En mrito a la reciente reformulacin de las estructuras organizativas de la Administracin Central, la DINAMA cuenta dos asesoras, tres divisiones y nueve departamentos tcnicos, segn se describe en la Figura 1.

En la prctica el proceso de reforma de la estructura lleva un tiempo de instrumentacin, por lo que hacemos mencin a la estructura anterior de la DINAMA en la Figura 2.

Asimismo, se previ que el MVOTMA constituyera en su seno (artculo 10 de la Ley16.112), una comisin tcnica asesora de la proteccin del medio ambiente, integrada por delegados de organismos pblicos e instituciones privadas, entre los cuales especficamente se prevean, la Universidad de la Repblica y el Congreso Nacional de Intendentes Municipales.

El establecimiento, integracin y funciones de la Comisin Tcnica Asesora de la Proteccin del Medio Ambiente (COTAMA), se concret por Decreto 261/993 del 4 de junio de 1993 (con las modificaciones introducidas por el Decreto 303/994 del 28 de junio de 1994); formalizando as, un mbito de consulta, asesoramiento y coordinacin, dada su amplia integracin interinstitucional.

2.2 Nivel departamental

Aun cuando posee una estructura unitaria, en nuestro pas existen los Gobiernos Departamentales, como entes descentralizados asentados en circunscripciones territoriales de origen poltico-administrativo, con caractersticas autonmicas intermedias entre los municipios tradicionales y las provincias o estados de los pases federales.

De creacin constitucional, compuestos por un rgano ejecutivo (Intendente Municipal) y otro legislativo (Junta Departamental), los gobiernos departamentales se encuentran regulados por la Ley 9.515 del 28 de octubre de 1935, denominada Ley de Administracin de los Departamentos o Ley Orgnica Municipal (LOM).

La Constitucin de la Repblica le asigna a los gobiernos departamentales el Gobierno y la Administracin de los Departamentos, con excepcin de los servicios de seguridad pblica, dando a sus normas generales el carcter de fuerza de ley en su jurisdiccin.

Sin embargo, la LOM no delimita clara y terminantemente la materia departamental, producindose vacos o superposiciones entre las competencias nacionales y departamentales. Como consecuencia de ello, los gobiernos departamentales han desempeado histricamente, importantes competencias tpicamente ambientales o vinculadas a la proteccin ambiental, con criterios diversos y sin la conciencia integral de que lo eran. Ver Cuadro 3.

Exclusivamente en Montevideo, le ha correspondido al gobierno departamental, lo relacionado con la infraestructura de saneamiento urbano (numeral 20 del artculo 35 de la Ley 9.515 y literal b del artculo 21 de la Ley 11.907 del 19 de diciembre de 1952, Ley de creacin de la Administracin Nacional de las Obras Sanitarias del Estado).

La reciente reforma de la Constitucin de la Repblica, por Ley Constitucional plebiscitada el 8 de diciembre de 1996 y promulgada el 14 de enero de 1997, adems de declarar de inters general la proteccin del ambiente (artculo 47), introdujo algunos cambios a nivel inter e intradepartamental (artculo 262) que, aunque no especficamente vinculados a la materia ambiental, deben ser considerados por su relevancia general.

As, el nuevo texto diferencia entre la autoridad departamental y la local. Esta ltima podr existir en toda poblacin que tenga las condiciones mnimas que fijar la ley y, una o ms, en la planta urbana de las capitales departamentales, si as lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.

El artculo comete a la ley, el establecimiento de la materia departamental y la municipal , utilizando este ltimo trmino para designar a lo local.

La misma norma, constitucionaliza el Congreso de Intendentes, como una instancia de coordinacin de polticas de los gobiernos departamentales, con la facultad de celebrar convenios con el Poder Ejecutivo, los Entes Autnomos y los Servicios Descentralizados, para la organizacin y la prestacin de servicios y actividades propias o comunes, tanto en los respectivos territorios, como en forma regional o interdepartamental.

Cabe reiterar que ya antes de su reconocimiento constitucional, la Ley de creacin del MVOTMA (artculo 10) haba previsto, que dicha Secretara de Estado constituyera en su seno, una Comisin Tcnica Asesora de la Proteccin del Medio Ambiente (COTAMA), integrada por delegados de organismos pblicos y privados, entre los cuales especficamente se sealaba el Congreso Nacional de Intendentes Municipales.


3. Principales aspectos de la legislacin ambiental uruguaya


3.1 Proteccin del ambiente en general

En trminos generales, la proteccin integral del ambiente bajo una concepcin global y holstica, a nivel jurdico, aparece con la aprobacin de la Ley 16.466 del 19 de enero de 1994 (conocida como Ley de Evaluacin del Impacto Ambiental o EIA). Dicha norma, adems de instituir en el Derecho uruguayo un rgimen general de EIA, establece:

  • una declaracin de inters general y nacional respecto de la proteccin del medio ambiente, contra cualquier tipo de depredacin, destruccin o contaminacin, as como la prevencin del impacto ambiental negativo o nocivo y, en su caso, la recomposicin del medio ambiente daado por actividades humanas (artculo 1); y,
  • el deber fundamental de toda persona fsica o jurdica, de abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental que se traduzca en depredacin, destruccin o contaminacin graves del medio ambiente (artculo 3).

Adicionalmente, con la aprobacin del Protocolo a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), se establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios pblicos bsicos (artculo 11), agregando que los Estados Partes promovern la proteccin, preservacin y mejoramiento del medio ambiente (aprobado por Ley 16.519 del 22 de julio de 1994).

A nivel legislativo y a texto expreso entonces, se consagraron tanto el derecho de los habitantes como el deber fundamental de toda persona respecto de la proteccin del ambiente.

A ello vino a sumarse la norma mxima que prev nuestro sistema democrtico, siguiendo lo que ha sido una tendencia especialmente generalizada en Amrica Latina.

En efecto, el nuevo artculo 47 de la Constitucin de la Repblica de 1967, en la redaccin dada por la Ley Constitucional promulgada el 14 de enero de 1997, establece que la proteccin del medio ambiente es de inters general, que las personas debern abstenerse de cualquier acto que cause depredacin, destruccin o contaminacin graves del medio ambiente; agregando que la ley reglamentar dicha disposicin, pudiendo prever sanciones para los transgresores.

Por tanto, qued abierto el camino para que, con un importante sustento jurdico y poltico, se proceda a la elaboracin de una ley marco o ley general del ambiente, hasta ahora inexistente en el pas.


3.2 La normativa sobre desechos

No existe en la legislacin uruguaya, un rgimen general en materia de desechos o residuos.

Solamente la Ley Orgnica Municipal (literal e del numeral 24 del artculo 35) establece que corresponde a los gobiernos departamentales, la extraccin de basuras domiciliarias y su traslacin a puntos convenientes para su destruccin, transformacin o incineracin; as como, en general, proveer lo relativo a la limpieza de las calles y sitios de uso pblico.

No quedan directamente comprendidos en esos cometidos, los relacionados con la regulacin y manejo de otros desechos slidos urbanos no domiciliarios, como los industriales y los hospitalarios y especficamente los desechos peligrosos.

De conformidad con un relevamiento realizado por la DINAMA (1er. Taller Nacional de Responsables en el Area de Residuos Slidos Urbanos, MVOTMA, OPS/OMS, AIDIS/Uruguay, Balneario Sols, 1995), slo seis departamentos contaban con normas generales y varios de ellos con proyectos a estudio.

Recordemos que en la materia, nuestro pas aprob el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminacin, por Ley 16.221 del 21 de octubre de 1991, y, consecuentemente design por Decreto 499/992 de 13 de octubre de 1992, a la Direccin Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, autoridad nacional competente y punto de contacto para su aplicacin.

Por su parte, ya el Decreto 252/989 de 30 de mayo de 1989, prohibi la introduccin en cualquier forma o bajo cualquier rgimen en las zonas sometidas a la jurisdiccin nacional, de todo tipo de desechos peligrosos. Excepcionalmente puede autorizarse por el Poder Ejecutivo su introduccin o trnsito cuando estn destinados a operaciones de recuperacin, reciclado o reutilizacin de recursos dentro de las condiciones adecuadas que aseguren la proteccin de la salud humana o del medio ambiente y previo informe favorable del MVOTMA.

Adicionalmente, el artculo 229 de la Ley 16.320 de 11 de noviembre de 1992, prohibi -sin excepcin alguna- el trnsito y la disposicin final de residuos radioactivos provenientes de terceros pases, en todo el territorio nacional.


3.3 Calidad de aguas

La Ley Orgnica Municipal, estableci en materia de calidad de aguas, algunos cometidos de los gobiernos departamentales (artculo 35):

  • ejercer la polica higinica y sanitaria de las poblaciones, siendo de su cargo, la vigilancia y dems medidas necesarias para evitar la contaminacin de las aguas (literal c del numeral 24);
  • velar por la conservacin de los pasos y calzadas de ros y arroyos (numeral 21); y,
  • administrar los servicios de saneamiento (numeral 20), en la medida en que las leyes especiales organizaran la transferencia de dichos servicios a los municipios.

En mrito a ello, eventualmente pudieron existir en el Uruguay numerosos regmenes normativos generales de alcance nicamente departamental, con absoluta prescindencia que el recurso hdrico tuviera el carcter de multi-departamental. Sin embargo, ya la propia Ley Orgnica Municipal otorgaba esas atribuciones a los gobiernos departamentales, sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen en la materia (numeral 24 del artculo 35).

As, la Ley 11.907 del 19 de diciembre de 1952, norma de creacin de la Administracin de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), le otorg la facultad de ejercer el contralor higinico de todos los cursos de agua que utilice directa o indirectamente para la prestacin de sus servicios (artculo 2), en virtud que entre sus cometidos tiene el de prestar los servicios de agua potable y de alcantarillado, con excepcin del saneamiento correspondiente al departamento de Montevideo.

Con la aprobacin del Cdigo de Aguas (Decreto-Ley 14.859 del 15 de diciembre de 1978), parecieron concentrarse las principales competencias en el Poder Ejecutivo, como autoridad nacional en materia de aguas (artculo 3); aunque sin perjuicio de las atribuciones que competen a otros organismos pblicos.

El autor de este Anexo entiende que el Cdigo de Aguas a la vez de definir las competencias nacionales en calidad de aguas, deja a salvo las correspondientes a los gobiernos departamentales, aunque sujetas o subordinadas a los criterios que de las primeras se deriven.

Dicho cuerpo normativo contiene fundamentalmente disposiciones de corte patrimonialista, que definen los lmites, los derechos y las obligaciones a las que se encuentran sometidos los propietarios y usuarios o titulares de permisos o concesiones de usos de aguas del dominio pblico o privado, segn corresponda.

Una mencin aparte requiere la situacin particular de las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios, tambin reguladas por el Decreto-Ley 15.239 del 23 de diciembre de 1981 (conocido como Ley de Conservacin de Suelos y Aguas), reglamentado por el Decreto 284/990 del 21 de junio de 1990; y, la reciente Ley de Riego (Ley 16.858 del 3 de setiembre de 1997).

En lo que ms nos interesa, tambin en materia de calidad de las aguas, el rgimen jurdico se centra en el Cdigo de Aguas (Decreto-Ley 14.859 del 15 de diciembre de 1978), que en este aspecto deroga el Ttulo III del viejo Cdigo Rural (Ley 1.259 del 17 de julio de 1875) y algunas normas de menor importancia.

El principio general establecido en el artculo 144 del Cdigo de Aguas, prohibe la introduccin a las aguas o la colocacin en lugares desde los cuales puedan derivar hacia ellas, sustancias, materiales o energa susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el medio ambiente natural o provocar daos. A va de excepcin, el artculo 145 habilita al MVOTMA, a permitir las actividades contenidas en la prohibicin, cuando el cuerpo receptor permita los procesos naturales de regeneracin o cuando el inters pblico en hacerlo sea superior al de la conservacin de las aguas, adoptando las medidas necesarias para prevenir el dao o advertir el peligro.

Todo ello fue dispuesto por el Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y sus modificativos, cuyo ttulo es verdaderamente representativo de su alcance (Se aprueban normas reglamentarias para prevenir la contaminacin ambiental mediante el control de las aguas). Genricamente, el decreto reglamentario estableci los criterios de clasificacin de los cuerpos receptores, as como los estndares de calidad de los cursos de agua y los lmites de vertido a los que deben ajustarse los efluentes, adems de la Autorizacin de Desage Industrial (ADI), como mecanismo administrativo de aplicacin.

Especficamente, dicho decreto refiere a las Intendencias Municipales como intermediario en la tramitacin de la ADI (artculo 29) y como operadoras de las actividades de control (artculo 30).

Apuntemos que originalmente, con la aprobacin del Cdigo de Aguas, se design como Ministerio competente (artculo 201 del propio Cdigo), al Ministerio de Transporte y Obras Pblicas, dado que no exista en aquel momento un organismo dentro del Poder Ejecutivo que unificara las competencias en materia ambiental.

Despus de la creacin del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990, el artculo 457 de la Ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990, transfiri a la nueva Secretara de Estado, las atribuciones asignadas al Ministerio
competente por el Cdigo de Aguas, en lo relativo a la calidad de las aguas (especialmente, artculos 4, 6 y 144 a 148), manteniendo al Ministerio de Transporte y Obras Pblicas, en el resto de los cometidos relacionados con la cantidad (uso y administracin) de las aguas.


3.4 Calidad del aire

En nuestro pas no existe un rgimen de proteccin de la calidad del aire, por lo que las referencias institucionales son igualmente inexistentes o sumamente genricas.

As la Ley Orgnica Municipal refiere a la desinfeccin del aire entre las competencias de los Intendentes Municipales (artculo 35 numeral 24).

Por su parte, la Ley 10.007 del 5 de abril de 1941, prohibi dentro de centros urbanos, la circulacin de vehculos que utilicen carburantes pesados, sin los dispositivos o medios que eviten el escape de humo o de un exceso de gases txicos (artculo 1); y, oblig a que todo vehculo automotor, aunque utilice carburantes livianos, tenga todas las partes que integran su motor en condiciones de normal funcionamiento para que la carburacin y combustin se hagan con el menor desprendimiento de humo y gases txicos (artculo 2).

El artculo 4 cometi la aplicacin de la norma a las autoridades municipales, sancionando las infracciones con el retiro de la libreta de empadronamiento y una multa.

En la misma lnea puede mencionarse el inciso 11 del artculo 10.3 del Reglamento Nacional de Circulacin Vial, aprobado por Decreto 118/984 del 23 de marzo de 1984, en la redaccin dada por el Decreto 375/995 del 9 de octubre de 1995, que establece que los vehculos automotores no superarn los lmites mximos reglamentarios de emisin de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la poblacin o comprometer su salud y seguridad.

El autor de este Anexo entiende que la autoridad a la que refiere el artculo es, desde 1990, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; teniendo, los lmites mximos que as se determinen, alcance dentro de todo el territorio nacional.

En efecto, ello se deriva del mbito de aplicacin previsto para el Reglamento, que es toda va del territorio nacional librada al uso pblico; aclarndose, que ello resulta sin perjuicio de las normas complementarias y particulares que establezcan las administraciones municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones (artculo 1.1 y 1.2).

Finalmente, el artculo 1.3 comete la fiscalizacin del cumplimiento del reglamento y la represin de las infracciones al mismo, al Ministerio de Transporte y Obras Pblicas en las vas de jurisdiccin nacional, al Ministerio del Interior, en el mbito de su competencia y a las Intendencias Municipales en las vas de sus respectivas jurisdicciones.

A la luz de lo expuesto, las carencias institucionales ms importantes se registran en el establecimiento de regulaciones de emisiones provenientes de fuentes fijas; a cuyo respecto debe recordarse que el ya mencionado artculo 453 de la Ley 16.170, facult al MVOTMA -sin perjuicio de la imposicin de multas- a adoptar aquellas medidas tendientes a suspender o hacer cesar los actos que afecten el medio ambiente, incluyendo especficamente los que causen contaminacin del aire.


3.5 Evaluacin del impacto ambiental

Hasta la aprobacin de la Ley 16.466 del 19 de enero de 1994, no exista en el Uruguay, un rgimen que impusiera con carcter general, la obligacin de sujetar la ejecucin de ciertos proyectos pblicos o privados, a un sistema de evaluacin del impacto ambiental.

Sin embargo, ya se registraban algunas normas de tipo programtico emanadas de los gobiernos departamentales, las que enunciaron la EIA como instrumento de gestin ambiental, aunque sin repercusin prctica alguna.

Es el caso de la Ordenanza sobre Poltica y Gestin Ambiental del departamento de Montevideo (Decreto Departamental N 25.657 del 17 de agosto de 1992), de la Ordenanza Municipal de Proteccin al Medio Ambiente del departamento de Maldonado (Decreto Departamental del 31 de mayo de 1993), y, aun posteriormente a la aprobacin de la Ley de EIA, el Reglamento de Poltica Ambiental del departamento de San Jos, por Decreto Departamental N 2.737 del 13 de agosto de 1996.

El rgimen derivado de la Ley de EIA y su reglamento (Decreto 435/994 del 21 de setiembre de 1994), sujeta una serie de actividades, construcciones u obras a la Autorizacin Ambiental Previa (AAP) del MVOTMA; las cuales, en base a un procedimiento preliminar de clasificacin (screening), puede requerir la realizacin de un estudio de impacto ambiental a costa del propio interesado. (Ver Figura 3).

El procedimiento de revisin del estudio por la administracin, se caracteriza por la existencia de mecanismos de informacin y participacin pblica durante la tramitacin.

La Ley de EIA establece que el MVOTMA requerir el asesoramiento de los gobiernos departamentales que tuvieran que ver con las obras o trabajos sujetos al procedimiento de autorizacin previa (artculo 71); en tanto el reglamento es ms genrico al referirse a los asesoramientos que el MVOTMA podr solicitar (artculo 14); aunque prev especficamente la comunicacin de la clasificacin ambiental del proyecto, a la Intendencia Municipal del departamento en el que se localizar (inciso 11 del artculo 8).

Con referencia a los desechos y residuos, en el estado actual de la identificacin legal de actividades sujetas al rgimen de EIA, dentro de los casi treinta tipos de proyectos contenidos en el artculo 21 del reglamento, slo requiere AAP, la construccin de plantas de tratamiento y disposicin de residuos txicos y peligrosos.


3.6 Rgimen de sanciones y responsabilidades

En trminos generales, las sanciones previstas por el incumplimiento de las normas ambientales, tanto de carcter nacional como departamental, consisten en sanciones pecuniarias o multas, cuyo monto debe quedar comprendido dentro de los rangos mximo y mnimo preestablecidos en la norma, en base a una unidad de valor legal (la llamada Unidad Reajustable o UR), que se actualiza mensualmente por parmetros macroeconmicos.

El incumplimiento de las normas ambientales en el mbito nacional, posee un rgimen general de sanciones que surge del artculo 61 de la Ley 16.112. Segn el mismo, el MVOTMA tiene facultades para controlar si las actividades pblicas o privadas cumplen con las normas de proteccin al ambiente, pudiendo sancionar a los infractores con multas entre 10 UR y 5.000 UR.

A nivel municipal, genricamente prev la Ley Orgnica Municipal (numeral 30 del artculo 19, en la redaccin dada por el artculo 210 de la Ley 15.851 del 24 de diciembre de 1986), que las transgresiones a los decretos departamentales se sancionarn, en todos los gobiernos departamentales, con multas de hasta 350 UR.

Hasta 70 UR las aplica el Intendente Municipal por resolucin propia; las superiores, slo puede aplicarlas con la autorizacin del rgano legislativo departamental, otorgada por mayora absoluta de votos entre las 70 UR y 210 UR o con el voto favorable de los dos tercios de votos del total de componentes para las mayores de 210 UR.

En general, cuando la infraccin corresponde a una actividad que fue previamente autorizada o licenciada por el rgano administrativo de contralor, la sancin comprende tambin la suspensin o caducidad del permiso o concesin.

Esta disposicin, resulta aplicable al sector de los residuos slidos, como al resto de las cuestiones ambientales, en la medida en que los daos provocados contravengan el deber genrico que se consagra en el artculo 3; es decir, el deber fundamental de toda persona, fsica